Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 14/1285 dirigida a Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)
Una vez recibida la respuesta de dicho organismo, a la vista de su contenido, podíamos afirmar que prácticamente habían sido asumidas casi la totalidad de las Recomendaciones efectuadas por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, aunque también estimamos oportuno efectuar algunas consideraciones o aclaraciones tanto respecto de algunas de ellas como de la respuesta recibida.
04-05-2014 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO
Desde hace varios años, venimos abriendo quejas de oficio para realizar un seguimiento del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía. El pasado año abrimos la queja número 13/1547, que se inició a tenor de algunas quejas que habían llegado a la Institución sobre la paralización de los pagos en los primeros meses del año, cuando éstos se venían realizando con normalidad en meses anteriores.
En esa ocasión, nos dirigimos trasladando junto a esa denuncia lo recogido en la Recomendación segunda emitida en el año 2012, en la que hacíamos previsiones de un incremento notable en el número de solicitudes de proseguir la situación de crisis y desempleo que vive el país, como así ha sido, e incidíamos en las disfunciones que ello podría producir en el Programa.
En esa Recomendación solicitábamos que hasta tanto se pusiera en marcha la norma que regulase la Renta Básica, debido al incremento exponencial de las solicitudes presentadas, se aumentara la partida presupuestaria en la cuantía necesaria para que ninguna solicitud que cumpliendo los requisitos previstos en la norma se quedara sin percibir la ayuda.
A ello se nos vino a decir, en respuesta a la Recomendación mencionada, que “la Consejería tenía previsto en esta legislatura poner en marcha la Renta Básica de Inserción que permita una mayor cobertura a la población, a la vista de los últimos datos de personas sin ingresos en nuestra Comunidad Autónoma”.
Sin embargo, en esa queja trasladamos que la situación del Programa, en aquel momento, parecía debilitarse lejos de responder a nuestras propuestas de incrementar su cobertura y, con ello, los recursos económicos necesarios para su sostenimiento, al menos por la imagen que se proyectaba al inicio del año.
Esta situación de paralización del programa se ha vuelto a producir en los meses de Enero y Febrero de 2014, con un efecto multiplicador debido al incremento experimentado en el número de personas beneficiarias.
En esta ocasión, el número de personas que se han dirigido a esta Defensoría manifestando su malestar por la suspensión de la ayuda, ha sido significativamente mayor que en años anteriores, y ello nos lleva a considerar que estos hechos tiene que ver no solo con las dificultades de gestión del Programa, como se nos decía, sino con la gestión del Presupuesto Anual en el primer mes del año por la Administración Autonómica, ya que hasta el veinte de Enero, fecha aproximada en que se produce el pago de esa mensualidad, aún está vivo, a efectos de la Intervención Delegada, los expedientes del año anterior, lo que supone que le presupuesto anual no empieza a estar operativo hasta avanzada esa fecha.
Ello, por cuanto que al venir consignado en el Capítulo IV del Presupuesto la partida de este Programa, no tiene la prioridad que se aplica a otros capítulos presupuestarios, por lo que una vez operativo se deben realizar todas las gestiones administrativas internas en las Delegaciones Territoriales para el abono de las ayudas individuales, normalizándose en meses posteriores.
Por ello, consideramos que una posible alternativa sería darle un carácter prioritario a estas ayudas, debido al significado social del Programa, para que la demora en el ingreso del mes de enero se reduzca a solo unos días, ya que para los perceptores y familia es, como bien sabemos, el único ingreso que reciben para su sostenimiento, como hemos podido comprobar en personas que han llegado a la Institución manifestando la imposibilidad de hacer frente a las necesidades mas básicas como son: agua, luz, gas o alimentos.
Por último, resaltar que se ha avanzado de forma considerable en la extensión del Programa, así como en el esfuerzo económico realizado a finales del pasado año para incrementar su cobertura y atender el mayor número posible de demandantes.
Sin embargo, este avance queda desfigurado para muchos de nuestros reclamantes debido a la tardanza en la resolución de la petición, así como a la suspensión, en algunos casos, durante un periodo del año.
A este respecto, no es la agilidad administrativa un dato que podamos destacar del Programa de Solidaridad, a pesar de que existiera dicha intencionalidad en el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de Abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social. En éste se vinculaba la resolución de los expedientes a dos meses desde su presentación, creando para ello un refuerzo administrativos en aquellas Delegaciones Territorial con mayores cargas de trabajo. A pesar de esto, se siguió incumpliendo el plazo previsto, al menos en algunas provincias.
En cuanto al número de solicitudes concedidas, creemos que ha existido una clara voluntad de mejorar y cubrir el mayor número posible de personas demandantes, pero los datos son fiel reflejo de los efectos devastadores de la crisis en nuestra Comunidad Autónoma, por lo que resulta necesario disponer de su consolidación presupuestaria y su incremento a la situación real, en la medida de lo posible, ya que de no ser así estaríamos de nuevo ante situaciones parecidas a las vividas con anterioridad.
En vista de todo ello, se ha incoado queja de oficio, al amparo de la posibilidad que prevé el artículo 10, apartado 1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, con la intención de conocer los datos de aplicación del Programa de Solidaridad en el año 2013, referidos a su distribución provincializada debiendo quedar reflejado: número de personas usuarias, cuantía de la distribución por provincias, tiempo de espera para acceder al programa y previsiones económicas para el año 2014.
Finalmente, en relación a los problemas surgidos en torno a la paralización y/o suspensión de los pagos que se venían realizando y que se ha producido en el mes de Enero, medidas a tomar para corregir tal disfuncionalidad, estables y con perspectiva de futuro para que en los próximos ejercicios económicos no vuelvan a producirse.
26-06-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO
Una vez recibida la respuesta de dicho organismo, a la vista de su contenido, podíamos afirmar que prácticamente habían sido asumidas casi la totalidad de las Recomendaciones efectuadas por lo que dimos por concluidas nuestras actuaciones, aunque también estimamos oportuno efectuar algunas consideraciones o aclaraciones tanto respecto de algunas de ellas como de la respuesta recibida.
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