1.12.1 Introducción

Esta Institución, desde hace unos años, ha asumido que, junto con la lucha contra la pobreza, uno de los grandes objetivos que exige un compromiso de los poderes públicos es, sin duda, la apuesta por el desarrollo sostenible. Objetivo éste que, al mismo tiempo que supone una apuesta por la protección ambiental del territorio, está íntimamente relacionado con la erradicación de la pobreza, pues no en vano son los excluidos quienes están sufriendo con mayor virulencia los efectos negativos de un modelo de desarrollo económico que tiene fecha de caducidad pues es incompatible con la sostenibilidad de nuestro planeta. Su incidencia en el calentamiento global, con los efectos catastróficos que origina, el agotamiento de los recursos naturales y sus efectos contaminantes, junto al hecho de no haber sido capaces de garantizar la sostenibilidad social en un mundo profundamente desigual hace que tal exigencia, con mayor o menor compromiso, esté presente en todas las agendas de los gobiernos municipales.

Ese convencimiento nos ha llevado, de un lado, a iniciar diversas quejas de oficio relacionadas directamente con la contaminación hídrica, atmosférica, lumínica, acústica y del suelo ante la actual Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos; de otro y desde el convencimiento de que la gran batalla ambiental se desarrollará en las ciudades, donde reside el 80 % de la población y donde se originan los mayores focos de contaminación, a mantener una serie de iniciativas con las que esta Defensoría intenta concienciar a los poderes públicos, en la escala autonómica y local, y a los agentes sociales, de que debemos avanzar ya con objetivos planificados y programados hacia el modelo de ciudad en el que creemos.

Si hace dos años organizábamos una jornada, en la que contamos con expertos nacionales, para hablar de las ciudades inteligentes como ciudades sostenibles, y hace un año lo hicimos sobre ciudades inteligentes, ciudades inclusivas, en este ejercicio hemos querido dedicarla al que, probablemente, sea el mayor reto de los próximos años en nuestros municipios: afrontar la Nueva Agenda Urbana.

Los países firmantes de la Declaración de Quito asumieron afrontar el Objetivo 11 del Desarrollo Sostenible: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. En un sentido más amplio, como nos recuerda Naciones Unidas, con el cumplimiento del Objetivo 11 se pretende “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles”.

No se trata de un objetivo modesto, pero tampoco, pese a su complejidad, de una meta aplazable; no hay un solo municipio, cualquiera que sea su singularidad, que no tenga el deber de “ponerse las pilas” y hacer visible esa Nueva Agenda Urbana en sus políticas públicas sectoriales, en sus decisiones y, desde luego, en sus presupuestos.

Con motivo de esta Jornada elaboramos unas conclusiones que, por razones de espacio, no podemos incluir aquí, pero intentaremos, al menos, hacer una síntesis de su contenido. Así, destacamos que los países firmantes dejaron muy clara esa interrelación entre la supresión de la pobreza y asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles. Caminar con paso seguro en esta dirección exige el fortalecimiento de la gobernanza, poner fin a las distintas formas de discriminación de los colectivos vulnerables y mantener un compromiso con el respeto de los derechos humanos. El “cómo” conseguir esos objetivos es una decisión que adoptarán libremente los gobiernos, pero la meta es innegociable.

En este contexto, los gobiernos locales, con plena razón, reclamaron un papel más protagonista a la hora de diseñar esa Nueva Agenda Urbana, pues son los municipios quienes tendrán que implementarla. Así las cosas, reclamamos que en nuestro país, en el ámbito del Estado -a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- y de la Comunidad Autónoma de Andalucía -a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)- se abra un proceso participativo y de reflexión que facilite la traslación del Objetivo 11 a las políticas públicas, contando, desde el primer momento, con la visión de los gobiernos locales. La Comunidad Autónoma de Andalucía debería ser pionera en dar voz y participación a los gobiernos locales.

Al mismo tiempo, la gobernanza exige participación de la sociedad y ésta no es posible sin su empoderamiento. Las ciudades inteligentes deben facilitar ese empoderamiento, que permita la incorporación de la sociedad civil a esa nueva forma de entender nuestras ciudades que reclama un gobierno en el que esté presente la “codecisión”. Esto no es retórica, sino una exigencia firme y urgente, pues no es posible cambiar el modelo de ciudad sin contar con quienes la conforman, las personas.

Dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, cuya finalidad es transformar nuestro mundo, el 11 posee una extraordinaria relevancia pero exige esfuerzo y complicidad de los poderes públicos a escala territorial, y compromiso y participación de la ciudadanía. Nos beneficia a todos, pero también exige la acción de todos.

Por último, a modo también de compromiso, debemos recordar que la Declaración de Quito contiene previsiones de control cíclico para el control del cumplimiento de los objetivos. Los participantes en esta Jornada creen que se podrían establecer indicadores fáciles de verificar si se genera una vía de colaboración entre la universidad, las empresas, grupos y colectivos de intereses, de manera que los gobiernos locales sean permeables a la transferencia de conocimientos que facilita el diseño de las políticas públicas, las dote de eficacia y eficiencia y permita su posterior evaluación. Al mismo tiempo, se debería reflexionar sobre la posibilidad de crear, mediante la colaboración entre la Administración Autonómica y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, un Observatorio para el seguimiento de la implantación de la Nueva Agenda Urbana en Andalucía.

Hasta aquí la reflexión que queríamos hacer sobre el porvenir de nuestras ciudades ante los grandes retos que se avecinan a propósito de la celebración de esta jornada, sobre su futuro.

A continuación, dentro de este capítulo trataremos cuestiones que merecen un comentario pues con este Informe Anual lo que el Comisionado pretende, conforme a la Ley reguladora de la Institución, es trasladar su visión de las demandas de protección de los derechos constitucionales y estatutarios de la ciudadanía y de la quiebra de sus garantías a partir de la información que se deriva de la tramitación de las quejas de oficio o a instancia de parte y de otras actuaciones que realiza esta Institución.

Aunque tal comentario lo afrontamos a través de los diversos epígrafes que se contienen en este documento para que se visualicen las cuestiones que motivan las quejas de la ciudadanía, en cada ejercicio procuramos destacar algún aspecto que, por su actualidad, gravedad, o singularidad y, a veces, reiteración, merece la pena que le dediquemos unas líneas.

Así las cosas, debemos poner de manifiesto que en el ámbito del urbanismo, continúan recibiéndose infinidad de quejas directamente relacionadas con la pasividad de los ayuntamientos a la hora de exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística. Sin duda, la cercanía de los gobiernos locales con la sociedad es un factor determinante de esa pasividad. También incide la limitación de los medios personales y materiales que, sin embargo, no se justifica cuando se trata de la comisión de delitos pues, en estos supuestos, poner en conocimiento de jueces y tribunales las presuntas conductas delictivas no requiere de unos medios de entidad.

Las quejas relacionadas con la conservación de edificios y solares; las deficiencias para acceder a la información urbanística; problemas relacionados con la gestión urbanística, sobre todo en relación con los planes parciales y la accesibilidad, constituyen la parte de más entidad cuantitativa de las quejas recibidas.

En cuanto al tráfico y al transporte, las quejas por disconformidad con las sanciones de tráfico impuestas, la petición de medidas destinadas a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en el transporte público colectivo centran la mayoría de las quejas presentadas.

En relación con la ordenación del tráfico y la seguridad vial, hemos ultimado la tramitación de dos quejas de oficio sobre cuestiones que habitualmente generan riesgo en la población y conductores y que, sin embargo, creemos que no se afrontan con el debido rigor. En primer lugar la queja 15/1813, en la que, sin perjuicio de entender que los municipios tienen que ejercer su potestad sancionadora frente a las infracciones de tráfico cualquiera que sea el origen de la infracción, creemos que sería muy oportuno que se hicieran planes de inspección destinados a perseguir, de manera singular, aquellas conductas más antisociales e incívicas a fin de erradicar comportamientos que, además de suponer una infracción de tráfico que vulnera su ordenación, producen determinados efectos adicionales o colaterales y suponen riesgos para la población o dañan su patrimonio e infraestructuras.

En segundo lugar, la queja 16/0707 en la que hemos realizado una investigación a fin de valorar hasta qué punto nuestros agentes de la Policía Local poseen los medios para implementar las medidas de prevención y sanción que exige el programa europeo de la lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol, las drogas y los medicamentos. Singularmente sobre esa conducta de altísimo riesgo para la seguridad vial que supone conducir bajo los efectos de las drogas.

La inmensa mayoría de los controles que se llevan a cabo siguiendo los protocolos exigibles se realizan en carretera por los agentes de la Guardia Civil, dentro de las competencias de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El problema es tan grave como sencillo de explicar: los agentes de la Policía Local, que son los que deben ejercer esos controles allí donde habitualmente hay una fuerte presencia, por motivos obvios, de personas que conducen bajo los efectos de las drogas, en las ciudades y, en general, en el casco urbano de nuestro municipios, carecen, con frecuencia, de la formación y de los medios para ejercer tales controles.

Esto es una realidad en una mayoría de nuestros municipios y también lo es que esta situación insostenible y grave para la prevención de accidentes de tráfico, es ajena al deseo de infinidad de profesionales de la Policía Local y de los gobiernos municipales, que cuando solicitan colaboración para que sus agentes dispongan de la formación y medios necesarios no obtienen una repuesta por parte de los centros habilitados para ello, que se encuentran desbordados.

Justamente por ese motivo hemos realizado un informe que hemos dirigido a todos los Ayuntamientos de Andalucía, del que damos cuenta también en el apartado correspondiente.

En cuanto a los transportes, únicamente dos aspectos destacamos este año. De un lado, el impulso que hemos querido dar, de acuerdo con la demanda de las personas con discapacidad, a que se implanten mejoras para la accesibilidad en el transporte colectivo interurbano a través de la queja 16/0598. de la que en los siguientes apartados damos cuenta.

De otra, la conveniencia y, dado el tiempo transcurrido desde que se aprobó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, la urgencia de que se apruebe la carta de derechos de los usuarios del transporte en la queja 17/4537.

Finalmente, en coherencia con diversas actuaciones hechas en el pasado y, singularmente, con lo manifestado en el Informe Especial sobre Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en las Ciudades de Andalucía hemos tramitado de oficio la queja 15/4136 en la que hemos planteado a diversos municipios y a la FAMP la necesidad de que los Ayuntamientos tomen una posición práctica en orden a garantizar la accesibilidad y la seguridad pero, también, la calidad de los espacios peatonales que son objeto de una invasión ilegal y continua de carteles anunciadores de locales de negocio, kioskos, etc., en soportes y atriles de gran tamaño, generando riesgos y molestias para los transeúntes. No tiene justificación la pasividad existente ante la usurpación del espacio público peatonal que se produce como consecuencia de tales hechos.