Colapso en la Justicia Social: ratificamos el problema

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Sin dejar de agradecer el esfuerzo colaborador de la Consejería, no podemos por menos que ratificar la continuidad de una situación gravemente insatisfactoria para el normal funcionamiento de estos órganos judiciales ante la carencia del personal necesario y la manifiesta insuficiencia de órganos de lo social para Sevilla.

Por ello, desde el Defensor del Pueblo Andaluz persistiremos en el seguimiento de la situación de estos Juzgados y ofreciéndonos para todas las actuaciones que ayuden a la dotación de un sistema judicial eficaz y acorde con el significado de un Estado Social y Democrático de Derecho.

En fechas recientes hemos tenido conocimento de la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Sevilla. Con ser una satisfactoria noticia, el rango del problema acumulado de retrasos y el nivel de asuntos de entrada acogidos por una situación de colapso no permite aventurar mejoras sustanciales.

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía.

Estas quejas son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.

Sin embargo, entre la variedad de supuestos y órganos afectados, esta Institución procura realizar un imprescindible ejercicio de análisis en razón de su gravedad y de su trascendencia para los derechos y libertades afectados. Ciertamente, la amplitud de los problemas que se desprenden en las quejas exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.

Esta nota de especial singularidad la venimos apreciando con motivo de repetidas quejas que se tramitan en relación con las actuaciones de los Juzgados de lo Social de Sevilla.

En un ejercicio recopilatorio de los últimos cuatro años, podemos citarle varios expedientes de queja que son coincidentes en manifestar graves dilaciones a la hora de ofrecer las citaciones y respuestas previstas en los respectos procedimientos.

En la queja 11/1991, afectante al Juzgado de lo Social nº5 de Sevilla, sobre prestaciones por desempleo se señala juicio dentro de dos años. En la queja 11/5643, el Juzgado de lo Social nº3 señala la fecha de juicio sobre reclamación de cantidad para Noviembre de 2014 (más de tres años de espera). Podemos añadir la queja 13/1220, también del nº3 que cita para el juicio sobre pensión de viudedad a Marzo de 2016. El Juzgado de lo Social nº5 nos confirma que el asunto de la queja 13/4920, sobre pensiones, se celebrará a los tres años; o, la queja 13/5767, donde el Juzgado nº3 cita para Febrero de 2017 el juicio sobre reclamación de cantidad. Y el Juzgado de lo Social nº9 señala una demanda registrada en Septiembre de 2013 para Febrero de 2016, según consta en la queja 13/6713.

Durante el presente ejercicio de 2014 la situación parece, desafortunadamente, consolidad lo que ratifica nuestra preocupación. Así en la queja 14/588 un letrado evidencia citaciones de los Juzgados de lo Social nº3 y nº5 con cuatro años de retraso. La queja 14/1307 relata la citación del nº5 señalando juicio sobre prestación de invalidez para Febrero de 2016; y la queja 14/3312 del Juzgado Social nº9 cita una reclamación de cantidad a juicio tres años y medio desde la fecha de su demanda.

En todas las quejas tramitadas, como es preceptivo, nos hemos dirigido a la Fiscalía para conocer los detalles de las reclamaciones expresadas por las personas afectadas. Es, a partir de estos informes de la Fiscalía, cuando hemos podido confirmar los plazos que hemos relatado y que ratifican, una tras otra, la estricta veracidad de estos retrasos (es cierto que recibimos en 2011 la queja 11/1991 relativa al Juzgado de lo Social nº1 pero, ciertamente, no hemos vuelto a recibir queja de esta naturaleza referida a tal órgano judicial).

Así pues, y a falta de mayores datos que permitieran realizar un análisis más detenido, la valoración que podemos ofrecer es la presencia de graves dilaciones repetidas en las quejas comentadas y que señalan a tres órganos que protagonizan estas deficiencias; es decir, los Juzgados de lo Social de Sevilla número 3, número 5 y número 9.

Desde que se reciben estas quejas, hemos procurado manifestar no sólo nuestra grave preocupación por el caso concreto analizado, sino solicitar las medidas correctoras que eviten una reiteración de supuestos tan graves. Desafortunadamente, nada más lejos de la realidad; seguimos siendo receptores de quejas de ciudadanos que ponen de manifiesto que lejos de mejorar, la situación se hace permanente e incluso se agrava.

Así, hemos permanecido atentos a esta situación que se confirmaba en los sucesivos expedientes, individualmente tramitados. Pero con motivo de la investigación desarrollada en la queja 14/1307 recibimos un informe de la Fiscal Jefe de Sevilla, que traslada el escrito evacuado por el titular del Juzgado de lo Social nº5 quien manifiesta:

“El número de asuntos sociales repartidos ha superado con creces el módulo de entrada (establecido por el CGPJ en 850 asuntos/año) ... Las cifras de sentencias dictadas hablan por sí solas de las razones por las que los señalamientos a juicio se van paulatinamente distanciando respecto de las fechas de entrada de asuntos en el juzgado y que no son otras que el exponencial aumento de los asuntos por encima de los que puede soportar un juzgado de esta clase...” (18 Mayo 2014).

Así mismo, la titular del Juzgado de lo Social nº3 informa con motivo de la queja 14/588 que:

“Quiero poner de manifiesto que, pese el extremo esfuerzo que está volcando el Juzgado por dar satisfacción a la inasumible carga de trabajo, el resultado no deja de ser desolador con los señalamientos acordados, como es el caso que nos ocupa, tan a largo plazo con la situación de desesperación del justiciable que se encuentra en esa circunstancia” (25 Marzo 2014).

Como último ejemplo de la información que venimos recibiendo sobre esta grave situación podemos aludir al informe evacuado por la Fiscal Jefe de Sevilla de fecha 1 de Agosto de 2014 que señala sobre la queja 14/3312:

“.. omito dar traslado de la queja al Juzgado de lo Social nº9 de Sevilla, incrementado su trabajo, dado que es conocido por ese órgano al que me dirijo, debido a precedentes quejas contestadas por esta Fiscalía, la situación de los Juzgados de lo Social de esta ciudad debido al incremento de litigiosidad registrada en los últimos años”.

Debemos señalar que tales informaciones trasladadas desde la Fiscalía no suponen una sorpresa en orden a la ratificación de un problema que sucesivamente se ha venido poniendo de manifiesto queja tras queja analizada; pero sí deducimos un punto singular de agravamiento de la situación a partir de las previsiones ofrecidas. Incluso las medidas de refuerzo que se nos han comunicado desde los propios órganos judiciales (una magistrada-jueza de adscripción territorial para los once Juzgados de lo Social de Sevilla y dos jueces titulares en comisión de servicios) se consideran manifiestamente insuficientes y muy alejadas de la propuesta formal de creación de seis nuevos Juzgados de lo Social que no ha sido atendida por los órganos competentes del Ministerio de Justicia.

Como puede comprobarse, la situación que hemos intentado poner de manifiesto, amenaza con trascender los problemas individuales expresados en cada queja y suponer un grave déficit que afecta a toda la ciudadanía que se ve impelida a acudir a los órganos judiciales en cuestión, suponiendo una grave disfunción que en nada favorece a la credibilidad de la Justicia.

Por tanto, esas manifestaciones, y el pronóstico que realiza la Fiscalía de la situación de los Juzgados de lo Social de Sevilla, han sido determinantes para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación.

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido.

02-12-2015 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La tramitación del presente expediente de queja ha permitido realizar un análisis de la situación que pesa sobre los Juzgados de lo Social de Sevilla y que dio lugar, como conoce, a la formulación de una Resolución dirigida a esa Consejería que ha merecido su contestación formal, conforme dispone el artículo 29.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz.

En dicha respuesta destacamos dos escenarios de medidas correctivas. De un lado, el refuerzo de plantillas funcionariales para atender las tareas de naturaleza tramitadora de los Juzgados de lo Social de Sevilla; y de otro, la decida e inaplazable medida de creación de dos nuevos Juzgados.

De la respuesta recibida deducimos que las medidas de aumento del personal destinado a estos órganos no resulta posible. El cupo de funcionarios de refuerzo está completamente agotado por encontrarse prestando sus servicios en otros destinos y el incremento neto de plantillas está vetada por la normativa presupuestaria de restricción del gasto público.

Y, por lo que respecta a la creación de dos nuevos Juzgados de lo Social, estas peticiones ha sido sucesivamente desatendidas por el Gobierno de la Nación a quien compete la creación de tales órganos.

Sólo podemos añadir la esperanza de que el Plan de Refuerzo, elaborado desde el Decanato de Sevilla pueda ofrecer cuando menos unos resultados paliativos frente a la deficiente organización y funcionamiento de la jurisdicción social en Sevilla.

Sin dejar de agradecer el esfuerzo colaborador de la Consejería, no podemos por menos que ratificar la continuidad de una situación gravemente insatisfactoria para el normal funcionamiento de estos órganos judiciales ante la carencia del personal necesario y la manifiesta insuficiencia de órganos de lo social para Sevilla.

Por ello, desde el Defensor del Pueblo Andaluz persistiremos en el seguimiento de la situación de estos Juzgados y ofreciéndonos para todas las actuaciones que ayuden a la dotación de un sistema judicial eficaz y acorde con el significado de un Estado Social y Democrático de Derecho.

En fechas recientes hemos tenido conocimento de la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Sevilla. Con ser una satisfactoria noticia, el rango del problema acumulado de retrasos y el nivel de asuntos de entrada acogidos por una situación de colapso no permite aventurar mejoras sustanciales.