Nos informan de las depuradoras de aguas residuales operativas en el entorno de Doñana

El Defensor del Pueblo Andaluz ha cerrado la actuación de oficio que abrió en su día al conocer que se estaban vertiendo al arroyo del Partido, que desemboca en la Marisma de Doñana, alrededor de 5 millones de litros de agua sin depurar, provenientes de los vertidos de los municipios onubenses de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado, al conocer que las estaciones depuradoras están ya en funcionamiento, al haberse terminado las obras en Julio de 2013.

En su día, esta Institución abrió actuación de oficio al conocer, por los medios de comunicación, que desde los municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado y Rociana del Condado, situados en el entorno del Parque Nacional de Doñana, se vierten al arroyo del Partido, que desemboca en la Marisma de Doñana, alrededor de 5 millones de litros de agua sin depurar.

Según señalaban dichas fuentes informativas, los vertidos de estas aguas residuales provenientes de hogares y de industrias localizadas en dichos municipios se producían como consecuencia de que aún no estaban en funcionamiento las correspondientes instalaciones depuradoras.

A la vista del contenido de los informes que hemos recabado de los citados Ayuntamientos, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lamentamos, en primer lugar, los extraordinarios retrasos que se han producido en la ejecución de las obras, derivados tanto de las modificaciones del proyecto original, como de las vicisitudes burocráticas que han afectado a la gestión y tramitación del expediente de contratación con motivo del doble traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma y, posteriormente, de esta última a la titular originaria en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma.

No obstante ello, y aun considerando que las administraciones competentes no han actuado con la eficiencia deseable, pues no debemos olvidar que, cualquiera que hayan sido las circunstancias, el contrato con la empresa adjudicataria se formalizó el 14 de Septiembre de 2006 teniendo previsto un periodo de ejecución de 26 meses, lo cierto es que las obras han finalizado en 2013 y, según se desprende del informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a partir de Julio iba a comenzar la puesta en funcionamiento de las depuradoras.

De acuerdo con esto último, hemos dado por concluidas nuestras actuaciones al entender que, en principio, el asunto por el abrimos esta actuación de oficio ha quedado resuelto.