Instamos al Ayuntamiento a que ponga en funcionamiento el punto limpio de la zona de Camposoto, en San Fernando (Cádiz)

El Defensor del Pueblo Andaluz sugiere al Ayuntamiento de San Fernando que agilice los trámites para que el punto limpio construido en la zona de Camposoto, finalizada en 2012, entre lo más pronto posible en funcionamiento, adoptando, mientras tanto, las medidas necesarias para evitar el deterioro de su mantenimiento y conservación.

ANTECEDENTES

El Defensor del Pueblo Andaluz inició esta actuación de oficio ante el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) cuando, por los medios de comunicación, conoció que el punto limpio construido en la zona de Camposoto, cuyas obras finalizaron en 2011, aún no había entrado en funcionamiento, por lo que nos dirigimos al mismo para conocer los plazos de ejecución y coste de esta infraestructura, así como los motivos por los que aún no estaba en funcionamiento y, en su caso, la fecha prevista para el inicio de sus actividades.

De la respuesta municipal se desprendía, en síntesis, que la causa de que no se hubieran puesto en funcionamiento las instalaciones derivaría de “las restricciones económicas y planes de ajuste, que han impedido hasta el día de la fecha la ampliación de la concesión administrativa suscrita con la empresa ...”.

CONSIDERACIONES

Sin embargo, no parece que se tratara de un hecho imprevisible habida cuenta de que la obra se ejecutó y recepcionó en plena crisis económica como lo avala el hecho de que la recepción se llevara a cabo el 3 de agosto del 2011.

Además, pese a la situación de las arcas municipales, resulta del informe que, aunque el citado punto limpio debía ser sufragado por … como mejora prevista en el contrato de limpieza y recogida de residuos, en lugar de la empresa concesionaria, lo ha llevado a cabo el Ayuntamiento. Ello, sin perjuicio de que lógicamente se tenga en cuenta esta circunstancia en el proceso de justificación/liquidación de las mejoras previstas en el citado contrato.

Consideramos, en suma, que es el propio Ayuntamiento el que decide que es necesario ejecutar esta infraestructura para facilitar la gestión de los residuos de carácter específico en la zona sur de la ciudad. Tal decisión se adopta ejecutándose las obras en plena crisis económica y en lugar de asumir su coste, tal y como estaba previsto en el pliego de condiciones, la empresa concesionaria lo afronta el Ayuntamiento sin perjuicio de su repercusión posterior.

Ahora bien, pese al esfuerzo realizado, resulta que este equipamiento no se puede poner en marcha por la situación económica y se pospone su entrada en funcionamiento para 2017, es decir, 6 años después de finalizarse las obras. Mientras tanto, las infraestructuras parece que están sufriendo un importante deterioro.

Consideramos, a la vista de todo ello, que en el caso que nos ocupa no ha habido una gestión adecuada de este servicio público en la medida en que vemos difícilmente justificable el que se lleve a cabo una importante inversión pública sin que se obtenga rentabilidad social alguna durante 6 años e incluso antes de su entrada en funcionamiento se esté produciendo un importante deterioro de ella.

Esta Institución ha abierto un gran numero de quejas de oficio respecto de diversas infraestructuras que fueron ejecutadas o están en curso de ejecución o finalmente han sido paralizadas y que en su día se decidió que se debían de realizar por motivos de interés publico pero que el tiempo transcurrido y la no puesta en marcha de las actividades inherentes a ella, seguida en muchos casos de un fuerte deterioro de las instalaciones evidencia, cualquiera que sean la justificaciones que se puedan aportar, un inaceptable funcionamiento de los servicios públicos que, aún más en tiempo de crisis económica, dañan la imagen de las instituciones publicas.

A la vista de todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA en el sentido de que se agilicen los tramites para que este equipamiento, realmente importante para la ciudad, entre lo más pronto posible en funcionamiento, adoptándose mientras tanto las medidas necesarias para evitar el deterioro de su mantenimiento y conservación.

En todo caso, y con independencia de tener en cuenta el coste que ha representado para el Ayuntamiento la financiación de estas obras, a la hora de afrontar el proceso de justificación/liquidación de las mejoras previsto en el contrato, se debería valorar, también, si al no haber dado cumplimiento en tiempo y forma a esta exigencia del pliego asumida por la empresa como mejora para la obtención del contrato, corresponde aplicar las penalizaciones que pudieran estas previstas en áquel.

Esto último, de confirmarse, en la medida de que no es de recibo que una empresa ofrezca como mejora para la obtención de un contrato el que va a ejecutar un equipamiento y, en su lugar, tenga que afrontarlo el propio Ayuntamiento con cargo a sus presupuestos en una época en la que tantas necesidades públicas hay que afrontar con unos medios limitados.

Ver asunto solucionado o en vías de solución.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz