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Nos interesamos por el estado de situación respecto a la publicidad del dato personal relativo a la discapacidad de las personas participantes en convocatorias de empleo público

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 15/1454 dirigida a Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejería de Hacienda y Administración Pública, Secretaría General para la Administración Pública

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Podemos considerar que los responsables de la dirección de la gestión de los recursos humanos de la Administración andaluza, aceptan los contenidos esenciales de la Resolución formulada por este Comisionado.

08-06-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Con objeto de reforzar la garantía del derecho fundamental a la protección de los datos de las personas (art. 14 CE), especialmente del dato referido a la discapacidad de los participantes en los procesos selectivos promovidos por la Junta de Andalucía en sus convocatorias de empleo público, tal manera que la obligada publicidad de los procesos selectivos de acceso al empleo público se lleve a cabo con la menor Injerencia sobre el derecho de la intimidad del dato relativo a la salud (discapacidad) de las personas participantes en los mismos, promoviendo, en su caso, una resolución a favor de que desde los distintos Departamentos y Centros Directivos se impartan las instrucciones necesarias que lo favorezcan.

La Administración de la Junta de Andalucía constituye la parcela mayoritaria del sector público andaluz, representando el 50 por ciento de los recursos humanos vinculados a los distintos servicios públicos (docente, sanitario, servicios sociales, administración general, instrumental y de Justicia, etc.), con un total que gira alrededor de los 250.000 empleados públicos (a los que se suman otros 250.000 pertenecientes a la Administración estatal, local y a las Universidades públicas), volumen profesional que en su dinámica de gestión da lugar a una ingente publicación de datos personales relacionados, fundamentalmente, con los procesos administrativos de selección para el ingreso en el empleo público y de provisión de puestos de trabajo, publicidad que se materializa en distintos medios (boletines y diarios oficiales en internet, webs institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos, tablones de anuncios, etc.).

Este hecho hace que desde estos medios de publicidad, especialmente en aquellos situados en el espacio de internet, se estén vertiendo un desmesurado volumen de datos personales con una indudable proyección en otros ámbitos que exceden de los puramente administrativos en que se documentan, pudiendo afectar al derecho fundamental a la protección de datos de las personas garantizado por el artículo 14 de la Constitución, derecho regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

El avance vertiginoso de las tecnologías de la información y las comunicaciones permite que a través sistemas o programas sea posible encontrar información en Internet, a través de los denominados “buscadores” (generales y especializados), herramientas que permiten a los usuarios de estas tecnologías localizar y acceder a la información disponible en internet de manera interactiva, al constar esta en bases de datos en archivos existentes en la red.

La potencialidad de estos buscadores (e incluso metabuscadores y multibuscadores), hoy convertidos en la puerta de acceso a la red y generadores de la mayor parte de su tráfico, nos la demuestra cualquier consulta a través del conocido buscador “google”, en la que una simple búsqueda en la actividad pública se nos ofrece al instante, bastando poner el “nombre y apellidos” entre comillas en un buscador para obtener resultados ciertamente sorprendentes.

Por otro lado, el acceso a información pública y transparencia administrativa, aunque no esta configurado constitucionalmente como un derecho, encuentra una amplia regulación en la legislación administrativa como un derecho no absoluto, que tiene su contraparte en el derecho fundamental a la protección de datos personales, que obliga a los poderes públicos a poner límites al acceso a información pública que se sustancie sobre datos personales.

El apartado 5 del art. 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP) dispone que “en sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación”, precepto que tiene su recepción en el ámbito autonómico andaluz en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía al disponer en su art. 79 (“Publicidad y transparencia de la actuación administrativa”) al disponer que “La actuación de la Administración de la Junta de Andalucía se desarrollará con el máximo respeto a los principios de publicidad y transparencia, sin perjuicio de las limitaciones derivadas del derecho a la intimidad o de otros derechos constitucionales que gozan de una protección específica. En atención a dichos derechos, la publicidad de los actos y procedimientos administrativos se realizará de acuerdo con el principio de proporcionalidad.”

No obstante, la puesta en marcha de la Administración electrónica hace que la documentación administrativa sea sometida a tratamientos automatizados lo que implica que el acceso a información administrativa afecte al derecho fundamental a la protección de datos personales. A este respecto, cabe señalar que no basta la presencia de un dato personal para que entre en juego el derecho fundamental a la protección de datos personales, es preciso que estos se hallen registrados en un soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento (art. 2.1 LOPD). En este sentido, la publicación de información que contenga datos personales a través de Boletines Oficiales o de sitios Web en Internet supone también un tratamiento de datos personales al ser una operación o procedimiento técnico que permite la cesión de datos de carácter personal (art. 3.g) LOPD).

Así pues, puede afirmarse que la normativa de transparencia administrativa encuentra un serio contrapeso en el derecho a la protección de datos de carácter personal. Así, la LOPD no ha contemplado como límite al derecho fundamental a la protección de datos personales un derecho de acceso a información administrativa sin interés legítimo ni previó una publicación generalizada de información administrativa con datos personales a instancia de la Administración.

Un simple estudio de las diversas normas reguladoras del ingreso en el empleo público dependiente de la Junta de Andalucía (ya funcionarial de la Administración general o de Justicia, personal docente y personal estatutario sanitario) nos permite constatar cómo los distintos reglamentos de selección o ingreso para cada uno de estos colectivos de servidores públicos, no establecen ninguna cautela o limitación respecto a la publicidad de los datos personales derivados de estos procesos, como tampoco del dato específico a la discapacidad de algunos de los aspirantes participantes o seleccionados y nombrados al final de los procesos.

Igual apreciación cabe deducir de las bases de las convocatorias, que si bien regulan de manera detallada las distintas fases de los procesos de acceso (solicitudes, requisitos, listas provisionales y definitivas de aspirantes, tribunales y comisiones de selección, fases de las pruebas selectivas, baremos, listas provisionales y definitivas de aprobados, nombramientos, etc.), nada añaden respecto al alcance de los datos personales que han de ser objeto de publicidad en cada una de las fases del proceso selectivo, conforme al marco jurídico de referencia.

No obstante, la práctica administrativa resultante de estos procesos, tanto la que dimana de los tribunales o comisiones de selección (listas nominativas de admitidos y excluidos, listas de aspirantes que superan el proceso selectivo – por turnos libre, de promoción interna o de reserva de discapacidad-), como de los propios órganos administrativos de convocatoria y nombramientos, viene a evidenciarnos la inexistencia de un tratamiento homogéneo sobre este particular, siendo la casuística en extremo variada, desde aquellas plenamente respetuosas con una adecuada publicidad de los datos personales y con establecimiento de límites respecto a la publicidad del dato personal relativo a la discapacidad, con otras prácticas inadecuadas de publicidad del dato relativo a la discapacidad, con identificación directa de tal circunstancia en los participantes en los distintos procesos selectivos.

En este sentido, constatamos cómo en la publicidad institucional de las páginas web de los distintos órganos administrativos relacionados con los procedimientos selectivos (IAAP, SAS, Consejería de Educación, etc.), tantos en sus fases intermedias de selección como en los resultados finales del proceso publicitados en la página web del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se hace referencia al dato personal relativo a la discapacidad, con expresión, primero, del nombre y apellidos y el Documento Nacional de Identidad (DNI) y, a continuación, el dato relativo a la discapacidad de forma muy variada, según Cuerpos, especialidades y categorías.

Así en los procesos selectivos correspondientes a los Cuerpos y Especialidades de la Administración general se hace referencia a la discapacidad con la referencia “D” en el turno correspondiente. Los participantes discapacitados quedan identificados individualmente.

En cuanto al personal docente, en el Cuerpo de Maestros el turno de acceso libre se referencia con la clave 01 y el turno de discapacidad con la clave 02, mientras que el los Cuerpos y especialidades de los Profesores de Educación Secundaria y otros Cuerpos (Música, Idiomas, etc.), vienen relacionados conjuntamente en un único listado bajo la expresión “Turno General y Reserva de Discapacidad”.

De esta forma los participantes en los Cuerpos de Maestros quedan identificados de forma indirecta, no así los aspirantes al resto de los Cuerpos docentes, en los que los participantes por dicho cupo no resultan identificados.

En cuanto al personal estatutario vinculado a las Instituciones sanitarias, en los procesos selectivos convocados por el Servicio Andaluz de Salud los participantes se

expresan en los distintos turnos a través de las claves “L”, “P”, ”LM” y “LF”. La identificación de los participantes por el turno de discapacidad aparecen identificados indirectamente por la clave.

La publicidad de los procesos selectivos relativos a los Cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, van referidos con expresión de “Sistema Reserva de Discapacitados”. Los participantes por el turno de discapacidad aparecen identificados y relacionados en un listado diferenciado.

Por último, en los procesos selectivos del Personal laboral de la Administración general de la Junta de Andalucía, ya se trate de procesos conjuntos (turno libre y turno de discapacidad) o de procesos exclusivos para las personas discapacitadas , la publicidad del dato relativo a la discapacidad va referido con la clave “D”. Tanto los participantes de los procesos conjuntos como los exclusivos para personas con discapacidad resultan identificables indirectamente por dicha clave.

Nuestra fiscalización la ceñiremos al análisis de las medidas adoptadas por las distintas autoridades y órganos relacionadas con los procesos selectivos de los diversos cuerpos, especialidades y categorías de personal que constituyen los recursos humanos del sector público andaluz, en relación a la presencia de datos personales relacionados con la discapacidad de las personas que participan en los procesos selectivos convocados por los distintos centros directivos con competencia en la materia, toda vez que en el seno de estos masivos y complejos procedimientos se producen múltiples actos administrativos, de trámite y definitivos, en los que se hace referencia al dato personal de la discapacidad de los aspirantes que participan por el cupo de reserva o discapacidad establecido en la normativa de empleo público, datos que, con independencia de su constancia documental, se incorporan a la publicidad en las redes de internet, ya en las páginas web del BOJA o en las páginas web de las instituciones relacionadas con los procesos selectivos (IAAP, SAS, etc.), o en otros medios electrónicos o telemáticos.

En este sentido, nos dirigiremos a los distintos Centros Directivos exponiéndoles el estado de situación respecto a la publicidad del dato personal relativo a la discapacidad de las personas participantes, y en su caso seleccionadas, en los múltiples procesos selectivos que anualmente se convocan y resuelven en el ámbito de la Junta de Andalucía.

05-12-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

Podemos considerar que los responsables de la dirección de la gestión de los recursos humanos de la Administración andaluza, aceptan los contenidos esenciales de la Resolución formulada por este Comisionado.

Del contenido de las respuestas recibidas, merecen las siguientes reseñas:

- De la Secretaría General para la Administración Pública.

La situación actual en la publicación de los listados de los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario con respecto a la publicidad de la circunstancia de discapacidad, queda reflejada en las listas provisionales y definitivas de admitidos y aprobados, resultando solamente identificada la condición de acceso por el cupo de discapacidad, no figurando ni el tipo ni el grado.

Tal y como sse recoge en la página 3 en su escrito, el Instituto Andaluz de Administración Pública (en adelante IAAP) motivó el porqué de la diferenciación: existen determinados derechos de las personas con discapacidad que, para que todas las personas participantes puedan conocerlo; tal es el caso de los listados de aprobados en los distintos ejercicios de la fase de oposición, pues en determinadas Convocatorias, se recoge.

Esta acción positiva es práctica habitual y da lugar a que personas con discapacidad y menos puntuación se incluyan en el listado de aprobados, quedando excluidas aquellas que no tienen tal condición (identificadas en los listados como TURNO LIBRE 0 L) pero que puede que sí más puntuación. Si bien el listado es único, entendemos que sin la información de quiénes de los aprobados lo están por el cupo de discapacidad, no se podrían explicar las puntuaciones.

Por otra parte, las personas que pretenden acceder por este cupo han de tener información suficiente de que se encuentran ubicadas en este turno, para hacer valer sus derechos (solicitar adaptaciones para la realización del examen en función de su discapacidad, tales como apoyo de personas, utilización de medios adicionales: ordenadores para personas invidentes, intérpretes de lenguaje de signos, ampliación de tiempo …). Es importante indicar que el tipo de adaptación que se solicita, solo consta en su solicitud y es a través de un contacto telefónico o directo con la persona interesada como se concreta la adaptación que se le otorga en función del tipo de discapacidad, que evidentemente tampoco trasciende más allá del estudio por los órganos que gestionan el proceso.

En cuanto a la Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano, de adopción de medidas sobre publicación de datos personales en boletines y diarios oficiales en Internet, en sitio web institucionales y en otros medios electrónicos y telemáticos -a la que hace referencia en la página 8 de su escrito-, observamos que en la medida número 4.3.1.1. d de dicho documento se indica para el caso concreto que nos ocupa que ”los aspirantes que accedan por el cupo de discapacidad se identificarán, cuando sea necesario, mediante la letra ”D”, sin necesidad de publicar el tipo ni el grado de discapacidad". Esta forma es prácticamente idéntica a la que se viene realizando en la Junta de Andalucía.

Indicado todo ello, y en el continuo afán de mejora en el servicio público, asumimos las recomendaciones dadas por esa Institución, por lo que se estudiarán las posibles mejoras tendentes a que la identificación de las personas que acceden por el cupo de discapacidad se plasme en la forma más discreta posible, tal como normalizar que siempre la identificación sea en todos los listados con la letra “D".

De igual forma, esta normalización se hará extensiva a cualquier proceso que dé lugar a publicación de listados en procesos competencia de esta Consejería, tales como procesos selectivos de personal laboral, bolsas de trabajo, etc.”

- Del Instituto Andaluz de Administración Pública.

Manifestarle que compartimos su criterio de cuidar con pulcritud cualquier tipo de información que pueda ser considerada como sensible, como es el caso que nos ocupa en lo referente a las personas que participan en procesos selectivos y tienen algún tipo de discapacidad, por lo que desde este Instituto se acepta plenamente la Recomendación formulada en su escrito.

Tal y como se ha venido haciendo en el desarrollo de ofertas de empleo anteriores, el Instituto Andaluz de Administración Pública en la tramitación de los diferentes procesos selectivos cuya gestión tenga encomendada, que se desarrollen con motivo de la aprobación de las Ofertas de Empleo 2015 y 2016, publicitará tanto en los listados provisionales y definitivos de personas admitidas y excluidas, como en los listados de aprobados de las distintas fases de la oposición y en el listado definitivo de personas opositoras aprobadas, los siguientes datos: DNI, apellidos y nombre, turno por el que se accede, que en las personas con discapacidad se distinguen con la letra D, sin publicar el tipo ni el grado de discapacidad.

Esta actuación es coincidente con el criterio señalado en su Resolución de 18 de julio de 2016 y contenida en la Resolución de 27 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, aprobando la Instrucción 2/2010, de 25 de abril, de adaptación a la recomendación de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid a que hace referencia y que, a su vez, como expusimos en nuestro informe de 10 de julio de 2015, es coincidente con la recomendación del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, de 9 de diciembre de 2013.”

- De la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En primer lugar compartimos su sensibilidad y preocupación en esta materia, y del mismo modo, estamos intentando cuidar en todo lo posible estos aspectos en nuestro quehacer diario. Igualmente, queremos agradecerle el esfuerzo de esa Institución en inventariar y revisar los distintos métodos establecidos para ello en la Administración andaluza, y su recopilación y ponderación de los distintos mandatos normativos en la materia, que nos resultarán muy provechosos en nuestro trabajo posterior.

Respecto a su Recomendación, le manifestamos nuestro acuerdo y aceptación de la misma. Lo equipo de esta Dirección General encargados de la gestión de los procesos selectivos continuarán velando, y así lo trasmitirán a todo el personal colaborador, para que en los procesos en los que participen personas que hagan valer su condición de discapacidad, el reconocimiento y atención a dicha circunstancia se realicen con la menor incidencia posible en términos de publicidad sobre la misma”.

- De la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación.

“Se informa de que esta Administración toma en consideración dicha Recomendación”.

 

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