La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía es una institución creada por el Parlamento de Andalucía y tiene como misión la defensa y promoción de los derechos y libertades de las personas menores de edad. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no requieren de ningún formalismo especial.

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Menores inmigrantes, grupo de 40 menores llegados en patera a Motril e ingresado en centro

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 12/1389 dirigida a Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Delegaciones de Granada y Cádiz. de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Desde el mes de Mayo de 2011 hemos venido teniendo conocimiento a través de los medios de comunicación social, de la localización en determinadas zonas de la costa andaluza, principalmente de las provincias de Granada y en menor medida Cádiz, de la interceptación de pateras con inmigrantes, algunos de los cuales eran menores de edad.

Estas prácticas han supuesto un notable incremento del número de menores de edad en Andalucía que se encuentran en situación de desamparo por carecer de personas adultas que puedan hacerse cargo de atender sus necesidades. Consiguientemente estos niños han debido quedar a disposición del Ente Público de Protección de Menores, siendo albergados en los recursos residenciales disponibles para su guarda y custodia en tanto se averigua su identidad, procedencia y vínculos familiares con vistas a su reagrupamiento familiar o bien a su tutela por parte de la Administración.

En este contexto, la Defensoría ha incoado de oficio, distintos expedientes con el propósito de evaluar la atención dispensada a este grupo de menores -en situación de riesgo- por parte del Ente Público de Protección.

Los datos aportados por las distintas Delegaciones Provinciales, tras la petición de informe por la Defensoría, señalan que tras la puesta a disposición del Ente Público de Protección de algún menor inmigrante no acompañado se inician las actuaciones habituales con los mismos que incluyen, además de su documentación y la localización de sus familiares, el proceso de integración social y educativa en su entorno.

Se indica, además, que a pesar de ser importante el número de menores no acompañados, también es significativo el de aquellos que acceden de forma irregular a nuestro país junto con sus padres o familiares, y respecto de los cuales no corresponde aplicar el protocolo de menores no acompañados.

Esta información corrobora la consolidada corriente migratoria desde regiones del norte de África hacia la Península Ibérica, siendo más frecuente la localización de embarcaciones de inmigrantes irregulares en los meses de verano.

En la mayoría de los casos, los menores que no fueron reagrupados con su familia, una vez correctamente identificados, si fueron objeto del correspondiente expediente para su declaración de desamparo y asunción de su tutela conforme a la Ley.

Tras valorar las circunstancias que acontecían en cada supuesto, se procede al cierre del expediente, sin perjuicio de que se pueda acordar su reapertura en caso de tener conocimiento de algún incidente que se pueda llegar a producir en la fase de averiguación de las circunstancias familiares de los menores en los procesos de regularización de los mismos.

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