3.2.4.4 Justicia

Las personas y asociaciones que nos han planteado consultas nos comentaban la falta de personal en los Juzgados y Registros, que afecta a la accesibilidad, atención presencial, telefónica y telemática; provoca demoras en la tramitación de los expedientes matrimoniales, de nacionalidad, de rectificación de errores en las inscripciones y de resolución de los recursos, etc. Nos han llegado consultas de personas que nos preguntaban qué podían hacer ante un juicio por una denegación de prestación de invalidez que se señalaba para el año 2019 o por un contencioso para el año 2022.

No es raro que el proceso para decidirse si un despido es procedente o improcedente dure dos años y medio. En todo ese periodo, el trabajador está sin cobrar. Imaginemos a cualquier persona que es despedida y, de entrada, tiene que estar un año esperando a que el juez le cite para escucharle.

Los juicios sobre salarios impagados, por demandas a empresas que dicen no poder pagar a sus trabajadores, pueden tener una demora de dos años. Como si cobrar un salario fuera un artículo de lujo.

En nuestra visita a Huelva un ciudadano nos cuenta que desde el año 2010 padece hernias discales y artrosis degenerativa. Le aconsejan operación y no realizar el trabajo que hacia. En el año 2014 los dolores eran insoportables. Le han denegado por 2 veces la Incapacidad permanente. Tiene un tornillo en el pie y el nervio ciático pinzado. Ha presentado demanda en el juzgado que le dan cita para juicio para dentro de tres años. Mientras tanto, esas personas se sienten indefensas. Ni pueden trabajar ni pueden cobrar. ¿De que voy a comer? nos decía el ciudadano.

La propia Fiscalía de Huelva nos traslada la información que le había suministrado el Juzgado de lo Social correspondiente: “Las reclamaciones por impugnaciones de alta médica están siendo señaladas en un período de 6 u 8 meses como preferentes, pero no las de invalidez, toda vez que aún comprendiendo su trascendía, no tienen tal consideración de preferentes y que dada la excesiva carga de trabajo que pesa sobre los Juzgados de los Social, están siendo señaladas a una distancia temporal de 1 años y 5 meses desde la demanda”. ¿Y mientras tanto? Nos preguntamos.

Igualmente con respecto a los retrasos en los señalamientos de juicios una persona nos trasladaba que le había cortado el agua una vecina y no podía engancharse a la luz. Para dilucidar la situación se habían iniciados diligencia previas en el año 2015. Lleva dos años sin poder disponer de un suministro básico como es el agua, y ni se concluye la causa ni se concede autorización por parte del juez para reponer el suministro.

Otros asuntos que nos trasladan son las disconformidades con las resoluciones, problemas con los letrados...,, siendo informados de nuestra falta de competencia en dicho ámbito, donde tan solo podemos intervenir en las dilaciones injustificadas en la tramitación.

Como suele ser habitual en materia de justicia, se han planteado muchas consultas sobre asuntos jurídico privados a defender en instancias judiciales, para los que las personas que acuden a nosotros manifiestan no disponer de recursos económicos para contratar los servicios de los profesionales del derecho.

En esta línea nuestra sugerencia siempre es hacia el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita de los Colegios de Abogados, siendo frecuente que nos digan el colapso que padecen los mismos, dado el gran aumento de la demanda de estos servicios, manifestándosenos que la gente se va a las seis de la mañana para hacer cola para poder ser atendidos. A muchos de nuestros solicitantes de información los reenviamos a nuestra guía de derechos sobre el derecho de asistencia jurídica gratuita.