El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha entregado hoy el informe especial Muerte Digna. Dignidad y derechos al presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán. El Defensor del Pueblo andaluz ha valorado positivamente la aplicación de la Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, una iniciativa que se ha convertido en referente para otras comunidades autónomas, y cuya aplicación, en general, respeta y cumple con los derechos y garantías que se establecen en la ley. No obstante, el Defensor del Pueblo andaluz ha advertido sobre la existencia de determinadas carencias, insuficiencias e inequidades que evitan que dichos derechos están plenamente garantizados y se respetan por igual en todo el territorio andaluz.
“Actualmente, el sistema no llega a todos aquellos que lo necesitan, lo que provoca que muchos pacientes que serían tributarios de cuidados paliativos fallezcan sin llegar a recibirlos”, ha comentado Jesús Maeztu en rueda de prensa tras la entrega de este informe especial. Esto en un contexto en el que el progresivo envejecimiento de la población y el aumento del número de personas afectadas por enfermedades crónicas y pluripatológicas va a suponer un reto para el sistema público de salud.
Entre algunas de estas carencias se encuentra las limitaciones de acceso al sistema de cuidados paliativos en zonas rurales; el déficit en la atención paliativa a las personas menores de edad; la situación de los pacientes no oncológicos, que necesitan una atención equivalente a la de éstos, o la incorporación de medios personales y materiales establecidos en el propio Plan de Cuidados Paliativos, en particular, la incorporación de los psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas.
En cuanto al derecho de los pacientes en situación terminal al acompañamiento de sus familiares y a la confidencialidad, su cumplimiento está muy condicionado por el lugar en el que los mismos permanezcan, resultando con frecuencia incumplidos cuando los pacientes se encuentran en la UCI o en urgencias. Asimismo, el derecho de los pacientes en situación terminal a ser alojados en habitaciones individuales no siempre se respeta, especialmente en momentos de especial demanda asistencial. Por último, a la institución le preocupa el excesivo peso que se hace recaer sobre las personas que deciden cuidar de sus familiares en situación de terminalidad en su propio domicilio. “Se les pide demasiado y se les ayuda poco”, ha comentado Jesús Maeztu.
“Hemos vivido durante siglos tratando de ignorar a la muerte y ahora nos vemos en la necesidad de tener que convivir con ella y sentir su presencia como una parte más de nuestra cotidianidad social y familiar. Quizás ha llegado el momento de dedicar un poco más de atención a ese periodo ineludible de nuestro proceso vital y de reflexionar sobre las condiciones en que el mismo se desarrolla. Este Informe no pretende otra cosa que impulsar esa reflexión, propiciar un debate social y favorecer la adopción de medidas que garanticen realmente el derecho de las personas a la dignidad en el proceso de muerte”, ha concluido el Defensor del Pueblo andaluz.
Para la elaboración de este informe, se han celebrado tres jornadas de debate y reflexión con los colectivos o sectores mas directamente implicados: los pacientes y cuidadores, los profesionales y los gestores. Asimismo, con carácter complementario, se han realizado diversas visitas para conocer la realidad de los dispositivos hospitalarios destinados a esta atención, en particular las Unidades de Cuidados Paliativos, de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos y con profesionales pertenecientes a los niveles de atención primaria o especializada con especial relación con pacientes en situación de terminalidad. Además, la institución ha elaborado una encuesta anónima a través de nuestra web, dirigida a pacientes, familiares y cuidadores que quisieran trasladarnos sus experiencias en relación con el proceso de muerte en Andalucía.
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