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Investigamos la decisión de la Agencia Tributaria de Andalucía de gravar por el concepto de actos jurídicos documentados determinados supuestos de adjudicación de herencias

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/4115 dirigida a Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, Agencia Tributaria de Andalucía

Por noticias hechas públicas en los medios de comunicación social, hemos tenido conocimiento de la aplicación por la Agencia Tributaria de Andalucía de una Circular de fecha 13 de octubre de 2017, por la que, según parece, se varia el criterio para gravar impositivamente determinados casos de adjudicación de herencias que antes no generaban derechos de cobro a favor de la Administración.

Siempre según aquellas fuentes, la Agencia Tributaria de Andalucía grava así uno de los supuestos de herencia más habituales: la sucesión de la vivienda familiar a repartir entre varios herederos.

El cambio de criterio se habría hecho efectivo -según los medios referidos- mediante la remisión a las Oficinas Liquidadoras de la Junta de Andalucía de la Circular de 13 de octubre de 2017, por la que se dictan instrucciones para cobrar el Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) en aquellas herencias en las que se produce un “exceso de adjudicación”. Un supuesto que, al parecer ocurre en aquellos casos en que la herencia consiste en un único bien indivisible -como la vivienda familiar- y el mismo se adjudica en su totalidad a uno de los herederos, compensando éste al resto de herederos de forma proporcional.

Según los medios referidos este gravamen no venía aplicándose con anterioridad a las modificaciones introducidas en la norma reguladora del Impuesto de Sucesiones en Andalucía, que han supuesto una importante merma en los ingresos procedentes de este tributo.

Asimismo, se señala en las noticias de prensa, que este nuevo gravamen podría carecer del amparo legal necesario y resultar contradictorio con las prácticas seguidas en otras Comunidades Autónomas y con el parecer de las autoridades tributarias estatales.

Por todo lo anterior, de conformidad y en aplicación de lo establecido en los artículos 1.1 y 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de la Institución, el Defensor del Pueblo Andaluz, se acuerda la iniciación de oficio de un expediente de queja respecto de la Administración Tributaria autonómica a fin de conocer el contenido de la Circular de 13 de octubre de 2017, las razones para su expedición y los criterios seguidos para gravar este tipo de operaciones, en el caso de haberse producido un cambio de criterio

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