El Defensor del Pueblo andaluz eleva al Parlamento propuestas de mejora para la aplicación de la ley de Muerte digna

El Defensor propone a los grupos parlamentarios un debate sobre la eutanasia o el suicidio asistido

La institución dirigida por Jesús Maeztu celebrará el jueves 12 en Córdoba una jornada técnica

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha elevado hoy al Parlamento propuestas de mejora para la aplicación de la ley andaluza 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, conocida como Ley de Muerte Digna, una norma que en su opinión fue referente de toda la legislación posterior que se ha ido aprobando por otras Comunidades Autónomas, así como del proyecto de ley nacional que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados.

En la presentación del informe especial de la institución titulado 'Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos' ante la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, Jesús Maeztu ha avanzado que el Informe tiene como objetivo analizar en qué medida se garantiza en Andalucía el derecho de las personas a morir dignamente, desde una perspectiva eminentemente jurídica y desde el prisma de la tutela de derechos.

De esta manera, el Defensor del Pueblo andaluz ha subrayado como conclusión que, en general, los derechos y garantías que se establecen en la ley se respetan y cumplen en Andalucía, aunque ha advertido “la existencia de determinadas carencias, insuficiencias e inequidades que nos impiden poder afirmar que dichos derechos están plenamente garantizados y se respeten por igual en todo el territorio andaluz y en relación a todas las personas en proceso de muerte”. “Actualmente el sistema no llega a todos aquellos que lo necesitan, lo que provoca que muchos pacientes que serían tributarios de cuidados paliativos fallezcan sin llegar a recibirlos”, ha anotado.

Este comisionado parlamentario ha mostrado su preocupación por la “evidente falta de equidad que existe actualmente en relación al despliegue de medios y recursos que conforman el sistema de cuidados paliativos de Andalucía”, en concreto, por la distribución territorial de los mismos y el perjuicio causado a las personas que residen en zonas rurales, “cuyas posibilidades de acceso a los recursos avanzados de cuidados paliativos es mucho más limitada que las de las personas que residen en núcleos urbanos, llegando incluso a ver cuestionado su derecho a optar por el domicilio como lugar donde recibir la asistencia y vivir la etapa final”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo andaluz y Defensor del Menor de Andalucía ha añadido que la atención paliativa de las personas menores de edad constituye uno de los aspectos más deficitarios del sistema, por su falta de respuesta específica a las connotaciones especiales que presenta este colectivo. “Nos preocupa que no esté resuelta la atención del paciente pediátrico en el domicilio, lo que determina que un porcentaje muy elevado de niños y adolescentes estén falleciendo en los hospitales en contra de sus deseos y el de sus familias”.

Otras cuestiones apuntadas por el Defensor del Pueblo andaluz han sido la actualización del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos; la reclamación para que se incorporen psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas previstos en este plan; la situación de los pacientes no oncológicos, que siguen siendo la asignatura pendiente en cuanto al pleno disfrute de los derechos que reconoce la ley o el derecho de los pacientes en situación terminal a ser alojados en habitaciones individuales, entre otras cuestiones.

El Defensor del Pueblo andaluz ha aprovechado para resaltar el trabajo de los profesionales integrados en los recursos avanzados de cuidados paliativos y se ha pronunciado sobre el debate social existente en torno a la posible legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. El Defensor ha propuesto la adopción por parte del Parlamento andaluz de una Resolución adoptada por los grupos políticos con representación parlamentaria, tras un proceso de debate participativo en el que se fomente y promueva la intervención activa de la ciudadanía mediante una campaña informativa y la puesta en funcionamiento de herramientas que posibiliten la presentación de propuestas y la formulación de iniciativas por parte de personas o colectivos.

“Hemos vivido durante siglos tratando de ignorar a la muerte y ahora nos vemos en la necesidad de tener que convivir con ella y sentir su presencia como una parte más de nuestra cotidianidad social y familiar. Quizás ha llegado el momento de dedicar un poco más de atención a ese periodo ineludible de nuestro proceso vital y de reflexionar sobre las condiciones en que el mismo se desarrolla. Este Informe no pretende otra cosa que impulsar esa reflexión, propiciar un debate social y favorecer la adopción de medidas que garanticen realmente el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte”, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.

La institución celebrará el próximo jueves 12, en la ciudad de Córdoba, una jornada profesional con la que pretende impulsar esa reflexión, propiciar un debate social y favorecer la adopción de medidas que garanticen realmente el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte. Participarán profesionales de equipos de cuidados paliativos y otros sanitarios, gestores de salud, asociaciones de juristas y de familiares, y profesores universitarios, entre otros.