Queja número 17/1582
La interesada exponía que era victima de violencia de género y tenía una orden de alejamiento en vigor de 500 metros. Estaba viviendo en el domicilio de su madre con sus dos hijos.
Recibía del Ayuntamiento una ayuda de 266 euros para alimentos de emergencias, de la cual le debían todavía enero, febrero y marzo. Le habían asignado una casa de Procasa, pero no había podido firmar el contrato porque le pedían que realizase un ingreso de 65 euros en una cuenta de Unicaja que no podía efectuar. En Procasa le dijeron que esperase a que le pagaran la ayuda de emergencia para realizar el ingreso.
Afirmaba que recogía cosas en los contenedores de basura para venderlas los domingos en el mercadillo para poder comer, pero la Policía siempre la echaba porque llevaba más de 2 años esperando la licencia y no se la daban.
Solicitamos informe al Ayuntamiento de Cádiz, quien nos comunicó que la interesada acababa de empezar a trabajar a través del Programa de Apoyo a la Contratación, con una duración del contrato de 3 meses y un sueldo aproximado de 700 € al mes. Convivía en una vivienda social, que le acababan de adjudicar a través de Procasa a su madre, que era beneficiara de la Ley de Dependencia aunque estaba a la espera de la aplicación del recurso propuesto en el PIA elaborado. Hasta ese momento, habían estado recibiendo una ayuda periódica de alquiler, la cual oscilaba entre el 75%-90% de la renta mensual, en función de los ingresos y de la situación socioeconómica de la familia.
Considerando que el asunto planteado se encontraba en vía de solución, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
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