Actuamos de oficio por los retrasos en las obras de reparación del tramo Carchuna-Castell de Ferro, en la A-7

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Reanudan  las obras de reparación del tramo Carchuna-Castell de Ferro, en la A-7, del deslizamiento que sufrió en diciembre de 2016.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas y la Subsecretaría de Fomento nos informaron del retraso de la ejecución de las obras, aunque ya habían comenzado de nuevo las mismas.

12-06-2017 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, que el último tramo inaugurado de la A-7, Carchuna-Castell de Ferro, ha sufrido desperfectos y se encuentra hundido parcialmente desde el mes de diciembre de 2016, cuando se cortó uno de los carriles en el kilómetro 344 por culpa de un deslizamiento de tierras.

Se añade que, cuando tuvo conocimiento de ello, el Gobierno de la Nación ordenó una intervención urgente por valor de 2,4 millones de euros. Una inversión significativa que no sólo incluía la reparación de la carretera en este punto sino también los estudios necesarios para decretar las causas del hundimiento y un plan de actuaciones para tratar de contener futuros movimientos que puedan volver afectar a la carretera en este tramo.

También se alude a que las obras de emergencia deberían haber empezado en Marzo de 2017, pero se estaría pendiente de una autorización que debe dar la Junta de Andalucía para efectuar una voladura en la zona afectada y que permitiría el inicio de las obras.

Pero este permiso que debería emitir, según estas informaciones, la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, se encuentra condicionado a otro que debe librar el Ministerio de Medio Ambiente y es que, al parecer, el 17 de Enero de 2017 la constructora del tramo solicitó permiso para un proyecto de voladuras especiales en la A-7 a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y ésta le pidió a la Delegación de Medio Ambiente los informes correspondientes para dar o no esa autorización. Así las cosas, se indica que, desde el Servicio de Protección Ambiental de la Junta en Granada, se expresó a la Demarcación de Carreteras del Estado que es el Ministerio de Medio Ambiente el órgano competente para decidir si esa obra de emergencia está acogida a la declaración de impacto ambiental del tramo en sí o si supone una modificación del proyecto inicial que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.

Es decir, la Junta insta al Ministerio a que concrete si con el informe ambiental del tramo -de 2002- se puede dar el permiso de voladuras. Y es que se podrían remover unos 300.000 metros cúbicos de arena y materiales. Una vez recibida esta documentación se procederá a emitir el informe requerido por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta sobre el proyecto de voladuras.

Por último, las noticias señalan que la Subdelegación del Gobierno de Granada está a la espera del pronunciamiento del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del posterior informe del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

A la vista de esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio con objeto de dirigirnos a la citada Dirección General de Industria, Energía y Minas para conocer su posicionamiento acerca del problema expuesto, señalando aquellas actuaciones que, desde la Dirección General, se estuvieran impulsando con objeto de que las citadas obras, tan necesarias para la zona, puedan dar comienzo a la mayor brevedad posible, solventando las autorizaciones y trámites preceptivos para ello con la mayor celeridad.

03-11-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

En la respuesta que nos remitió la Dirección General de Industria, Energía y Minas se señalaba que el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emitió informe, enviado también a la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, en el que se dictaminaban una serie de condiciones ambientales en la ejecución de la obra de emergencia que conllevaba las voladuras proyectadas.

Por parte de la Subsecretaría de Fomento se nos remitió informe de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental del que se desprendía que, una vez emitido el permiso del proyecto de voladuras por parte de la Administración Autonómica, las obras de emergencia de la A-7 comenzaron a finales de julio de 2017, previéndose su finalización para el mes de diciembre de ese mismo año.

Así las cosas, dado que el asunto se encontraba en vías de solución, procedimos al archivo de este expediente de queja.