El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha comparecido hoy en Bruselas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y ha reclamado a las instituciones europeas que impulsen la adopción de las medidas necesarias para que el proyecto del gaseoducto de Doñana "se suspenda definitivamente, en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental", que ya ha comenzado a ejecutarse.
En su intervención ante la Comisión de Peticiones, Maeztu ha agradecido la sensibilidad que las instituciones de la Unión Europea están mostrando sobre la necesidad de conservar el Espacio Natural de Doñana e impedir actuaciones que pongan en riesgo su futuro. De esta manera, el Defensor del Pueblo andaluz ha relatado las actuaciones que la institución lleva a cabo sobre las amenazas a este espacio natural, entre ellas, el proyecto de gaseoducto, que "preocupa, muy seriamente, a gran parte de la ciudadanía, al movimiento ecologista, a distintos grupos políticos y a diversos miembros e instituciones de la comunidad científica".
"Debemos tener muy presente que gran parte del trazado de este proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos", ha detallado Jesús Maeztu ante esta Comisión, en la que minutos antes también ha intervenido el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo.
Para el Defensor del Pueblo andaluz, "con la información que poseemos, la ejecución del proyecto de gaseoducto de Doñana no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana".
Jesús Maeztu ha fundamentado este pronunciamiento, en primer lugar, en que "no se ha realizado, tal y como viene exigiendo la Normativa Comunitaria europea, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una evaluación conjunta de los cuatro tramos antes de ejecutar el proyecto. Esto, con la finalidad de que se lleve a cabo un completo análisis de las afecciones acumuladas y sinérgicas que podrían producirse sobre los hábitats y las especies amparadas por la Directiva de Hábitats, derivadas de su ejecución".
En segundo lugar, para el Defensor del Pueblo andaluz, y tal y como se desprende del informe del CSIC en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) efectuadas sobre cada uno de los cuatro tramos en que se había dividido el proyecto “no se identifican ni valoran los riesgos asociados a la inyección de gas en el subsuelo”. Esto pese a que “el proceso de inyección de gas puede provocar movimientos sísmicos y que su valoración debería haberse incluido en la declaración de impacto ambiental”. De hecho, Jesús Maeztu ha aludido al depósito natural de gas de la denominada plataforma Castor que ha sido paralizada, por el Gobierno de la Nación, por la aparición de sismicidad tras su puesta en marcha.
En tercer y último lugar, Jesús Maeztu ha reseñado que según el informe enviado por el Instituto Geológico y Minero de España al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, el emplazamiento de los proyectos podría no ser el idóneo, y no permite despejar adecuadamente las dudas existentes sobre la viabilidad de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas en Doñana.
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