La violencia contra las mujeres es una de las más graves causas de vulneración de los derechos de humanos, de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuya defensa y protección tiene encomendado el Defensor del Pueblo Andaluz. Renovamos pues, una vez más, nuestro firme compromiso de lucha contra esta lacra social.
En España han fallecido en lo que va de año 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y ex parejas, tres de ellas en Andalucía, donde sumamos además a un menor. Los menores expuestos a violencia de género son víctimas con identidad propia, que merecen atención especializada y adaptada a sus características.
La violencia de género es una de las peores heridas de nuestra sociedad cuya erradicación total, a la vista de la realidad, no podemos visualizar en un horizonte cercano, quedando mucho por hacer tanto por parte de los poderes públicos como por la sociedad en su conjunto. A pesar de los avances en la concienciación y el rechazo social, mientras se siga produciendo una sola víctima por violencia de género, sigue siendo necesario mejorar las medidas adoptadas para eliminar este grave problema de nuestra sociedad, en cuya tarea esta empeñada en seguir trabajando esta Defensoría,
Además de la puesta en marcha de las medidas de protección individual y personalizada de las mujeres victimas de violencia de género y el amparo y tutela de todo orden que la Ley orgánica prevé, así como de los diversos protocolos que, con la misma finalidad se han adoptado, el Defensor del Pueblo andaluz quiere llamar la atención sobre otras actuaciones necesarias.
Estimamos de suma importancia que se lleve a cabo, con la prolongación en el tiempo que se necesite en cada caso, el seguimiento de la evolución posterior de la víctima, desde una perspectiva integral, sanitaria, social, económica y laboral, en la que se presten las medidas asistenciales y de intervención social destinadas a la creación de recursos para dar respuesta a las necesidades de las víctimas y a paliar los efectos de la violencia sobre las mismas, especialmente cuando se den situaciones de mayor vulnerabilidad. También consideramos necesarias las medidas de carácter psicoterapéutico, laborales y en materia de vivienda.
Desde la Defensoría vamos a continuar investigando cada uno de estos casos, mediante actuaciones de oficio, en materia de defensa de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 10 y 15 de la Constitución Española, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, según el cual las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluya medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas.
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