Imprimir1.7.1 Introducción
El presente capítulo está dedicado a las materias relacionadas con el ámbito de la Administración de Justicia, junto a Prisiones y Extranjería, y también las quejas que afectan a la seguridad ciudadana, emergencias y asuntos de protección civil, junto a aspectos de materia electoral; es decir un compendio de temas que podrían englobarse en temas de Política Interior.
La crisis y los conflictos que se generan a partir de la gravedad de la situación económica no han generado iniciativas y demandas, incrementando la presión y las seculares cargas de trabajo en la Administración de Justicia. La peculiaridad estriba en que el principal destino de estas reclamaciones son aquellos juzgados y órganos que, por su razón competencial, atienden asuntos especialmente vinculados a los escenarios de esta situación económica tan grave. Este es el escenario global que podemos describir, sin que se observen singulares novedades respecto de ejercicios anteriores. Hemos venido describiendo una situación de colapso en numerosos órganos judiciales que durante 2016 no han hecho sino agudizar su parálisis y dejar, aún más si cabe, en evidencia la falta de respuestas efectivas.
Así, por ejemplo, si en 2014 desarrollamos una especial actuación en torno a los Juzgados de lo Social más conflictivos (demarcación de Sevilla), este ejercicio ha coincidido con una especial atención a otras demarcaciones que reproducen parecidos problemas, como es el caso de los Juzgados de lo Social de Huelva.
Por otra parte, en materia de Prisiones, nuestras intervenciones se dirigen fundamentalmente a dos supuestos.
De un lado, acudimos para propiciar o incentivar las respuestas de internos que en el ámbito de la normativa penitenciaria solicitan determinadas medidas de clasificación, traslados o de otra índole para facilitar su estancia en prisión. El Defensor del Pueblo Andaluz procura atender estas peticiones canalizando su tramitación y, a su vez, ofreciendo criterios de orientación y asesoramiento.
Por otro lado, también incluimos las actuaciones que nacen de las peticiones o iniciativas de personas que se encuentran internas en centros penitenciarios y cuya especial sujeción a tal circunstancia condiciona de manera evidente el ejercicio de sus actividades. El papel que acomete el Defensor viene presidido por la perfecta titularidad de los derechos que ostenta una persona interna en prisión más allá de la circunstancia que sin duda dificulta o condiciona determinadas iniciativas pero que, en modo alguno, puede llegar a limitarlas o, sencillamente, a perder su efectivo acceso o disfrute. En este elenco de situaciones destacamos el derecho a la salud y el acceso efectivo a sus prestaciones sociales por parte de internos en prisión. Los problemas de reclusos o presos para poder disponer de una consulta de una especialidad médica o disfrutar de prestaciones farmacéuticas reconocidas en el sistema nacional de salud son casos que han continuado llegando al Defensor del Pueblo Andaluz y ante los que hemos desplegado toda nuestra capacidad de respuesta y atención.
El ejercicio de 2016 ha protagonizado la presentación y debate del Informe Especial sobre las Unidades de Custodia Hospitalarias. Confiamos que este trabajo, y su tramitación parlamentaria, hayan permitido ayudar a analizar los problemas detectados y buscar las mejores soluciones entre todas las administraciones responsables. Desde luego, realizaremos sobre la base de este estudio toda un serie de actuaciones de seguimiento ante las autoridades con el fin de que propiciemos dotar a la sanidad penitenciaria —al sistema de salud, en suma— del modelo organizativo que necesita.
También este Capítulo relata las quejas atendidas en materia de Extranjería, con una importante labor de asistencia y ayuda para personas que pretenden adecuar su régimen legal de presencia en el territorio nacional y disponer de la cobertura necesaria para el normal desempeño de sus actividades laborales, familiares o de otra índole. Así mismo, nuestra labor se aproxima a tareas de asesoramiento y apoyo para estas personas y sus familias, contando con el entendimiento y buena disposición de las Administraciones responsables en materia de extranjería.
Por último, se recogen las quejas que se atienden en materia de protección civil y seguridad ciudadana (bajo la denominación genérica de Política Interior), donde se añaden diversas cuestiones relacionadas con los servicios de extinción de incendios o algunas quejas relacionadas con los procesos electorales celebrados en el año 2016.