5. Colaboración de las Administraciones Públicas con la Institución

Este Capítulo Quinto del Informe Anual está dedicado a ofrecer, dentro de la dación de cuentas al Parlamento, una valoración general sobre la colaboración que ofrecen las Administraciones al Defensor del Pueblo Andaluz en el desempeño de sus funciones.

La colaboración entre entes públicos no deja de ser un principio de actuación básico de las Administraciones Públicas, tal y como señala el artículo 103 de la Constitución y ratifica el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y que, en el caso del Defensor del Pueblo Andaluz, se transforma en un singular deber de atención para el ejercicio de la función de supervisión que tiene encomendada esta Institución respecto de la actuación de la Administración sometida a su función de control como Comisionado del Parlamento de Andalucía.

En este contexto, el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, dispone un mandato diáfano hacia los poderes públicos, a los que señala como «obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones». Es por ello que en nuestros informes anuales al Parlamento destacamos este ámbito de relación y colaboración indispensable para el cumplimiento de la función estatutariamente atribuida al Defensor del Pueblo Andaluz como es la «defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución y Titulo Primero del Estatuto» (artículo 128 del Estatuto de Autonomía para Andalucía).

Como valoración general, podemos señalar que en el ejercicio 2018 la colaboración solicitada a las diversas administraciones públicas mediante la petición de los informes necesarios ha tenido una respuesta positiva, en la línea de ejercicios anteriores.

Centrándonos en los concretos datos de este ejercicio de 2018, se han dirigido 4.815 peticiones de información a las más diversas instancias administrativas, correspondientes a 4556 quejas. Se trata de un número de peticiones de información algo superior a las del pasado ejercicio, consecuencia lógica del incremento de quejas observado.

El eficaz desarrollo de nuestros cometidos, nos lleva a solicitar esa cooperación e información un número de veces que consideramos necesario para obtener finalmente el efectivo cumplimiento de ese singular deber de colaboración establecido por nuestra Ley reguladora.

Esta labor de impulso y de insistencia para obtener la información de la Administración, nos ofrece unos datos de gestión que evidencian el grado de cooperación de las instancias administrativas en el cumplimiento de dicho deber y que, por su significación respecto a la colaboración a prestar a esta Institución, incorporamos a este capítulo de nuestro Informe.

Para ofrecer un balance expresado en magnitudes más objetivas, podemos indicar que con motivo de las quejas admitidas a trámite, y que provocaron la necesaria petición formal de información a las distintas Administraciones, organismos y entidades (en 4.815 casos), fue necesario realizar una nueva petición de información (primer reitero) en 2.693 ocasiones; en 1.317 casos nos vimos obligados a requerir en una nueva ocasión (segundo reitero) esa información no recibida y, finalmente, el Defensor del Pueblo Andaluz debió dirigir escritos formales de Advertencia en 193 ocasiones ante la persistencia en no enviar la información solicitada.

No obstante lo anterior, remitida la Advertencia, solo en 5 ocasiones debimos declarar que la actitud de una Administración había sido entorpecedora de nuestras funciones, como veremos más adelante.

De las peticiones de información realizadas (4.815), 2.264 (el 47,02%) se dirigieron a la Administración de la Junta de Andalucía; 1,994 (el 41,41%) a las Administraciones Locales de Andalucía; en 205 ocasiones (el 4,26%) se solicitó información a la Administración del Estado; en 167 (3,47%) a entidades prestadoras de servicios económicos de interés general; en 98 (2,04%) a órganos judiciales.

Los requerimientos de colaboración tras la petición inicial de información han afectado mayoritariamente a las Administraciones Locales (el 55,85% en los casos de primer reitero, el 66,44% en los de segundo reitero y el 75,13% en los de advertencias) y a la de la Junta de Andalucía (el 40,36% en los casos de primer reitero, el 30,22% en los de segundo reitero y el 23,83% en los de advertencias)

Finalmente, cuando la colaboración no se facilita por quien tiene la obligación estatutaria y legal de hacerlo, el Defensor del Pueblo Andaluz queda en disposición de proceder a valorar la situación concreta y declarar, en su caso, la «actitud entorpecedora» de la autoridad responsable a sus funciones, en los términos del artículo 18.2 de nuestra Ley reguladora.

Las actitudes que el Defensor del Pueblo Andaluz declara como entorpecedoras de su labor investigadora se dan a conocer de manera pública mediante la inserción de la correspondiente declaración en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

En este ejercicio 2018 se han producido 5 declaraciones de actitud entorpecedora que se han remitido al Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. Son las siguientes:

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