Presentación

Un año más, cumplo con mi compromiso y responsabilidad de rendir cuenta ante el Parlamento de Andalucía de los avances, retrocesos, y del grado de disfrute de los derechos de la ciudadanía que han acudido a esta institución en el año transcurrido de 2016. Espero que con nuestras actuaciones, desde la independencia y la imparcialidad como principios irrenunciables de nuestro trabajo, hayamos contribuido a la defensa de los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía. Estoy convencido de que el respeto del que goza la institución, a la que estoy orgulloso de representar, depende de la respuesta que ofrezcamos a las quejas y consultas que nos presentan los ciudadanos y ciudadanas que confían en nuestra labor.

Este año hemos seguido trabajando con el objetivo de que nuestras intervenciones tengan una repercusión positiva en la conducta de las administraciones. Además, como entidad que vela por la defensa de los derechos humanos, hemos intervenido con entidades privadas que suministran servicios esenciales como la luz o el agua, así como con entidades financieras o de telefonía. Esta intermediación ha venido a sumarse a la labor tradicional del Defensor del Pueblo andaluz en las materias de salud, educación, servicios sociales, vivienda, empleo público, medio ambiente, menores, cultura, prisiones, extranjería y justicia, entre otras. Desde 2015, venimos reforzando el papel de nuestra Oficina de Información, visitando las distintas comarcas andaluzas para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la ciudadanía, un proyecto que está dando los resultados deseados. Asimismo, me complace anunciarles que, tras un periodo de implantación, la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha comenzado a ofrecer un servicio de Mediación profesionalizada y especializada, acorde con nuestras competencias. Éste es uno de los retos de mi mandato como Defensor del Pueblo andaluz con el que deseo aumentar el impacto, la pertinencia y la visibilidad de la institución, compartiendo los problemas de la gente.

Este año 2016, lamentablemente, los efectos de la crisis han vuelto a protagonizar gran parte de nuestras actuaciones. Se va a cumplir una década del inicio de la Gran Recesión y, aunque puede que la crisis haya desaparecido de algunos radares, el malestar sigue presente, al tiempo que asistimos preocupados a uno de sus legados: la desigualdad. La economía presenta índices de recuperación, pero estos números no se ven acompasados con una mejora automática de los indicadores sociales. Como recientemente ha advertido el Informe España 2017 de la Comisión Europea, la economía crea empleo y reduce el paro, pero esos logros sin embargo “se han traducido en caídas mínimas de las tasas de pobreza y exclusión social”, al tiempo que emerge con fuerza una nueva clase de pobreza: los trabajadores pobres.

El riesgo de pobreza en Andalucía es de los más altos de entre las comunidades autónomas, en mi opinión, como consecuencia de un retraso secular. Un 43,2% de andaluces viven bajo este riesgo, lo que equivale a 3.620.684 personas, según un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A). Además, un 12,8% de los andaluces se encontrarían en pobreza extrema, es decir, sobreviven con ingresos inferiores a 332 euros mensuales por unidad de consumo. En Andalucía, preciso aclarar, no hay un millón de personas pobres de solemnidad, esos pobres de viñeta que duermen bajo los cartones. Se trata de una pobreza relativa, aquellos que ganan menos del sueldo medio. Representan a un conjunto de población que no tienen iguales condiciones de acceso a prestaciones básicas, como lo pueden ser comer carne o pescado una vez a la semana o el pago de facturas de suministros básicos. Los jóvenes por ejemplo, se encuentran sin recursos para diseñar su proyecto de vida. Éste es un ejemplo claro de desigualdad.

Estos niveles de exclusión, siempre superiores a la media europea, son especialmente elevados en el caso de los menores. El informe Desheredados: Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas, de Save the Children, anota que entre 2008 y 2015 el número de niños y niñas en situación de pobreza severa aumentó en España en 424.000, situándose el porcentaje de población infantil viviendo en esta situación en un 16,7%. En el caso de Andalucía la situación es aún más grave, ya que este porcentaje se sitúa en el 25,7 por ciento, 418.370 menores en total. Una vez más, solicito un mayor esfuerzo de las administraciones e inversión pública ante una realidad insoportable. El éxito de estos niños y niñas está condicionado por la herencia económica y social de sus padres, por lo que el niño que nace en un hogar pobre carecerá de las mismas oportunidades que sus semejantes. Tiene, en cierta forma, condicionado su futuro como adulto.

Otra novedad de la desigualdad producida se refleja en que este riesgo de pobreza no sólo afecta al alto número de personas que carecen de un empleo en nuestra comunidad autónoma, sino en la aparición de lo que ya se denomina como trabajadores pobres. Según coinciden los sindicatos CCOO y UGT, la mitad de la población trabajadora andaluza está al borde del riesgo de pobreza por los salarios que cobran. De las casi 3,2 millones de personas que cobran un salario en Andalucía, la mitad no llega a cobrar el salario mínimo interprofesional de 648 euros mensuales, lo que las sitúa en el umbral de la pobreza, pero es que casi el 60 por ciento de la población asalariada de Andalucía no llega a mileurista, lo que equivale a estar al borde de la exclusión. Esta desigualdad ataca de forma más cruenta a las mujeres, ya que la brecha salarial entre ambos sexos supera el 25 por ciento.

Otro indicador de la desigualdad es la brecha económica entre los países. En todos los territorios hay desigualdades económicas, pero en algunos países son tan graves que algunas personas confían en la emigración para solucionar su proyecto vital. Andalucía ha sido tierra de emigrantes, pero también de acogida, y debe seguir siendo ejemplo de solidaridad con todos aquellos que nos llegan. Dentro y fuera de cada país se reproducen, en distinta escala, los efectos de esta crisis, lo que evita un enfoque nuevo de la necesaria cooperación.

Probablemente, vivamos en la era de mayor desigualdad de nuestra historia. Pero esta realidad no es nueva para la institución, acostumbrada a recibir a personas que han tenido en su vida menos oportunidades que otras, mientras el resto de la sociedad seguía su curso con cierta comodidad. Pero la crisis ha supuesto un gran cambio. A la desigualdad económica se le ha sumado una desigualdad social, que amenaza con traernos para los próximos años grandes desafíos sobre la cohesión social. El tsunami ha pasado; ahora toca recomponer los daños y preparar los equipamientos ante una posible réplica.

Un año más en nuestro informe anual 2016, subyace el debate global de la igualdad, entre nosotros mismos, con otros territorios, de los que tienen y de los que no tienen recursos económicos, entre hombres y mujeres,... A lo largo de estas páginas encontrarán las quejas de la ciudadanía sobre la siempre prometida política fiscal, focalizada este año, entre otros, en el impuesto de sucesiones y donaciones; el malestar y la sensación para algunos sectores de la población de pérdida de calidad de la atención sanitaria que habíamos conquistado; la inequidad en el acceso a la educación de determinados colectivos como las personas con discapacidad o los problemas con las infraestructuras educativas; la situación que padecen sedes judiciales que, por falta de infraestructuras o personal, hacen difícil afirmar que el acceso a la justicia es igual para todos; el derecho a un techo digno, a la cultura, al disfrute de un medio ambiente adecuado, a las conexiones a sistemas públicos de transporte, o al ingreso en el empleo público. Preocupaciones todas de los ciudadanos y ciudadanas que durante este año trasladaron sus problemas al Defensor del Pueblo andaluz para que intermediase en la búsqueda de una solución.

Han sido 10.128 quejas gestionadas, de las que 7.103 fueron nuevas, 203 de ellas de oficio; 10.811 consultas, y 507 acciones de promoción de derechos. En total, 21.446 actuaciones. A esto hay que añadir la presentación de dos informes especiales, “Acoso Escolar y Ciberacoso: Prevención, Detección y Recuperación de las Víctimas” y “25 años del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la Marginación y de la Desigualdad en las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz”, así como el estudio “La contaminación acústica provocada por la emisión de música no autorizada en establecimientos de hostelería. Incidencia en los derechos constitucionales de la ciudadanía” y una guía de derechos sobre “El derecho a un domicilio libre de ruido”.

Sirva este trabajo para comprender la realidad de nuestra comunidad autónoma y adelantarnos a los acontecimientos. Porque es en este presente cuando hay que tomar decisiones para el futuro. Es hora de recalibrar y, sobre todo, de reforzar el sistema de protección social y el Estado de Bienestar de cara a las décadas venideras en las que madurarán riesgos sociales asociados al envejecimiento, la exclusión laboral, la discapacidad y la integración de la segunda generación de personas inmigrantes.

Es ahora cuando hay que desarrollar políticas de garantía de renta mínima en todo el Estado, también de lucha contra el paro juvenil y de larga duración, y de enfocar las políticas hacia una lógica de inversión social. Hay que invertir en empleo para personas vulnerables, en la conciliación de la vida familiar y el trabajo, en la protección de los niños, en la extensión de la vida laboral en las edades avanzadas y en la igualdad salarial de las mujeres.

Es ahora cuando se abren nuevas oportunidades de retomar la senda de reforzar tanto el sistema de protección social y las políticas redistributivas, como de retomar un estilo más democrático en el diseño y aprobación de dichas políticas. Esto no supone un retorno al pasado sino, al contrario, la necesidad de crear las condiciones para el desarrollo de la reforma social que se avecina, dentro del espacio social europeo y del marco de la globalización.

En esa tarea estoy comprometido y tengan seguro que me encontrarán como Defensor del Pueblo andaluz.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor del Pueblo Andaluz