Investigamos la dotación de magistrados penales en la Audiencia Provincial de Sevilla ante el aumento de macrocausas

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

La Consejería de Justicia e Interior ha remitido un extenso y detallado informe, en el que se repasan las cargas de trabajo, datos de pendencia y de resoluciones.

A la vista de dicha información, creemos que la Consejería comparte en lo sustancial las necesidad de reforzar el número de plazas de magistrados para dicha Audiencia, de tal forma que se ha incluido estas medidas entre las peticiones estudiadas en la Comisión Mixta con el TSJA, responsable. Dichas peticiones se resumen en dotación de 15 plazas de magistrado entre las secciones de las Audiencias de Andalucía (7 civiles, 7 penales y 1 mixta).

Confiamos en que se dote de magistrados penales a la Audiencia Provincial de Sevilla ante el aumento de macrocausas

06-03-2018 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía.

Estas quejas son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior.

Sin embargo, entre la variedad de supuestos y órganos afectados, esta Institución procura realizar un imprescindible ejercicio de análisis en razón de su gravedad y de su trascendencia para los derechos y libertades afectados. Ciertamente, la amplitud de los problemas que se desprenden en las quejas exige una priorización a la hora de destacar aquellos casos que, por la entidad del asunto planteado o por la frecuencia a la hora de implicar a órganos judiciales concretos, despiertan una especial atención y suscitan la consecuente necesidad de procurar una respuesta prioritaria.

Esta nota de especial singularidad en los problemas se aprecia, ahora, con motivo de repetidas quejas que se tramitan en relación con las actuaciones de las distintas secciones que componen la Audiencia Provincial de Sevilla.

En particular, recientes informaciones ofrecidas en los medios de comunicación aluden a que los magistrados a dicha Audiencia “se encuentran con una carga de trabajo muy superior a la media estipulada y que en la actualidad el trabajo de 20 magistrados lo están haciendo 17,5 cuando en realidad se trata de una tarea que deberían repartirse entre 27 magistrados”.

También se añade que “en 2017 recibieron 417 asuntos cada uno de media, en el año 2016 fueron 380,6 y un año antes, en 2015 fueron 372,4. Es una carga de trabajo que supera el 15,5 por ciento la media estipulada por el CGPJ y que se encuentra también por encima de la media nacional. Es una situación de sobrecarga de trabajo que además se ve agravada por la avalancha de macrocausas de corrupción que están entrando en la Audiencia procedentes de los juzgados de instrucción”.

Las previsiones anunciadas “avecinan más de 90 macrocausas, algo que va a alterar el normal funcionamiento de las secciones y que resulta imposible simultánear la celebración de esos juicios de macrocausas, que precisarán la dedicación exclusiva durante meses del tribunal, con la llevanza del resto de asuntos ordinarios de las secciones”.

Esta situación, que hemos recogido, ha sido descrita en declaraciones expresas de los propios profesionales a los que se les supone un conocimiento directo de la situación, a la vez que tales afirmaciones serían descriptivas de, al menos, una grave disfunción que en nada favorece a la credibilidad de la Justicia y sus capacidades. Por tanto, todo ello ha sido determinante para motivar la incoación de esta queja de oficio y procurar ante la Consejería de Justicia e Interior conocer su criterio global en orden a la situación que describimos y las posible medidas que, en su caso, estimen oportuno adoptar para abordar la situación.

Es por ello que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora sobre la posibilidad de iniciar actuación de oficio, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Andalucía sobre la garantía de calidad de los servicios de la Administración de Justicia, en el marco de las competencias atribuidas a esa Consejería de Justicia e Interior, procede solicitar informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido.

16-07-2018 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Consejería de Justicia e Interior ha remitido un extenso y detallado informe, en el que se repasan las cargas de trabajo, datos de pendencia y de resoluciones, tras cuyo estudio viene a concluir lo siguiente:

“Desde el punto de vista de la dotación de personal al Servicio de la Administración de Justicia, entendemos que la dotaciones con que cuenta la Audiencia Provincial de Sevilla son, en principio, adecuadas para el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas. En este sentido, las Secciones Penales cuentan con 20 Magistrados y las Secciones Civiles con 15, lo que supone un total de 35 Magistrados en la Audiencia Provincial.

Para los supuestos eventuales de sobrecarga o necesidades judiciales sobrevenidas, esta Consejería podrá adoptar medidas ordinarias o extraordinarias de refuerzo, como las que actualmente estén acordadas en la Sección Primera, de competencia penal. con el nombramiento de dos tramitadores y un auxilio judicial. La adopción de dichas medidas requerirá la previa solicitud del órgano afectado y la evaluación de la necesidad de su autorización dentro de las disponibilidades presupuestarias.

Igualmente el Presidente de la Audiencia Provincial podrá destinar a personal de los equipos de apoyo a reforzar a la Sección o Secciones de la Audiencia donde considere más urgente la intervención de estos funcionarios cuyo rendimiento es muy reconocido por todos los operadores jurídicos.

Partiendo del reconocimiento del aumento de la litigiosidad y de los asuntos pendientes de resolución experimentado en los dos últimos ejercicios en la Audiencia Provincial de Sevilla, tanto en materia civil como penal, se considera que la medida mas acertada para la mejora de las tasas de congestión que actualmente presenta, sería el aumento de las plazas de Magistrado. En este sentido la Consejería de Justicia e Interior ha previsto solicitar al Ministerio, previa reunión en Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el incremento de dichas plazas en el numero que se considere necesario en dicha Comisión Mixta, una vez ponderadas todas las necesidades de creación de órganos y plazas judiciales que concurran en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Igualmente en el Anexo a la Memoria Anual 2017 del Consejo General del Poder Judicial (correspondiente al ejercicio 2016), elaborada a partir de las valoraciones de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia, se aconseja la necesidad de crear a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las Secciones de las Audiencias de la región, un total de 15 plazas de Magistrados, distribuidas en 7 para las civiles, 7 para las penales y 1 para las mixtas.”

A la vista de dicha información, creemos que la Consejería comparte en lo sustancial las necesidad de reforzar el número de plazas de magistrados para dicha Audiencia, de tal forma que se ha incluido estas medidas entre las peticiones estudiadas en la Comisión Mixta con el TSJA, responsable. Dichas peticiones se resumen en dotación de 15 plazas de magistrado entre las secciones de las Audiencias de Andalucía (7 civiles, 7 penales y 1 mixta).

Confiamos que los impulsos y las gestiones de estas necesidades acreditadas merezcan la prioridad en su aceptación y, finalmente, se dote a este órgano judicial de los recursos que motivadamente se han demandado. Para ello, desde esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz se continuarán realizando las actuaciones necesarias y de seguimiento.