El Defensor

El Defensor del Pueblo Andaluz es una Institución creada para la protección de los derechos y las libertades de los andaluces.

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El Defensor considera "ensombrecidos" algunos derechos por la falta de presupuesto o por fallos de gestión y coordinación

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El Defensor considera "ensombrecidos" algunos derechos por la falta de presupuesto o por fallos de gestión y coordinación

Un total de 20.868 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía durante 2017

El Defensor del Pueblo andaluz (DPA) realizó durante 2017 un total de 20.868 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía. Durante el pasado año, esta Institución gestionó 9.815 quejas, de las que 6.792 fueron nuevas (6.624 a instancia de parte y 168 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores. La gestión de quejas tramitadas se redujo un 3% con respecto a 2016. También el DPA atendió 10.378 consultas (un 4% menos), lo que sumado a las 675 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etc) ofrece el balance total de actuaciones. Fueron 170.872 personas las que requirieron en 2017 la intervención de este comisionado parlamentario. De éstas, 143.000 registraron una sola queja, sobre el Impuesto de Donaciones y Sucesiones.

Destacamos el papel de la Oficina de Atención e Información Ciudadana del DPA, visitando las comarcas andaluzas (seis en 2017) para acercar la institución y pulsar directamente las preocupaciones de la ciudadanía. Asimismo, se ha asentado durante este año el servicio de mediación profesional y especializada ofrecido por la Institución para mediar en la solución de conflictos. Este servicio gestionó 57 quejas, de las cuales sólo una de ellas fue una queja de oficio. A este trabajo hay que añadir la presentación del Informe Especial Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos, en el que abordamos las condiciones en las que afrontamos nuestra última etapa vital. Y dos estudios: Puntos limpios y recogida de aceite de uso doméstico en el contexto del plan de residuos urbanos no peligrosos de Andalucía y Consumo de alcohol en los menores.

Las materias que afectan al Estado de Bienestar han copado el 54% del total de las actuaciones del Defensor del Pueblo andaluz, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y territorio, y las reclamaciones ciudadanas en materia de justicia.

La Administración ha aceptado nuestra actuación en el 94% de los casos cerrados en los que se había detectado que existía una irregularidad. Sólo en el 6% de los casos no se han atendido nuestras resoluciones y hemos dado cuenta de este hecho al Parlamento.

Este año hemos destacado algunos asuntos relevantes a los que hemos dedicado una preocupación especial o que nos han requerido de una mayor atención:

El derecho a una muerte digna. Hemos elaborado un Informe especial y el jueves día 12 de abril celebramos una jornada en Córdoba. Este año hemos dedicado nuestra mención especial del Informe Anual a la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos.

El Brexit y sus consecuencias para Andalucía.

Doñana y el riesgo del proyecto de gaseoducto.

La exclusión financiera.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL IA2017

Del análisis que hacemos de las quejas y consultas que nos ha trasladado la ciudadanía, y de la labor realizada durante el pasado año por esta institución, advertimos que:

Algunos derechos están oscurecidos/ensombrecidos por la falta de disponibilidad presupuestaria o, en algunos casos, por fallos en la gestión o coordinación

La crisis económica sigue presente en la vida de miles de familias andaluzas. Al cumplirse una década de su impacto, las familias tienen la impresión de que la recuperación de los datos económicos no se acompasa a su situación. Dicho de otro modo, parece que hemos salido de la crisis si se miran los grandes números y las normas que enfatizan la recuperación de algunos derechos, pero no desde el punto de vista de los niveles de vida reales, ni los de empleo de calidad. La tasa de desempleo en Andalucía es menor, pero sigue siendo muy alta y, probablemente, hasta que no se recuperen las tasas anteriores a la crisis no se podrá hablar de recuperación. No hemos vuelto al punto de partida, y en este trayecto tenemos que reflexionar sobre dos consecuencias capitales: la irreversibilidad de algunos derechos a los que hemos renunciado, quizás para siempre, y qué modelo de sociedad hemos heredado de esta crisis, con unos niveles de desigualdad que no sólo no disminuyen, sino que han crecido.

Sobre estos efectos de la crisis hemos advertido en los años precedentes, y en esta línea de continuidad de nuestro trabajo sobre las consecuencias de la crisis queremos profundizar en este Informe Anual en una nueva reflexión, en base a las actuaciones que hemos gestionado con la ciudadanía.

Observamos que, ante los mensajes de una incipiente recuperación económica, las personas reivindican una vuelta al punto donde nos quedamos. En 2017, de nuevo, han sido constantes las movilizaciones que reivindicaron la prestación de más y mejores recursos públicos. Los derechos sociales otorgan al sujeto la facultad de exigir que se le entreguen ciertos bienes (derecho a una vivienda digna), se le presten ciertos servicios (educación, protección de la salud) o se le transfieran ciertos recursos económicos (pensiones, subsidios, rentas de inserción…), pero las restricciones presupuestarias implantadas en estos tiempos de crisis (reforma constitucional incluida) dificultan o impiden la respuesta efectiva de las administraciones públicas.

A diario, nos encontramos en la respuesta a nuestras actuaciones la clásica muletilla que vincula una medida a una aplicación presupuestaria. En otros casos, hay presupuesto, pero nos encontramos con un problema de gestión o de mala coordinación que retrasa las ayudas y prestaciones a plazos insostenibles. Por esta razón decimos que existen derechos subjetivos que están oscurecidos por la amenaza de la disponibilidad presupuestaria o los fallos en la gestiónee, con una incidencia directa en la prestación de servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.

Somos conocedores de que la protección de los derechos sociales precisa de un importante gasto público. Como digo con frecuencia, asumo que el Estado de Bienestar precisa de una importante suficiencia presupuestaria. Pero si queremos una sociedad igualitaria, los derechos vinculados al Estado de Bienestar deben tener prioridad sobre los criterios económicos. Hay que encontrar la manera de que la financiación para estos derechos esenciales estén blindados y no queden al albur de la coyuntura económica. 

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