1. Introducción

La crisis económica ha desestabilizado la vida diaria de miles de familias en esta última década. Esta institución ha dedicado sus esfuerzos a advertir sobre las consecuencias de esta recesión durante este ciclo económico, como el incremento de la desigualdad o la posible irreversibilidad de algunos derechos sociales. Ahora, en este punto en el que los indicadores económicos confirman una recuperación, una gran parte de la ciudadanía se pregunta cuándo se verá beneficiada de esta mejora.

Sin embargo, y pese a que en 2017 algunos colectivos han protagonizado acciones colectivas de protesta, las administraciones públicas alegan falta de dotación presupuestaria para procurar esta recuperación de derechos que han retrocedido durante la crisis, mientras somos testigos del colapso o la falta de diligencia en la concesión de algunas ayudas de supervivencia, en numerosas ocasiones, el último clavo al que pueden agarrarse las familias. La pobreza energética, la pobreza habitacional, la exclusión financiera, e incluso un fenómeno reciente como la pobreza farmacéutica, cuando el dinero no llega para medicinas costosas como puede ser el caso de personas con alguna discapacidad, siguen siendo preocupaciones muy presentes en nuestro trabajo diario.

En este contexto, si a las miles de personas que aún padecen estas necesidades se les preguntara si la crisis ha finalizado, la respuesta sería inequívoca: No.

“En 2009 nos quedamos sin trabajo. Teníamos unos ahorros que nos permitieron aguantar un tiempo. Luego nos quedamos con la ayuda por desempleo y no podíamos pagar la hipoteca, que empezó por 500 euros y se nos puso en 730. Pedimos dinero a la familia, pero hay un momento en el que ya no podían. Nos ayudaban para comer, pero no para la casa y dejamos de pagar. Un día llegó un secretario judicial que nos dijo que iban a subastar la vivienda y nos echaban a la calle. Tenemos dos niñas. Una situación difícil de llevar. Hemos luchado en los juzgados y hemos logrado paralizar el desahucio, aunque la amenaza de la subasta sigue presente”.

Han pasado diez años desde el estallido de las hipotecas basura y aún sigue pareciendo pronto para dar por zanjada esta fase aciaga de la economía. Lo llevamos advirtiendo estos últimos años: pese a que el PIB (Producto Interior Bruto) mantiene un ritmo de crecimiento constante (un 3,1% en el año 2017) e incluso ha superado los registros del año 2007, la impresión general es que la crisis sólo se ha superado a nivel macroeconómico, pero no para las familias.

Algunos expertos están apuntando como causas de este freno a las debilidades del mercado de trabajo, tanto en ocupación como en salarios. En el caso de Andalucía, la fuerza laboral es todavía muy inferior a la que había hace una década. En el tercer trimestre del año 2007, cuando se produce la llamada crisis de las hipotecas subprime, en Andalucía había 3.247.300 ocupados, frente a los 2.971.600 contabilizados al final del año 2017, según los datos de la encuesta de Población Activa (EPA). En este periodo se ha perdido un 8% del empleo. Los jóvenes y los mayores de 45 años han sido las principales víctimas de la falta de oportunidades laborales. En paralelo, la población activa en Andalucía ha crecido en este periodo hasta alcanzar las 3.932.000 personas, por las 3.741.000 activos existentes en 2007, un 5,1% más.

La consecuencia está siendo que el paro, aunque bajando, sigue en cotas muy altas. Si la EPA contabilizaba en el tercer trimestre de 2007 un total de 466.700 desesmpleados y un porcentaje del 12,5%, ahora los registros se duplican: la tasa de paro en Andalucía a finales de 2017 era del 24,43% con 960.000 desempleados.

Posiblemente, hasta que no se recupere el nivel de empleo previo a la crisis no se podrá decir que ésta ha quedado atrás.

Asimismo, seguimos advirtiendo como otro factor que genera pobreza y desigualdad la mala calidad del nuevo empleo que se genera, lo que se ha dado en denominar trabajadores pobres. El debilitamiento de la negociación colectiva, el recurso a la unilateralidad de los empresarios para fijar salarios y condiciones de trabajo, la menor protección frente al despido y el propio desempleo han generalizado las caídas salariales en la economía. En Andalucía, más de un tercio del total de asalariados trabaja con contratos temporales.

Este fenómeno es un indicador que demuestra cómo la desigualdad económica y social sigue siendo una de las asignaturas pendientes de los gobiernos. Los últimos análisis de la Comisión Europea y de organizaciones internacionales como la OCDE corroboran que hay más crecimiento y menos paro, pero también subrayan que esta evolución ha sido insuficiente para poner freno a la desigualdad. “La situación social mejora pero tanto la desigualdad como el riesgo de pobreza siguen siendo muy elevados”, resume el último informe social de la Comisión Europea sobre España, con especial hincapié en las altas tasas de abandono escolar, de pobreza infantil y de paro juvenil.

Según los últimos datos de la agencia europea de estadística, en 2016, el 27,9% de la población española -12,8 millones de personas- estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Son hogares en los que no había ingresos suficientes para pagar facturas básicas para la subsistencia como el alquiler o el agua; que no disponían de una calefacción adecuada; que no podían afrontar gastos inesperados; comer carne, pescado o proteínas equivalentes cada dos días; incapaces de acceder a una semana de vacaciones fuera de casa al año, o que simplemente no podían permitirse disponer de un coche, una lavadora, una televisión o un teléfono. Ésta es la brecha más evidente que origina la pobreza y la desigualdad: una parte de la población es incapaz de acceder a recursos esenciales, con mayor gravedad si en esos hogares viven niños y niñas.

En Andalucía, la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social eleva a un 41,7% la población andaluza en riesgo de pobreza y/o exclusión social. La cifra es 13,8 puntos porcentuales superior a la media del conjunto nacional y la segunda más alta de todas las comunidades autónomas. En términos absolutos, un total de 3.497.841 personas residentes en Andalucía están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. En el caso de la pobreza infantil, un 48,1% de los menores de edad están en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 9,8% de los mismos viven en hogares con privación material severa.

A lo largo de las próximas páginas de este balance analizaremos el estado de algunos derechos sociales bajo el prisma común de cómo se están viendo ensombrecidos por las limitaciones presupuestarias y, en ocasiones, por una mala gestión que dificulta todavía más la recuperación de quienes más nos preocupan en esta institución: las personas.