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Plusvalía: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Información sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017

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ÍNDICE

0.- Introducción

1.- ¿a quién puede afectar la Sentencia del Tribunal Constitucional?

2.- ¿se ven afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional todas las liquidaciones de Plus Valía?

3.- ¿qué debo hacer si ya he pagado el Impuesto de Plus Valía y puedo acreditar que no ha existido incremento de valor?

4.- ¿cómo puedo reclamar al Ayuntamiento?

5.- ¿qué recurso hay que presentar ante el Ayuntamiento?

6.- ¿qué puedo hacer si el Ayuntamiento desestima el recurso de reposición presentado?

7.- ¿van a seguir los Ayuntamientos aplicando el impuesto de Plus Valía en los supuestos de trasmisión de un terreno cuando no exista incremento de valor?

8.- ¿quien tiene que acreditar si ha existido o no incremento de valor del terreno como consecuencia de la trasmisión?

9.- ¿como puedo acreditar que no se ha producido incremento de valor?

10.- ¿quién puede presentar la reclamación?

11.- ¿cómo afectará la Sentencia del Tribunal Constitucional a la regulación actual del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana?

 


 

0.- Introducción

Con fecha 16 de febrero de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictado una Sentencia por la que declara inconstitucionales diversos artículos de la Ley Foral que regula para el territorio de Guipuzcoa el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (mas conocido como Plus Valía municipal) por entender que vulneran el principio de capacidad económica reconocido en el art. 31.1 de la Constitución al gravar supuestos de trasmisión de inmuebles en los que no se produce un incremento sino una pérdida de valor.

La Sentencia se basa en la doctrina del propio Tribunal Constitucional que en repetidas ocasiones ha determinado que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Entiende el Tribunal que esto sucede en aquellos supuestos en que la venta de un inmueble se produce sin que se obtenga ninguna ganancia o incluso con pérdidas.

La sentencia analiza los preceptos legales cuestionados y llega la conclusión de que los mismos dan lugar a “una ficción de incremento de valor”, dado que que “el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión”, sin tener en cuenta si efectivamente el valor real se ha incrementado o no.

Considera además el Tribunal Constitucional que el automatismo con el que opera este sistema de determinación del hecho imponible supone una infracción del derecho de defensa del contribuyente ya que “los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que solo por el hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal (entre uno y veinte años), se revela, en todo caso un incremento de valor y, por tanto, una capacidad económica susceptible de imposición”.

Por ello, el Tribunal concluye señalando que “corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

Aunque la Sentencia solo es de aplicación directa en aquellos territorios del País Vasco donde rige la Ley Foral cuyos preceptos han sido declarados inconstitucionales, el propio Tribunal Constitucional ha advertido de la identidad de estos preceptos con los contenidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula para el resto del estado español el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Esta coincidencia supone que la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en esta Sentencia pueda ser trasladada a aquellos supuestos en los que se haya gravado con este impuesto la trasmisión de un terreno cuando no haya habido un incremento real del valor del mismo.

Dado que podrían ser muchas las personas afectadas por esta Sentencia, consideramos oportuno ofrecer algunas indicaciones prácticas en relación con la misma:

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1.- ¿a quién puede afectar la Sentencia del Tribunal Constitucional?

Se pueden ver afectadas aquellas personas que hayan pagado o tengan que pagar el IIVTNU (Plus Valía municipal) y puedan acreditar que no se ha producido un incremento en el valor del terreno que ha sido objeto de venta, herencia o donación.

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2.- ¿se ven afectadas por la Sentencia del Tribunal Constitucional todas las liquidaciones de Plus Valía?

No, la Sentencia del Tribunal Constitucional sólo afecta a aquellas liquidaciones del IIVTNU en las que pueda acreditarse que no se produjo un incremento de valor que pueda ser objeto de gravamen

Históricamente el valor de los terrenos ha venido incrementándose de año en año, lo que explica que en la regulación legal de este Impuesto no se contemplara la posibilidad de que se produjera una disminución en el valor de los mismos. No obstante, esta constante histórica ha quedado en evidencia como consecuencia de la crisis económica padecida en los últimos años por nuestro País que ha provocado un descenso generalizado en el valor de los terrenos.

Por tanto, es de suponer que las liquidaciones de Plus Valía que se verán afectadas por esta Sentencia serán en su mayoría las que gravan la trasmisión de terrenos que fueron adquiridos en los años previos a la crisis económica, cuando su valor era muy elevado y han sido vendidos en los últimos años, cuando su valor había descendido por los efectos de la crisis, o van a ser objeto de una trasmisión antes de que recuperen su valor de adquisición.

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3.- ¿qué debo hacer si ya he pagado el Impuesto de Plus Valía y puedo acreditar que no ha existido incremento de valor?

Si el impuesto ya se ha pagado habrá que reclamar al Ayuntamiento la anulación de la liquidación y la devolución de las cantidades ingresadas, junto con sus intereses.

Para poder reclamar es necesario que no hayan transcurrido desde que se efectuó el pago los plazos que la Ley establece para la prescripción del derecho a presentar reclamación. Dicho plazo varía en función de que hayamos sido nosotros quienes presentamos la autoliquidación del impuesto o haya sido el Ayuntamiento el que haya efectuado la liquidación del mismo, al no hacerlo nosotros.

Si fuimos nosotros quienes hicimos la autoliquidación y pagamos el impuesto, el plazo para reclamar es de 4 años desde esa fecha. Si fue el Ayuntamiento quien hizo la liquidación y nos la notificó para que pagásemos, el plazo para reclamar es sólo de un mes a contar desde dicha notificación.

Además de presentar la reclamación habremos de acreditar que no ha habido incremento de valor del terreno como consecuencia de la trasmisión.

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4.- ¿cómo puedo reclamar al Ayuntamiento?

Los procedimientos y plazos de reclamación varían en función de diversas circunstancias:

- Si hubo autoliquidación, tenemos 4 años para presentar al Ayuntamiento una solicitud de rectificación de la autoliquidación realizada y la devolución de las cantidades ingresadas. Si dicha solicitud es rechazada por el Ayuntamiento o no es respondida habrá que presentar un recurso ante el Ayuntamiento.

  • Si fue el Ayuntamiento quien hizo la liquidación, tenemos un mes desde que nos notificó dicha liquidación para presentar un recurso ante el mismo pidiendo la anulación de la liquidación practicada. Transcurrido el mes de plazo sin haber presentado recurso, la liquidación es firme y ya no podremos reclamar contra ella.

 

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5.- ¿qué recurso hay que presentar ante el Ayuntamiento?

También aquí puede haber diferencias en función de que se trate de un municipio de gran población o no, ya que los municipios de gran población pueden contar con un organismo especial para resolver las reclamaciones y recurso tributarios que normalmente se denomina Tribunal Económico Administrativo Municipal. Los municipios de gran población de Andalucía que cuentan con organismo especial para resolver las reclamaciones económico-administrativas son los siguientes:

Almería, Córdoba, Granada Málaga, Sevilla y Jerez de la Frontera. Lo tienen en tramite de aprobación y constitución Dos Hermanas y Mijas.

Si NO se trata de un municipio de gran población debe presentarse ante el Ayuntamiento un recurso de reposición en el plazo máximo de un mes.

Si se trata de un municipio de gran población que cuente con organismo especial para resolver las reclamaciones económico-administrativas podremos elegir entre, bien presentar con carácter previo y potestativo un recurso de reposición al Ayuntamiento, o bien presentar directamente una reclamación económico-administrativa ante el organismo especial para resolver las reclamaciones económico-administrativas. El plazo en ambos casos es de un mes desde que el Ayuntamiento nos notificó la liquidación o desde que desestimó nuestra solicitud de rectificación de la autoliquidación.

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6.- ¿qué puedo hacer si el Ayuntamiento desestima el recurso de reposición presentado?

Si es un municipio de gran población que cuenta con organismo especial para resolver las reclamaciones económico-administrativas puedo presentar ante el mismo una reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes. Si dicha reclamación es también desestimada puedo presentar un recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde que se me notifique la desestimación.

Si NO es un municipio de gran población y el Ayuntamiento desestima el recurso de reposición puedo presentar un recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde que se me notifique la desestimación.

Antes de presentar un recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales es recomendable consultar con una persona experta en derecho que pueda asesorarnos sobre las posibilidades de éxito del recurso y los costes que podría implicar el mismo.

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7.- ¿van a seguir los Ayuntamientos aplicando el impuesto de Plus Valía en los supuestos de trasmisión de un terreno cuando no exista incremento de valor?

La Sentencia del Tribunal Constitucional solo es de aplicación directa en aquellos territorios del País Vasco donde rige la Ley Foral cuyos preceptos han sido declarados inconstitucionales, por lo que no afecta al resto de territorios del Estado, como Andalucía, en los que rige el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional ha advertido de la identidad entre los preceptos de ambas normas y ha pedido al legislador que efectúe cambios en la regulación actual.

No obstante, mientras el legislador no cambie la regulación del Impuesto recogida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es de prever que los Ayuntamientos van a seguir exigiendo el pago del tributo en los mismos términos y con arreglo a las mismas reglas que lo vienen haciendo hasta ahora.

En tal caso, es importante recordar que si el tributo no se paga en el plazo fijado el Ayuntamiento iniciará el procedimiento de recaudación ejecutiva que incluirá un recargo del 20% y podría culminar con el embargo de nuestros bienes.

Para evitar esta situación podría podría ser conveniente pagar el tributo y después recurrir amparándonos en la Sentencia del Tribunal Constitucional. Si hacemos autoliquidación y pagamos, podemos presentar a continuación la solicitud de rectificación de la misma con devolución de las cantidades ingresadas. Si es el Ayuntamiento quien hace la liquidación, podemos pagar y presentar el oportuno recurso.

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8.- ¿quien tiene que acreditar si ha existido o no incremento de valor del terreno como consecuencia de la trasmisión?

Aunque hay alguna Sentencia que declara que es la Administración quien tiene que acreditar que se ha producido un incremento de valor, la mayoría de Tribunales han fallado hasta la fecha que es el contribuyente quien ha de acreditar que dicho incremento de valor no se ha producido para que se considere que la trasmisión no está sujeta al pago del impuesto.

Una consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional es que el legislador va a tener que modificar la actual regulación del Impuesto para incluir fórmulas o métodos que permitan acreditar si ha habido o no incremento de valor. Parece lógico que cuando se introduzca esta modificación sea la Administración quien soporte la carga de acreditar el incremento de valor, como presupuesto para poder hacer la liquidación del Impuesto.

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9.- ¿como puedo acreditar que no se ha producido incremento de valor?

La Sentencia del Tribunal Constitucional no ha resuelto esta cuestión y habrá que esperar a que el legislador lo aclare cuando modifique la regulación del Impuesto.

Mientras tanto, dado que la acreditación de la pérdida de valor es necesaria para que prospere cualquier reclamación, habrá que recurrir a cualquier medio de prueba válido en derecho.

Las escrituras de compra y venta del terreno, cuando acrediten la pérdida de valor, podrían ser un medio de prueba, pero la mayoría de los tribunales no consideran la misma suficiente ya que entienden que dichas escrituras reflejan el precio del bien, pero no necesariamente el valor del mismo.

Por ello, sería conveniente añadir algún otro medio de prueba para acreditar la disminución de valor producida, siendo el más común la tasación del bien efectuada por un perito acreditado. No obstante, es importante tener en cuenta que dicha tasación implica un coste económico.

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10.- ¿quién puede presentar la reclamación?

Las reclamación debe presentarla el sujeto pasivo del Impuesto, que, según establece la norma reguladora del tributo, será el vendedor en el caso de trasmisiones onerosas y el adquirente en el caso de trasmisiones gratuitas (herencias o donaciones).

No obstante, es frecuente que en los contratos de compraventa se pacte que el Impuesto lo pague el adquirente del bien y, de hecho, sea el comprador quien haga efectivo el pago del impuesto, aunque quien figure como sujeto pasivo en la liquidación sea el vendedor.

En tal caso, podría surgir un problema si quien pagó el Impuesto pese a no ser sujeto pasivo del mismo pretende impugnar la liquidación, ya que dicha reclamación podría ser desestimada por el Ayuntamiento aludiendo falta de legitimación del recurrente. Se trata de una cuestión que no es pacífica en los Tribunales, aunque hay ya varias sentencias que reconocen la legitimidad de quien pago el tributo en cumplimiento de lo acordado contractualmente, por considerar que tienen un interés directo en el asunto. Si se desestima la reclamación por el Ayuntamiento alegando falta de legitimidad, convendría consultar con un experto en derecho sobre la posibilidad de recurrir a los Tribunales.

Por otro lado, es importante señalar que la cláusula del contrato de compraventa que impone al comprador la obligación de pagar el Impuesto debe ser considerada como abusiva con arreglo a la normativa de defensa de los derechos de las personas consumidoras. Por ello, si el contrato de compraventa se hizo con un empresario (promotora inmobiliaria) y se incluyó esa cláusula podríamos considerar la misma nula por abusiva y negarnos a pagar el impuesto. El Ayuntamiento siempre liquidará el tributo al vendedor.

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11.- ¿cómo afectará la Sentencia del Tribunal Constitucional a la regulación actual del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana?

Los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales que regulan la materia son prácticamente idénticos a los de la Norma Foral que han sido declarados inconstitucionales, razón por la cual no parece aventurado concluir que la Resolución del Tribunal Constitucional inducirá al Legislador estatal a modificar esta norma.

No podemos olvidar que actualmente están pendientes de resolución diversos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional en relación con la posible inconstitucionalidad de diversos preceptos del Texto Refundido y es previsible que el Tribunal mantenga la línea jurisprudencia marcada en la Sentencia de 16 de Febrero de 2017.

Además, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido en varias ocasiones al Gobierno una reforma de este tributo.

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