2.1 Empleo

Conocidos los datos de paro en la comunidad andaluza, desde hace años venimos incidiendo en la ausencia de políticas activas de empleo que contribuyan a mejorar las perspectivas laborales de los desempleados. A finales de año se retomaron los cursos de formación convocados por la Junta de Andalucía, cuya convocatoria se encontraba paralizada desde 2011.

A un buen número de alumnos de aquellos años se les sigue adeudando el pago de las ayudas previstas para los programas y ayudas para el fomento del empleo. Nos resulta inadmisible la ralentización e incumplimientos en los pagos a personas en tal situación de precariedad. Las quejas presentadas siguen poniendo de manifiesto que las cantidades económicas en que se materializan dichas ayudas o incentivos no sólo no fueron abonadas a sus destinatarios en plazo, sino que tampoco lo son en un plazo razonable, demorándose hasta siete años en un número significativo de ellas, como hemos podido seguir constatando. Que esta situación persista, a pesar de las resoluciones dictadas por este Comisionado, es un exponente más de las perjudiciales consecuencias que la etapa de restricciones y malas prácticas vividas en los últimos años ha supuesto para los colectivos más vulnerables y precisados de especial protección.

Sin perjuicio de la buena disposición manifestada por la Administración de Empleo y los esfuerzos que están realizando para resolver los retrasos acumulados en la gestión de estas ayudas, es preciso seguir exigiendo la mayor diligencia posible para proceder al pago efectivo de las cantidades pendientes a favor de las personas afectadas, habida cuenta los posibles perjuicios que para el empleo y el emprendimiento genera una demora excesiva en la resolución de las mismas.

En el ámbito del empleo público, donde mayoritariamente circunscribimos nuestras actuaciones, desde el año 2016 las leyes presupuestarias, estatal y andaluza, iniciaron una etapa de recuperación de parte de los derechos para los trabajadores públicos. En 2017 se han dado las primeras ofertas para el proceso de estabilización del empleo público, que irá en paralelo con la oferta pública anual destinada a cubrir la tasa de reposición. Son buenas noticias, porque una de las secuelas importantes que ha dejado este periodo de restricciones y debilitamiento de los derechos sociales inherentes a la situación de crisis padecida ha sido la precarización de las condiciones de trabajo, a todos los niveles, y que en el ámbito público se ha traducido en un incremento considerable de la ocupación temporal de puestos que responden a necesidades claramente estructurales y no a una mera situación coyuntural motivada por un suceso excepcional y aislado.

Otra consecuencia de la situación de crisis vivida, y que afecta al personal que tiene encomendada la prestación de servicios públicos, se produce en el ámbito de la externalización de la acción pública. La preocupación por los efectos que pudieran derivrse de la extensión recurrente de la actividad externalizadora de la Administración a la gestión de los servicios públicos más diversos, ha dado lugar a que esta problemática se haya abordado por distintas instituciones de control, como es el caso del Defensor del Pueblo Andaluz, la Cámara de Cuentas de Andalucía o el Tribunal de Cuentas y, recientemente, también por el Parlamento de Andalucía en relación con la externalización del servicio de gestión telefónica en los servicios públicos de emergencias.

La externalización o internalización de la acción pública se trata, en suma, de un fenómeno complejo que afecta al modo de gestionar los servicios públicos y que ha estado siempre en el centro del debate político y doctrinal. Atendiendo a esta realidad, sería conveniente que Junta de Andalucía regule, con el rango formal y jerárquico que se considere, el marco de referencia sobre el modelo de externalización de la acción pública autonómica a fin de racionalizar la externalización de servicios y mejorar la ejecución de los mismos, así como, en función de los criterios de racionalización adoptados, incorporar a dicho marco regulador los criterios de internalización o reinternalización de servicios públicos u otras actividades auxiliares al sector público andaluz.

Dicha situación ha puesto de manifiesto otra importante cuestión como es la del cumplimiento de la obligaciones laborales y sociales por parte de las empresas contratistas con respecto al personal a su servicio, a lo que no puede ser ajena la Administración contratante -atendiendo a los principios y obligaciones que establecen las normas comunitarias, estatales y autonómicas de aplicación en la materia- que tendrá que extremar las medidas de garantía y control, tanto en los pliegos rectores de la contratación, como en la ejecución de la prestación del servicio adjudicado.

La discriminación de diversos colectivos de empleados públicos para el ejercicio de determinados derechos, es otra secuela que ha dejado la situación de crisis y que se refleja en otro bloque de quejas que han sido tramitadas en esta Institución durante el año 2017 y en las que hemos podido apreciar cómo las medidas restrictivas de carácter presupuestario de los últimos años han condicionado el ejercicio y efectividad de estos derechos. Esta recuperación de derechos, a pesar de ser un principio unánimemente afectado por Administración y organizaciones sindicales, no se ha traducido en una situación de igualdad entre todos los empleados públicos de la Administración autonómica, por ejemplo, dependiendo de su condición de personal funcionario o laboral, al seguir manteniéndose determinadas diferencias entre estas categorías de personal. Indicativas de esta situación son, también, las quejas presentadas por profesionales no sanitarios del SAS que denunciaban la discriminación que están sufriendo con respecto al reconocimiento de su derecho a la carrera profesional que sí le es reconocido a otros profesionales de esta Administración. En el ámbito educativo, también hemos apreciado exponentes de esta situación en determinadas quejas que afectan a las sustituciones del profesorado en los centros docentes públicos.

2.2 Salud

Ya el pasado año pusimos de manifiesto cómo la preocupación ciudadana sobre la salud adquiría tintes de protesta en forma de movilizaciones masivas en determinadas localizaciones de nuestra geografía. Si bien el punto de partida de las mismas fueron decisiones organizativas no consultadas ni compartidas con la población afectada, la cuestión trascendió de estos aspectos singulares para alcanzar elevados niveles de disconformidad en relación con las predicadas bondades del sistema sanitario público.

Este año tenemos que afirmar que dicho clima de protesta ha remitido en parte, quizás porque las actuaciones antes aludidas van a revertirse. No cabe duda de que se ha abierto una espita, y que la tendencia a hacerse oír por parte de distintos colectivos se mantiene, lo cual debemos considerar como un ejercicio saludable de participación en los asuntos públicos.

La impresión que tenemos es que la ciudadanía demanda un incremento de medios para superar el déficit de calidad asistencial advertido durante la crisis y que se tradujo, sobre todo, en un incremento generalizado de los tiempos de respuesta asistencial y en la paralización o ralentización de las infraestructuras.

La mayoría de las quejas relacionadas con el proceso asistencial recaen en el ámbito de la atención especializada, sin contar con las relativas a la demora en la asistencia, cualquiera que sea su modalidad (consultas, pruebas, intervenciones,...). Destacamos aquéllas que evidencian obstáculos en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades oncológicas, de las cuales recibimos algunas durante el pasado ejercicio con planteamientos muy concretos, entre los cuales sobresale la percepción de retraso en el acceso a los tratamientos de radio y quimioterapia.

El protagonismo sigue en las listas de espera provocadas por la demora que preside la práctica de determinadas actuaciones sanitarias. Durante 2016 ciframos las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta asistencial en el 25% de las recibidas, pero es que en 2017 dicho porcentaje incluso se supera. Asimismo, detectamos una importante falta de concordancia entre las cifras publicadas y la realidad presentida a través de las denuncias concretas que recibimos. Aún más preocupante nos resulta la espera que precede a intervenciones necesarias en el curso de procesos oncológicos.

Otra de las materias en las que nos detenemos es en la cobertura a pacientes con problemas de salud mental. Basta una frase: el sistema sanitario público no cuenta con centros para el internamiento de media o larga estancia de las personas afectadas por enfermedad mental.

Sobre expedientes de responsabilidad patrimonial, detectamos un recorrido no exento de dificultades. La Administración no ha tenido reparo alguno en reflejar un término que sextuplica el plazo reglamentariamente establecido. En la respuesta a nuestras Recomendaciones la Administración parte de una insuficiente dotación de personal médico en el Servicio de Aseguramiento y Riesgos, lo que implica que cada año se resuelvan menos expedientes que los que se reciben, y se haya ido acumulando una importante bolsa de expedientes atrasados, no contando en la actualidad con disponibilidad presupuestaria para mejorarla, y propiciar así un acercamiento al plazo de resolución establecido.

2.3 Educación

Una de las consecuencias más preocupantes de la crisis en el ámbito de la educación es, a nuestro juicio, el de aumentar la desigualdad entre el alumnado, con mayor riesgo al tratarse de menores de edad. En este sentido, quienes continúan teniendo problemas para una inclusión real, más allá de proclamas y principios teóricos, son los alumnos y alumnas afectados por algún tipo de discapacidad. Las quejas sobre educación especial siguen creciendo, en este ejercicio, un 12% más que en el año anterior.

Es cierto que se han realizados avances. Se ha apostado de manera decidida por la inclusión de este alumnado en los centros ordinarios, al igual que se han ido adaptando muchos inmuebles donde se ubican colegios e institutos para eliminar barreras arquitectónicas, permitiendo una accesibilidad plena para el alumno con discapacidad física.

Sin embargo, advertimos con preocupación la no dotación de estos recursos personales a los centros educativos. La Administración educativa la fundamenta en cuestiones presupuestarias u organizativas, dejando en un segundo plano el interés superior de los alumnos con discapacidad.

A nuestro criterio, el éxito en una política que dice propugnar la integración educativa del alumnado con discapacidad debe medirse por la capacidad de la Administración de solventar los déficits educativos de estas personas sin acudir a medidas de discriminación o limitación de derechos que no estén absolutamente justificadas en términos de satisfacción del interés superior del menor.

Nada que argumentar respecto a la necesidad de que exista una distribución equilibrada de los recursos públicos. Ahora bien, nunca esa aludida distribución puede servir de fundamento para no proporcionar a los centros educativos los apoyos materiales y personales que precisen.

Nos seguimos encontrando con la ausencia o escasez de profesionales técnicos de integración social (antiguos monitores escolares). Han sido muchas las quejas -a instancia de parte o de oficio- que denuncian la ausencia de estos profesionales en los colegios de Enseñanzas infantil y primaria o en los Institutos de Educación Secundaria para atender al alumnado con algún tipo de discapacidad. Asimismo, un año más hemos realizado un seguimiento del Plan de actuación de los centros específicos de educación especial 2012-2015. La vigencia del mencionado Plan concluyó en 2015, si bien todavía restan por poner en marcha medidas de suma trascendencia: ratio profesor-alumno, infraestructuras y servicios complementarios.

En cuanto a la desigualdad, mención aparte debemos hacer a los casos de acoso escolar en las aulas. El informe especial elaborado por esta Institución titulado Acoso Escolar y Ciberacoso: Prevención, Detección y Recuperación de las Víctimas, presentado en marzo de 2017 en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, ha tenido una importante repercusión en todos los ámbitos educativos, así como en los distintos medios de comunicación social. En nuestro informe constatamos que, si bien afirman algunos expertos en psicología no existe un perfil único de víctima, se evidencia que tienen mayores probabilidades de ser atacados por sus compañeros los alumnos y alumnas que de alguna manera son “diferentes” o que “se comportan de manera diferente”. En este Informe aludimos a las peculiaridades de este fenómeno cuando la víctima resulta más vulnerable por padecer una discapacidad.

En otro orden de cosas, a numerosas familias les sigue preocupando el estado en el que se encuentran algunas infraestructuras escolares, con la irrupción este año de protestas por problemas de climatización, en concreto, por la ausencia de aire acondicionado en las aulas donde eran necesarias.

Tampoco ayuda a la igualdad en la educación que alumnos que necesitan ayudas públicas sufran demoras en el abono de las mismas. Es el caso de las becas 6000, concebidas expresamente para alumnos en riesgo de exclusión social. En materia universitaria, el problema principal de este ejercicio ha estado en que la aportación complementaria del Estado por la beca Erasmus no está siendo pagada a los centros docentes andaluces por no contar con NIF propio, así como otros premios o cantidades en distintos conceptos.

2.4 Servicios Sociales

En este apartado reseñamos las problemáticas más destacadas sobre colectivos específicos como son las personas con discapacidad, mayores, personas sin hogar, en situaciones de vulnerabilidad, usuarias de los servicios sociales comunitarios, o a prestaciones sociales concretas como es el programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la marginación y desigualdad en Andalucía, recientemente derogado.

Desde su aprobación en los años anteriores a la crisis, el derecho a la dependencia se ha visto muchas veces privado de su auténtica naturaleza jurídica, por la vía de la infradotación presupuestaria, sin que éste acabe de ocupar el sitio que le corresponde por su trascendencia social y por su configuración legal.

Así, nos siguen denunciando retrasos en la tramitación del procedimiento administrativo. Estas dilaciones siguen afectando por igual a cualquiera de los momentos del expediente administrativo, ya se trate de la valoración y reconocimiento del grado de dependencia, ya de la elaboración y aprobación del recurso prescrito o propuesto en el PIA, o bien de su revisión o replanteamiento. El incumplimiento administrativo de los plazos genera una tramitación media de hasta dos años, cuadriplicando con ello el máximo legal.

En estrecha conexión con el apartado dedicado a la inobservancia del deber legal de resolver en plazo los expedientes de dependencia, se encuentra el de la insuficiencia de plazas residenciales públicas y concertadas. Subyace en ambos el recurrente argumento de la limitación de la disponibilidad presupuestaria. La problemática es mayor cuando se trata de recursos residenciales destinados a perfiles específicos de personas dependientes, debido a su escasez.

También hemos detectado un incremento significativo, con respecto a años anteriores, de quienes denuncian una situación de indigno trato residencial de nuestros mayores dependientes. Algunos de estos relatos procedían incluso de profesionales sanitarios que, por razón de su oficio, visitaban asiduamente a los mayores residentes. En cuanto a la defensa de los derechos de las personas mayores, colectivo que en gran medida ha servido de sostén de muchas familias en los últimos tiempos, seguimos investigando las actuaciones que ofrecen las administraciones públicas a las personas mayores que viven solas.

Las personas con discapacidad son otro de los colectivos a los que dedicamos especial atención. Esta Institución debe requerir a las Administraciones públicas a que cumplan con los mandatos constitucionales, estatutarios y legales en favor de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Y, aunque los condicionantes de índole presupuestaria hayan dificultado dicho cumplimiento, es necesario que por parte de estas entidades públicas se adopten las medidas de acción positiva necesarias que permitan hacer efectivo los derechos de estas personas en el ámbito público. Esperemos que la Ley 4/2017, de 25 de septiembre de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, contribuya a corregir estas desigualdades.

En cuanto a la producción normativa, a finales del año 2016 entró en vigor la nueva Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, que respondía a la demanda existente de un nuevo marco jurídico para esta cuestión. Entre las principales novedades que aporta la citada ley al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se encuentra la universalización de los derechos de todas las personas a prestaciones y servicios como los de información, valoración, orientación y asesoramiento, la ayuda a domicilio, la atención en urgencia social, los servicios de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo, las prestaciones económicas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad, la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, las prestaciones ligadas a las situaciones de dependencia o servicios relacionados con programas de drogodependencias, entre otros.

A pesar de contar con una nueva Ley de Servicios Sociales en Andalucía, hasta tanto no se desarrollen reglamentariamente aspectos esenciales como el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, y sobre todo se mejore la dotación económica en las partidas presupuestarias correspondientes, no se materializará una mejora sustancial en los preocupantes datos de pobreza en nuestra comunidad.

Una de los recursos más demandados para evitar la pobreza es la concesión de unos ingresos mínimos o renta de inserción. En Andalucía hemos contado desde 1991 con el Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y desigualdad, que considerábamos obsoleto y que en este año 2017, se ha derogado. Estaremos atentos a la consignación presupuestaria anual y a la ejecución de la recién aprobada Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, dado que se trata de una prestación garantizada, por lo que no deben volver a darse situaciones como las del pasado: miles de solicitudes en espera de consignación presupuestaria para ser aprobadas.

También nos preocupan las políticas, y por ende la financiación, de las medidas para la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género. Las estadísticas siguen mostrando que todavía persisten importantes desigualdades entre hombres y mujeres, al igual que en los países de nuestro entorno. Es evidente que, en muchos ámbitos, se han eliminado discriminaciones y que las desigualdades también han disminuido, pero aún quedan otros en donde la falta de igualdad se sigue manifestando con toda su crudeza, como es el caso de la violencia contra las mujeres. Hemos iniciado una voluminosa queja de oficio en la que investigamos la aplicación práctica de los protocolos y si la gestión de la coordinación es adecuada. Nos hemos dirigido a las Consejerías de Justicia, Educación, Salud e Igualdad y Políticas Sociales, así como a todos los entes locales.

2.5 Vivienda

Lamentablemente, la situación sobre el derecho a la vivienda no ha mejorado en este año, más bien al contrario: las quejas sobre la necesidad de vivienda han acaparado un porcentaje muy elevado del total de las recibidas.

Llama la atención el incremento de lanzamientos derivados de desahucios por impago de rentas de alquiler. También los desalojos por ocupaciones sin titulo de vivienda, tanto públicas como privadas. Sobre estas últimas, hemos detectado que el incremento de estas ocupaciones ha motivado un giro radical en la posición mantenida al respecto por las entidades financieras, quienes han adoptado el criterio absolutamente tajante e inamovible de no regularizar estas situaciones. El Defensor del Pueblo Andaluz ha tratado de facilitar la adopción de un acuerdo entre las partes para la formalización de un contrato de alquiler social, cuando se ha dado la premisa de la existencia de un estado de vulnerabilidad social por parte de la familia ocupante.

Ante estos desahucios, venimos observando que las escasas soluciones que se adoptan están caracterizadas por su carácter provisionalísimo y, lo que mas no preocupa, en algunos casos se ofrecen soluciones que se encuentran muy alejadas del concepto de techo digno. Muchas familias han optado por vivir a la intemperie, en un coche, hacinados y repartidos en casas de algún familiar o amigo, antes que aceptar algunos de estos recursos habitacionales, alegando sus condiciones inadecuadas o insalubres.

Una medida que podría evitar los desahucios es la ayuda al alquiler convocada por la Junta de Andalucía. Sin embargo, la falta de diligencia en su concesión ha vuelto otro año más a ser foco de las quejas de la ciudadanía. Las resoluciones reconocen un derecho a cada uno de los particulares afectados, por lo que el ciudadano no tiene por qué sufrir los problemas de gestión de la Junta de Andalucía en la tramitación de las subvenciones, la falta de disponibilidad presupuestaria o los problemas de coordinación existentes ente ésta y el Ministerio de Fomento.

Por ello, hemos de elogiar las iniciativas de algunos ayuntamientos, que con cargo exclusivo a sus propios presupuestos, han puesto en marcha planes de ayuda al alquiler para las familias sin recursos, algunos de los cuales pueden llegar hasta cubrir un plazo máximo de tres años de rentas, tiempo que puede ser adecuado para que la familia inicie su recuperación y alcance una estabilidad económica que le permita mejorar sus condiciones de vida y poder llegar a prescindir de la ayuda de la administración. Se trata de ejemplos de buenas prácticas de administraciones municipales sensibilizadas con las necesidades habitacionales de su comunidad vecinal, y que desde esta Defensoría animamos a otras corporaciones locales a hacer un esfuerzo por sumarse a ellas.

2.6 Justicia

Hemos venido describiendo a lo largo de los últimos ejercicios una situación de colapso en numerosos órganos judiciales que añaden durante 2017 su precaria capacidad de gestión y resolución de asuntos. Es evidente que sin aplicarse medidas correctivas de la envergadura que exige la actual situación, sumar un año más revierte, inevitablemente, en un proceso de empeoramiento de la situación.

Estas carencias no han hecho sino agudizar la parálisis del sistema judicial y dejar, aún más si cabe, en evidencia la falta de respuestas efectivas de superación de los graves problemas detectados, avisados, denunciados y carentes de correctivos apreciables hasta la fecha.

La crisis y los conflictos que se generan a partir de la gravedad de la situación económica han despertado iniciativas y demandas incrementando la presión y las seculares cargas de trabajo en la Administración de Justicia. El principal destino de estas reclamaciones son aquellos juzgados y órganos que, por su razón competencial, atienden asuntos especialmente vinculados a los escenarios de esta situación económica, como son los órganos de lo social y los juzgados mercantiles.

Esa resaca judicial del impacto de la crisis económica ha dejado una severa huella en otro no menos delicado aspecto. Nos referimos al impacto provocado por la avalancha de litigios derivados de operaciones de préstamos con garantías hipotecarias cuyas condiciones de contratación se han visto declaradas por distintas instancias judiciales como abusivas y susceptibles de amparar reclamaciones de los clientes ante las entidades financieras.

Los litigios sobre los préstamos liquidados sobre las denominadas “cláusulas suelo” o la reclamación de gastos indebidos en la formalización de actividades financieras han terminado residenciados también en los órganos judiciales, lastrando sus colapsados recursos con un peso añadido e ingente de litigiosidad que ha superado los peores augurios en las previsiones que se elaboraron ante el riesgo de este aumento de asuntos judiciales. Las previsiones de evitación de conflictos no obtuvieron el resultado deseado y la escasa colaboración de las entidades financieras ha derivado hacia las vías de acciones judiciales para hacer efectivas las reclamaciones desatendidas.

En este escenario, hemos trasladado a las administraciones competentes una propuesta: “Las soluciones, unánimemente requeridas, van mucho más allá de ocasionales acuerdos sobre determinados juzgados. Lo dicho: más que juzgados especializados, se exigen juzgados nuevos”.

2.7 Sostenibilidad

La crisis nos ha hecho reflexionar sobre el modelo de planeta que queremos. Debemos de partir de que el modelo de economía lineal (tomar, hacer, desechar o, si se quiere, extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites y es incompatible con la sostenibilidad del planeta, que exige una utilización eficaz de los recursos.

La Estrategia Europea 2020 pretende generar un crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador, para conseguir una Europa que utilice eficazmente sus recursos y reducir la generación de residuos.

Los actores de ese cambio son los poderes públicos, las empresas y la sociedad; todos juntos tienen que asumir los distintos roles en este nuevo modelo económico que va a permitir disminuir el uso de recursos, reducir la producción de residuos y limitar el consumo de energía.

En nuestro Informe Anual 2017 analizamos aspectos concretos como el reciclaje, y con especial preocupación, el de los aceites vegetales de uso doméstico. Las investigaciones han dado lugar a conclusiones poco edificantes o halagüeñas sobre la consecución de objetivos europeos. Por otro lado, la contaminación acústica por tráfico rodado ha sido otra de las grandes preocupaciones este año. Esta lucha es un reto que tiene la enorme ventaja de que se puede combatir con medidas no excesivamente costosas y que tiene una incidencia inmediata en la mejora de la calidad de vida.

También ha sido intensa nuestra actividad en cuanto a la regulación de la emisión de música pregrabada como factor de contaminación acústica, a raíz de tener conocimiento de un proyecto para la modificación del Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Consideramos imprescindible que el legislador tenga muy presente que un modelo de desarrollo económico sostenible sólo puede tener lugar si es capaz, al mismo tiempo que genera crecimiento económico y empleo, de respetar los derechos constitucionales y estatutarios de la ciudadanía. Un modelo de actividad turística y de hostelería que ignore estos derechos al no ser sostenible ni ambiental, ni socialmente, tampoco lo será económicamente a medio y largo plazo.

Otra medida que consideramos urgente y que pertenece a este relato pasa por la defensa, conservación y recuperación de vías pecuarias ante un proceso de usurpación por parte de infinidad de propietarios privados. Ello ha sido posible por la entidad de estas vías, que hace compleja su protección, y la pasividad de la Administración autonómica que debe defender este patrimonio, que es de todos, utilizando, sin disimulo, todos los medios existentes en derecho. Consideramos muy necesario y urgente que se reactive, con medios, compromiso y determinación, el programa de recuperación de vías pecuarias que en la actualidad se encuentra en abandono.

También en conservación, aunque en el área de Cultura, apuntamos problemas generados con el patrimonio histórico-monumental y su conservación que se hace depender, en muchas ocasiones, de disponibilidades presupuestarias que no se producen. Ciertamente, las respuestas efectivas para abordar los problemas planteados sobre esta protección son más difíciles de alcanzar por la reiterada carencia de disponibilidad presupuestaria.

2.8 Servicios de Interés General y Consumo

Como consecuencia en gran medida de esta crisis, comenzamos a tramitar quejas que, por referirse a empresas privadas, escapaban a la competencia supervisora del Defensor del Pueblo Andaluz, pero que están relacionadas con la prestación de servicios económicos de interés general como la luz, el agua, el gas, la telefonía, el uso de una cuenta corriente o de otros productos bancarios como créditos o hipotecas, que ocupan un lugar destacado en la vida diaria de cualquier persona.

La tramitación de estas quejas nos permite detectar fallos en el sistema de protección de las personas consumidoras, y proponer mejoras al mismo, como pueden ser la incorporación de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos de decisión vinculante; el reforzamiento de la respuesta sancionadora en casos de incumplimiento de la normativa de protección de las personas consumidoras; o la reparación e indemnización del daño causado.

En relación con los suministros básicos, esta Institución viene desde hace ya varios años demandando de las distintas Administraciones públicas y de las compañías suministradoras la necesidad de dar una solución rápida y eficaz a la situación de aquellas familias que se ven amenazadas de corte en un suministro tan esencial como es la luz o el agua por no disponer de medios para afrontar el pago de las facturas.

Esta situación se ha generalizado tanto que ha llegado a recibir el nombre propio de “pobreza energética o hídrica”, y viene determinada por varias causas como son los bajos niveles de renta tras la situación de crisis económica, la subida de precios de los suministros y la mala calidad de la edificación.

Nuestra principal reclamación se ha centrado en la aprobación de una norma que, partiendo del reconocimiento del derecho de las personas a unos suministros mínimos en materia de energía y agua, establezca unas garantías concretas para que nadie quede sin acceso a estos servicios por razones económicas y regule unos procedimientos concretos para hacer realidad esta garantía.

Al respecto pudimos conocer a finales del año 2016 la aprobación por el Gobierno de la Nación del Real Decreto Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. No obstante, hubo que esperar al mes de octubre de 2017 -cuando se produce su desarrollo reglamentario mediante un Real Decreto y una Orden Ministerial- para concretar los aspectos que permiten hacer efectivas las medidas de protección.

Como valoración, podemos señalar que la aprobación de la normativa estatal que permite la puesta en marcha del nuevo bono social eléctrico supone un paso adelante, aunque echamos en falta el reconocimiento expreso del derecho de las personas en situación de exclusión a recibir unos suministros mínimos vitales de forma gratuita.

Del mismo modo, seguimos demandando la adopción de medidas legales de protección con respecto al consumo de gas y agua, al tratarse de suministros igualmente esenciales. Nuevamente debemos recordar que la competencia autonómica en materia de aguas podría amparar una norma al modo de la estatal en materia eléctrica para paliar las situaciones de pobreza hídrica.

También consideramos oportuno insistir en que el abordaje de la denominada “pobreza energética” debería ser un paso transitorio en tanto no se adopta una respuesta conjunta y coherente a la situación de las familias que se encuentran en situación de exclusión social.