Medidas tras un vertido al río Guadalquivir en el término de Pedro Abad, que provocó una importante mortandad piscícola

Tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio informan al Defensor del Pueblo Andaluz de los hechos relativos a un vertido al río Guadalquivir en término de Pedro Abad, que provocó una importante mortandad piscícola, así como que el Ministerio Fiscal había iniciado el procedimiento judicial contra la empresa que provocó el vertido.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio al conocer la existencia de vertido de orujo en el río Guadalquivir, en el término municipal de Pedro Abad (Córdoba) y con el fin de conocer las actuaciones que se hubieran realizado, nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ésta última nos informó que durante los días 18 y 19 de junio de 2017 se produjo un vertido de alperujo al río Guadalquivir procedente de las instalaciones de almacenamiento de residuos de una empresa oleícola situada en el término municipal de Pedro Abad (Córdoba), debido a un fallo del sistema de trasiego interno de dichos residuos. El vertido se produjo en una instalación cuya autorización y control compete a Ia Administración Autonómica, que, al parecer, no puso en conocimiento de la Confederación estos hechos, por lo que las valoraciones hubieron de hacerse con posterioridad, sin registro de caudales. Por ello, la estimación que habían hecho de los residuos se había establecido en 11.473 m³ y había provocado un drástico agotamiento del oxígeno en la masa de agua afectada, con una mortandad piscícola importante. Por ello, procedieron a abrir expediente sancionador contra la oleícola.

En cuanto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio nos informó que a finales de junio de 2017 inició expediente de con el fin de conocer los hechos, por lo que interesó los oportunos informes. Tras ello, en septiembre iniciaron un expediente sancionador por infracción muy grave, conociendo en su tramitación que el SEPRONA había dado cuenta al Ministerio Fiscal de estos hechos y que éste había interpuesto querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro contra la empresa oleícola, por lo que se había acordado la suspensión del procedimiento sancionador hasta que recayera resolución judicial.

Por tanto, también esta Institución procedió a suspender sus actuaciones de acuerdo con lo previsto en el art. 17.2 de nuestra Ley reguladora, al estar el asunto pendiente de una resolución judicial.