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Hundimiento en sede judicial de Estepona: actuamos de oficio

Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 18/1844 dirigida a Consejería de Justicia e Interior

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha venido desarrollando una larga trayectoria de atención ante la situación general del funcionamiento de los órganos judiciales al igual que sobre sus instalaciones, sedes y medios materiales.

Según las informaciones ofrecidas por varios medios de comunicación del pasado 21 de Marzo, en días anteriores se produjo un desprendimiento de parte del techo de las dependencias y sobre la fachada del inmueble donde se ubican sedes judiciales en la avenida Puerta del Mar en Estepona, correspondientes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de la localidad malagueña.

Dicha información concreta que ese desperfecto se ha producido precisamente en un espacio de acceso al público y, desde luego, en el escenario donde desarrollan sus trabajos el personal adscrito a dicho órgano judicial. Según se indica, fuentes sindicales manifestaron que “las goteras y filtraciones de agua han sido constantes en estas instalaciones desde que fueran acondicionadas para su uso como sede judicial, y así lo ha denunciado ante la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía en numerosas ocasiones, sin que se hayan efectuado reformas estructurales para solventar la situación. El sindicato denuncia que las instalaciones se inundan cada vez que llueve, afectando a los equipos informáticos y a la zona por donde discurre el cableado de los mismos”.

Sin perjuicio de ajustar la valoración de los hechos, las mismas fuentes añaden que “en los últimos días, además de filtraciones de agua, se han registrado desprendimientos en la zona de la fachada del inmueble, que necesitaron de la intervención de los Bomberos para acordonar la zona por peligro inminente de derrumbe.”

Además se argumenta que “Para CSIF, se ha creado una situación de riesgo que era evitable y que ha puesto en peligro tanto a los funcionarios que trabajan en esta sede, como a los usuarios, que han quedado expuestos ante los desprendimientos y las zonas inundadas. CSIF reclama a la Administración de Justicia que tome medidas urgentes para corregir esta situación y se determinen las posibles responsabilidades del estado en que se encuentran las instalaciones”.

Más allá del daño en el techo citado o en la fachada, nos preocupan manifestaciones ofrecidas desde representantes sindicales que expresan la incidencia en las condiciones de seguridad e higiene que también afectan a los empleados que prestan sus servicios en estas dependencias. En esas informaciones se afirma la persistencia en el tiempo de un estado insatisfactorio de conservación y uso de esta sede judicial.

La anterior circunstancia que motiva la presente queja de oficio, debemos enmarcarla en las actuaciones ya acometidas desde esta Institución para la dotación de una nueva sede judicial para Estepona y su demarcación que permanece entre los proyectos anunciados desde la Consejería y que no ha generado novedades significativas.

Teniendo en cuenta el impacto previsible de esta sobrevenida circunstancia, esta Institución considera oportuno conocer las medidas de respuesta y organizativas en el ámbito de las competencias de ordenación y gestión de medios materiales y personales de la Administración de Justicia que tiene atribuida la Junta de Andalucía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia.

Es por ello que se viene a proponer, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, iniciar actuación de oficio y, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos. En concreto interesa conocer:

  • la evaluación de las causas de los desprendimientos.

  • las consecuencias que haya podido provocar en las instalaciones.

  • la evaluación del impacto que este incidente ha provocado en los actos y servicios que que se hubieran visto aplazados o suspendidos y las medidas de corrección que se hayan adoptado.

  • las acciones de reforma que se hubieran adoptado y, en suma, el calendario de reparaciones que se haya dispuesto.

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