¿Existe insuficiencia de personal y suspensión de vistas en el juzgado de cláusulas suelo de Cádiz?

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Confiamos en los impulsos y las gestiones ante la insuficiencia de persona en el juzgado de cláusulas suelo en Cádiz.

27-12-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Las quejas 17/962 y 17/3071 se tramitaron para estudiar los mecanismos de organización que se estudiaban aplicar en los juzgados andaluces para atender las reclamaciones derivadas de la situación del colapso de asuntos judiciales por cláusulas suelo. Así la queja 17/962 se incoó en su día para anticipar y conocer las medidas que podían adoptarse para abordar este problema; y la queja 17/3071 fue tramitada de oficio para conocer de primera mano los graves fallos en la puesta en marcha de los juzgados andaluces designados por el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 25 de Mayo.

Tras la tramitación de ambas quejas, el Defensor del Pueblo Andaluz, formuló a la Consejería de Justicia e Interior las siguientes Resoluciones:

RECOMENDACIÓN para garantizar la aplicación efectiva del Acuerdo de 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el seno de los juzgados andaluces seleccionados y disponer el conjunto de medidas incluidas en dicho acuerdo conforme a las responsabilidades de la Consejería de Justicia e Interior.

SUGERENCIA a fin de impulsar las medidas que logren una dotación adecuada de nuevos órganos judiciales conforme a las necesidades que vienen siendo reclamadas por el Tribunal Superior de Justicia, los operadores jurídicos y esa misma Consejería de Justicia e Interior.

Pues bien, el 28 de Diciembre de 2017 se produce un Acuerdo del CGPJ por el que se define un nuevo plan que dice responder a la evolución que han seguido estos asuntos, que a fecha de 17 de diciembre arrojaba un total de 156.862 demandas en todo el territorio nacional (Andalucía estaba a la cabeza). Además, el CGPJ explica que se han tomado en consideración los compromisos adquiridos en materia de refuerzos por las Administraciones con competencias en materia de Justicia. Ello ha supuesto añadir en cinco de las ocho provincias nuevos juzgados para atender estas demandas, lo que debería mitigar el impacto de asuntos que, casi desde el primer momento, hizo inoperativo el Acuerdo del CGPJ inicial de Mayo.

Por su parte, la Consejería respondió cumplidamente a las Resoluciones dictadas señalando que:

“En primer lugar, se acepta la Recomendación expuesta por el Defensor del Pueblo Andaluz ya que por parte de esta Consejería ya se han adoptado las medidas necesarias para la aplicación del Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, habiéndose procedido al nombramiento de los 44 refuerzos previstos.

Por otra parte, hay que indicar que para el año 2018, en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se prevé (una vez se apruebe el mismo en el Parlamento de Andalucía) la consignación presupuestaria necesaria para continuar con dicho plan de refuerzo.

Por lo expuesto, se acepta la sugerencia del Defensor del Pueblo Andaluz y se informa que por los órganos directivos competentes de esta Consejería se están realizando las actuaciones necesarias para llevar a cabo la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios a fin de poder poner en funcionamiento los órganos judiciales en las fechas que se determinen por el Ministerio de Justicia” .

Además, el propio CGPJ ha acordado prorrogar estas medidas especiales hasta finales del presente ejercicio de 2018.

En tanto en cuanto, se ha publicado en algunos medios de comunicación declaraciones de titulares de los órganos judiciales con competencia en la materia en Cádiz sobre la situación de falta de personal del órgano inicialmente competente en esa demarcación (Primera Instancia nº 2).

En concreto ―y a falta de conocer el criterio de esa Consejería― se expresa por la jueza titular que “la carga de trabajo es inasumible si tenemos en cuenta el personal del que disponemos: ocho funcionarios, un LAJ y una jueza”. Añade esa misma fuente que al día de la fecha, 26 de octubre de 2018, se están empezando a despachar las demandas presentadas en abril y se añade que “hemos optado por paralizar las fechas de los juicios hasta que el juzgado se se vea reforzado”. No resulta necesario recordar la sobrecarga de trabajo que pesa en estos órganos judiciales y el impacto que esta potencial litigiosidad está provocando en su funcionamiento ya de por sí absolutamente saturado de asuntos.

Además, a esta peculiar situación, se le añaden otras noticias que aluden a que, mediante resolución de ese mismo órgano judicial, se han suspendido las vistas en estos procedimientos a la espera de una clarificación jurisprudencial a cargo del Tribunal Supremo. Desconocemos si esta media ha tenido otros ejemplos en diferentes órganos judiciales competentes en estas materias.

La presente actuación se inicia al amparo de la competencia sobre medidas organizativas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta de Andalucía atendiendo a lo dispuesto en los artículos 29 y 80 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia.

Es por ello que se viene a proponer, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, iniciar actuación de oficio y, en el marco de las competencias atribuidas al correspondiente Departamento de esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos.

02-04-2019 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha remitido un detallado informe de 18 de Marzo, en el que se repasan las medidas adoptadas para asignar a este juzgado los recursos de personal necesarios. Así, entre otros aspectos, nos indica:

“- La inversión presupuestaria sólo en materia de personal realizada durante la anualidad del 2017 tuvo un coste económico de 669.110,00 euros que se elevo en la anualidad de 2018 hasta los 1.217.900 euros como consecuencia de la implantación, durante el primer semestre de ese año, de los nuevos Juzgados de 1a Instancia n.º 8, 9, 11, 20 y 29 en Huelva, Almeria, Córdoba, Málaga y Sevilla, respectivamente, con competencias exclusivas y excluyentes en la materia. Es preciso hacer constar que, debido a las necesarias políticas de contención de gasto público, y a la prórroga para la anualidad presente de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucia para el año 2018, el gasto asignado para el personal de refuerzo actualmente es de carácter limitado por lo que a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido no es posible, de momento, proceder a una ampliación sustancial en este sentido.

- Por lo que se refiere al Juzgado bis, ubicado en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cádiz, en la actualidad cuenta con una plantilla de personal de refuerzo consistente en 2 Gestores, 3 Tramitadores y 1 Auxilio judicial que dan soporte a la prestación del servicio en el citado Juzgado Junto con el Juez de refuerzo y el Letrado de la Administración de justicia que han sido proveídos por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, respectivamente. La plantilla inicial del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Cádiz se conformaba, en su caso, con 3 Gestores, 4 Tramitadores y 1 Auxilio judicial.