El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio, dirigida a las 8 Diputaciones provinciales, ante su preocupación por la situación de exclusión financiera que sufre la población que reside en municipios rurales y dispersos por el cierre de oficinas bancarias, sobre todo, por lo que afecta a las personas más mayores o personas con dificultad en el acceso y manejo de las herramientas digitales.
El Defensor ha alertado sobre "el importante porcentaje de población que reside en localidades pequeñas y que se ve especialmente perjudicada por el cierre de sucursales, ya que, por su edad o por otras razones, carece de una mínima cultura digital y el acceso a los medios electrónicos les resulta complicado y, a veces, imposible. Es en referencia a estas personas que se ha acuñado el término exclusión financiera”.
La Institución viene tramitando diversas quejas sobre la prestación de servicios financieros en localidades pequeñas, que han puesto de manifiesto la problemática de exclusión financiera existente en las mismas.
Ante la falta de soluciones a este problema y dado que es muy previsible que dicho problema vaya a extenderse a otras zonas del territorio andaluz, es por ello que solicita a las 8 Diputaciones Provinciales de Andalucía -a quienes corresponde la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de menor capacidad económica y de gestión-, para que adopten medidas que puedan ayudar a resolver la situación expuesta en esos municipios.
Entre ellas, la Institución del Defensor señala la celebración de conciertos con las propias entidades financieras para la atención presencial; la realización de programas específicos de alfabetización financiera digital para personas mayores en zonas rurales a través de la red guadalinfo; la firma de convenios con los Ayuntamientos para formar a personas que puedan realizar labores de monitorización y ayuda a personas que necesiten realizar gestiones financieras telemáticas, etc.
Asimismo se ha dirigido a las principales entidades financieras radicadas en Andalucía, para que promuevan posibles soluciones para la adecuada atención de sus clientes en pequeños municipios como pueden ser oficinas móviles; la utilización ocasional de dependencias municipales; el concierto con entidades comerciales o con oficinas de farmacia, etc.
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