Queja número 16/0923
La interesada indicaba en su queja que desde el mes de diciembre de 2013 se habían venido sucediendo diversas ocupaciones de viviendas en el entorno de su domicilio y que los ocupantes eran personas conflictivas, con antecedentes penales y numerosas denuncias a su cargo.
Al parecer, a raíz de algunas denuncias interpuestas por varios vecinos en contra de diversos actos cometidos por las personas ocupantes de las viviendas, se produjeron diversas amenazas y agresiones a los denunciantes. Concretamente la afectada señalaba que había sufrido “agresiones físicas, amenazas de muerte y de otras clases, insultos, daños a nuestros vehículos y viviendas, molestias varias como por ejemplo: música fuerte fuera de horario permitido, esputos, golpes, fuertes ruidos y claxon de coches en la madrugada, personas que van y vienen a comprar drogas, llegando incluso a tener que instalar en nuestras viviendas servicio de alarma.”
Señalaba también que esta información se había puesto en conocimiento de la entidad bancaria propietaria de las viviendas, así como de la Policía Local, Guardia Civil y Ayuntamiento de Umbrete, los cuales les habían transmitido su incapacidad de gestionar al cien por cien este problema por falta de autoridad la cual debía otorgársela un juez.
Finalizaba la queja indicando que su miedo y preocupación se acentuaba aún más viendo que algunas de estas personas dejaban las viviendas y les pasaban la llave a otras y así sucesivamente, lo cual significaba un sin vivir.
Ante los hechos descritos, solicitamos informe al Ayuntamiento de Umbrete, contestándonos que tenía conocimiento de la situación de la ocupación de viviendas de manera presuntamente ilegítima y había venido manteniendo diversa interlocución con los vecinos afectados, para intentar resolver los diversos problemas que de esas ocupaciones irregulares se habían derivado.
La propiedad de las viviendas había solicitado el lanzamiento de los ocupantes de algunas de las viviendas, y al menos en un caso había regularizado la situación mediante un contrato de alquiler social con una de las familias ocupantes.
Los Servicios Sociales municipales habían intervenido respecto a las familias que habían estimado necesario.
El Ayuntamiento estaba en comunicación con el responsable de zona de la entidad bancaria propietaria para gestionar que las viviendas que en ese momento estaban vacías se destinasen a alquileres sociales.
La Policía Local, conocedora de los problemas generados por las ocupaciones de estas viviendas, estaba prestando una especial atención en sus servicios diarios a la zona en cuestión, y estaban en coordinación al respecto con la Guardia Civil para la persecución de la delincuencia que de manera concreta se pudiera derivar de ese sector.
Transcurrido un plazo prudencial desde la emisión del informe, nos dirigimos de nuevo al mencionado Ayuntamiento, solicitando la actualización de las cuestiones esenciales planteadas en la queja y, en el nuevo oficio emitido se expresaba, en síntesis, que se mantenía la situación de ocupación de viviendas en las mismas circunstancias que cuando se emitió el anterior informe. Por otro lado, se indicaba que las gestiones que se estaban haciendo desde el Área municipal de Servicios Sociales para regularizar mediante contratos de alquiler social, la situación de algunas de las familias ocupantes que no tenían comportamientos que generasen conflictos con los vecinos, estaban por el momento paralizadas, dado que la entidad bancaria, propietaria de las viviendas, las tenía en suspenso por estimar que de esa forma prevista, si bien se legalizaba la situación, también se fomentaba la ocupación ilegal, teniendo diversos procedimientos de desahucio tramitándose en el Juzgado correspondiente, de los que aún no se había resuelto ninguno.
En cuanto a la situación de la seguridad en la zona, persistían los conflictos, dado que algunas de las personas ocupantes habían cometido actos presuntamente delictivos, señalándose además que la Policía Local, en cuanto a este problema de ocupaciones y delincuencia, estaba en coordinación permanente con la Guardia Civil para intentar prevenir, y perseguir en su caso, posibles actos delictivos.
Trasladado el informe a la interesada, ésta nos indicó la persistencia de la situación que dio lugar a la presentación de la queja, por lo que en virtud del artículo 29, apartado 1, de nuestra ley reguladora, formulamos Resolución en el sentido de que los servicios sociales comunitarios analizasen de forma actualizada la situación social de las familias ocupantes de viviendas a las que se refería esta queja, a fin de determinar, en su caso, las medidas adecuadas para que se normalizase la situación habitacional de las mismas, pudiendo considerarse tanto la adjudicación de vivienda protegida exceptuando el régimen general de adjudicación a través del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegidas a aquellas familias en situación de exclusión social o de riesgo, como la intensificación del trabajo con la entidad bancaria propietaria de las viviendas, tanto para el realojo de familias en situación de exclusión social o de riesgo como para que cesasen las ocupaciones. También recomendamos que se potenciasen las medidas de prevención y respuesta en materia de seguridad ciudadana a cargo de la Junta Local de Seguridad, como organismo que supiera acoger las demandas y preocupaciones ciudadanas y se facilitasen las respuestas necesarias por parte de las distintas fuerzas de seguridad actuantes en la localidad.
En su respuesta nos indicaron que personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios, en compañía de agentes de Policía Local realizaron visita domiciliaria con objeto de corroborar la situación de ocupación ilegal. Sólo pudieron contactar con una familia ocupante, de las cuatro referenciadas en las quejas vecinales, al encontrarse las otras dos viviendas vacías y una cuarta en situación de regulación legal.
Igualmente los Servicios Sociales Comunitarios estaban realizando continuamente gestiones con la entidad bancaria para poder disponer de las mismas para destinarlas a alquileres sociales.
De conformidad con la información recibida, dimos por concluidas nuestras actuaciones al considerar que la resolución formulada había sido aceptada.
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