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Queremos conocer el impacto real de impagos de tasas universitarias por falta de becas

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 13/4048 dirigida a Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, Universidades de Andalucía

Ante el incremento de casos de personas que afrontan el riesgo de tener que dejar sus estudios universitarios por no poder hacer frente al pago de las correspondientes tasas por no disponer de fondos para ello y/o por haber visto denegada su solicitud de beca universitaria, esta Institución, con el objetivo de conocer los datos reales de este problema y encontrar posibles soluciones al mismo, ha considerado oportuno iniciar queja de oficio ante las Administraciones competentes.

Esta Institución viene recibiendo quejas de estudiantes a quienes se les ha denegado la beca para cursar estudios universitarios correspondiente a la convocatoria cursada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se encuentran en situación de imposibilidad de atender el pago del importe de la matrícula que se le requiere desde la Universidad donde cursan sus estudios.

Las quejas, en muchos casos, se refieren al endurecimiento de los requisitos para acceder al beneficio de las citadas becas, bien en lo referente a cuestiones económicas o bien a requisitos académicos. Entre las cuestiones que podemos destacar en relación con los requisitos económicos, nos parece oportuno citar el elemento patrimonial como excluyente del beneficio de la beca. Así, el caso de una queja en la que se nos trasladaba una difícil situación económica y, pese a ello, se habría propuesto la denegación de beca por contar la unidad familiar con una vivienda que superaba los límites de patrimonio establecidos en la convocatoria. Destacaba la interesada, en situación de desempleo, que contaba con una casa vieja de una aldea pequeña de un municipio malagueño, pero a raíz de las modificaciones introducidas en los valores catastrales se había pasado en pocos años de un valor alrededor de 10.000 euros a otro cercano a los 98.000 euros.

Por lo que hace a los requisitos académicos, hemos recibido quejas relativas a los cambios introducidos en los porcentajes de créditos a superar con respecto al curso anterior o que la nota de acceso fuese superior a 5,5 puntos. Nos llamó especialmente la atención el caso de un estudiante que cursaba Grado en Administración y Dirección de Empresas, cuyos padres se encontraban separados y ambos en situación de desempleo, que manifestaba haberse esforzado durante el curso y logró superar hasta el 86,04% de la carga lectiva, pero que no tendría derecho a beca por haberse elevado el porcentaje hasta el 90%.

Estas quejas vienen siendo remitidas a la Defensora del Pueblo, como Comisionado de las Cortes Generales, al afectar a cuestiones referidas propiamente a la convocatoria de becas de carácter general y de movilidad para estudiantes de enseñanzas universitarias.

Sin perjuicio de ello, desde esta Institución se ha actuado en algunas ocasiones ante las propias Universidades donde cursan sus estudios quienes promovían queja, con objeto de mejorar su situación, bien por si tuvieran derecho a otro tipo de ayuda de la propia Universidad o bien por si existiesen medidas para flexibilizar el pago de la matrícula requerido.

Recientemente los medios de comunicación se están haciendo eco de estas circunstancias, poniendo de manifiesto el gran número de estudiantes a quienes se habría denegado la beca ministerial. Así, en el caso de la Universidad de Sevilla las denegaciones habrían afectado a 13.000 estudiantes o en la Universidad Pablo de Olavide habría alcanzado al 38% de las solicitudes formuladas.

La mayoría de estas personas probablemente no puedan hacer frente al pago de la matrícula, lo que supondrá inexorablemente la anulación de la misma y la imposibilidad de continuar los estudios, al menos mientras las circunstancias económicas familiares no cambien, además de haber tirado por la borda el esfuerzo académico realizado durante el curso.

El otro dato preocupante es el número de personas morosas, esto es, de quienes no han podido hacer frente a los pagos fraccionados que acordaron al formalizar su matrícula. El dato recogido de prensa se refiere a la Universidad Pablo de Olavide, donde la situación habría afectado a 700 estudiantes. En el total de las universidades andaluzas el número de morosos alcanzaría los 5.700 estudiantes.

Los efectos de este impago son los mismos que los descritos anteriormente, produciendo la expulsión del sistema universitario.

Algunas Universidades han dado la voz de alarma, tanto por la situación a la que se ven abocados sus estudiantes como por las dificultades de financiación económica que supone para la propia Universidad. Algunas propuestas se refieren a la flexibilización de los criterios de pago establecidos en el Decreto que anualmente aprueba el Gobierno andaluz por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el curso siguiente, especialmente por lo que se refiere a la ampliación de los plazos en que es posible efectuar el pago fraccionado. También a la posibilidad de incorporar criterios de progresividad o proporcionalidad en el pago en función de las circunstancias económicas personales, con objeto de evitar la discriminación en el acceso a los estudios universitarios.

Asimismo es de destacar las propuestas que desde algunos sectores se han formulado en cuanto a la posibilidad de preservar los resultados académicos del alumnado que incurran en situación sobrevenida de impago por causas justificadas, condicionando su efectividad al pago de las cantidades debidas en el plazo que así se determine.

Teniendo en cuenta las circunstancias expuestas, se ha considerado oportuno promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo.

En el curso de esta actuación se ha considerado conveniente dirigir escrito a las distintas Universidades andaluzas para recabar datos relativos al número de personas afectadas, denegaciones de becas producidas, situaciones de impago y anulaciones de matrícula que se hayan producido. Asimismo, se les ha requerido información sobre la existencia de medidas excepcionales para atender al alumnado en estas situaciones, ya fuese a través de medidas de flexibilización del pago de matrícula, convocatorias de becas propias, fondos de ayuda social, etc., detallando las características, alcance y resultados de las mismas. Igualmente se les han trasladado las propuestas formuladas por algunas Universidades con objeto de conocer su postura al respecto y requerir otras propuestas que estimen oportuno aportar.

Por otro lado, se ha considerado necesario plantear la situación a la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), a la que corresponde la propuesta de tasas y precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios conducentes a la obtención de títulos oficiales. En concreto se le ha solicitado una valoración de la situación, se le han trasladado las propuestas existentes y se ha requerido una respuesta ante los problemas expuestos.

Si quiere presentar una queja o una consulta pinche en el siguiente enlace

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