Pedimos consenso y diálogo con los colectivos sociales para el establecimiento de la zona azul en Sevilla

Tras mantener una reunión con diversos representantes de colectivos ciudadanos contrarios al establecimiento de la zona azul en varias zonas de la ciudad de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz ha sugerido al Ayuntamiento de Sevilla que abra un proceso de diálogo, abierto, real y profundo, con todos los sectores sociales afectados por la implantación del estacionamiento regulado en estas zonas de forma que se intente alcanzar el mayor grado de consenso posible sobre el modelo a implantar en las vías públicas, de manera que las decisiones adoptadas cuenten con un suficiente grado de aceptación social y vecinal de la medida. En paralelo, hemos pedido que se potencie la utilización de transportes alternativos al vehículo privado.

En todo caso, desde la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en una nota de prensa, se ha hecho un llamamiento para que la participación y el consenso sean dos pilares ineludibles a la hora de abordar decisiones de entidad que afectan a distintos intereses en juego.

ANTECEDENTES

A esta Institución han acudido diversos colectivos vecinales, formados por asociaciones y sindicatos, mostrando su disconformidad con los criterios de implantación de la zona azul en distintas zonas de Sevilla, cuya tramitación hemos agrupado en la queja 14/3255.

En ésta, se dirigió a nosotros una plataforma vecinal contra la implantación de la regulación de aparcamientos en superficie en la zona de Bami, plataforma formada por representantes vecinales, asociaciones de comerciantes y de voluntarios de apoyo a enfermos de larga duración del Hospital Virgen del Rocío, así como representantes laborales de trabajadores y funcionarios del citado Hospital y de edificios administrativos de la Junta de Andalucía en la zona, posteriormente, también se incorporaron representantes de otros colectivos afectados por la implantación de la zona azul en la zona de Ramón y Cajal-Nervión, o disconformes con su posible futura implantación en la zona de La Cartuja, así como representantes sindicales de los trabajadores de Telefónica, Empresas del Parque Tecnológico, del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, vecinos, comerciantes, etcétera; en la queja 14/3381, un sindicato mostraba su rechazo por la implantación de esta regulación en toda la ciudad de Sevilla y en la queja 14/3535 hacía lo mismo una asociación de consumidores.

Todos estos escritos los podemos sintetizar en que consideraban que el proceso seguido por el Ayuntamiento de Sevilla para la implantación de la zona azul en la ciudad había incurrido en diversas irregularidades y, como consecuencia de ello, en la vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, mostrando también su desacuerdo con el silencio administrativo seguido ante los recursos de reposición presentados contra la zona azul, por lo que solicitaban la nulidad de pleno derecho de la ordenanza correspondiente y que, en tanto ello se produjera, se suspendiera, de forma inmediata, la regulación del estacionamiento regulado en superficie de los vehículos de tracción mecánica.

Con representantes de las entidades que presentaron las quejas hemos mantenido reuniones tanto antes, como después de recibir la respuesta del Ayuntamiento, en las que los afectados aducían que se trata de una medida municipal adoptada sin que, previamente y como aconsejaban las posibles consecuencias derivadas de la misma, se haya abierto un proceso de dialogo con los colectivos afectados, sin tener en cuenta los efectos negativos de la medida para trabajadores y empresas, sin establecer algún tipo de medidas compensatorias o paliativas, tales como reforzamiento de los servicios públicos de transporte, extensión de un tratamiento similar al de residente a trabajadores, comerciantes y estudiantes, etcétera.

Los representantes vecinales adujeron que se había efectuado una asignación arbitraria del distinto régimen de las calles sin causa aparente que lo justifique y excluyendo alguna calle de la zona también sin justificación explicativa. También se quejaron de los precios asignados para la obtención de la tarjeta de residentes, toda vez que, a su juicio, se trata de los más elevados de todo el territorio nacional. Adujeron asimismo que la finalidad de erradicar los aparcacoches irregulares tampoco se habría conseguido, resultando que, en realidad, se habían desplazado a las zonas donde no está implantada la zona azul. La Plataforma Ciudadana de BAMI subrayó los perjuicios y molestias ocasionados a los vecinos y adelantó que los comerciantes de la zona han reducido sus ingresos en un 40%. Entendían que no se dispone de una plan eficaz de movilidad ciudadana y que el 60% de las plazas, tras la entrada en vigor del establecimiento regulada, se quedan sin utilizar. En relación con la Ordenanza expresaron que el Consejo Económico y Social había efectuado una serie de recomendaciones que no habrían sido atendidas por el Ayuntamiento.

La representación del CADUS insistió en la ausencia de dialogo e información previa a la adopción de la medida, resaltando el perjuicio que supone para los estudiantes que provienen de los pueblos de la provincia que, tras la reducción del transporte público y limitación de horarios, se ven obligados a utilizar el vehículo privado. Consideran que se debería establecer un régimen singularizado para los estudiantes, tales como la tarjeta universitaria que planteara bonificaciones en los transportes urbanos e interurbanos. También señalan la conveniencia de que, como ya existe en otras ciudades, se establezca la tarjeta universitaria que cubra todas las necesidades de los estudiantes de la Universidad de Sevilla comprendiendo bonificaciones en los diversos transportes públicos.

En la ausencia de dialogo previo a la adopción de la medida, insistieron los representantes de los trabajadores hospitalarios, resaltando que perjudica de forma singular a los que residen en localidades fuera de la capital, dado que sus horarios de entrada y salida en muchas ocasiones no les permiten disponer de transporte público urbano o interurbano. Señalan también que, en muchos casos, se trata de trabajadores eventuales o con horarios reducidos lo que les impide afrontar, con sus mermados ingresos, el coste añadido del aparcamiento público. Estas circunstancias afectan igualmente a los enfermos y familiares de tratamientos crónicos o de larga duración. Indicaron que el Ayuntamiento les ofreció la gestión de 170 plazas para los trabajadores hospitalarios, pero siempre que se hicieran cargo de su gestión y asignación, lo que rechazaron por exceder de las atribuciones que les corresponden.

Por su parte, los representantes sindicales de la zona de La Cartuja manifestaron su rotunda oposición a la implantación de la zona azul en ella, ante los mermados transportes públicos ahora disponibles y por el perjuicio económico que les supondría dados los escasos ingresos que perciben por trabajos temporales y eventuales. Además, en ciertos horarios, los desplazamientos peatonales resultan complicados por la zona, por lo que los posibles aparcamientos implantados o a implantar de los que se viene hablando, tampoco permitirían un adecuado acceso y salida de los lugares de trabajo. También los representantes sindicales de Telefónica, con centros en Cartuja y Nervión y unos 1100 trabajadores, resaltaron los perjuicios económicos de la medida, la repercusión que ocasiona al descender la productividad al verse obligados a dejar su puesto de trabajo para colocar nuevos tickets o desplazar el vehículo, etcétera.

Por último, el representante de la Plataforma Compromiso Social y de Progreso de Sevilla (que comprende diversos colectivos y asociaciones) resaltó una vez más la incongruencia de la implantación de esta medida sin que, con carácter previo, se disponga de un eficaz Plan de Movilidad y denunció que, a su juicio, se trata de una medida recaudatoria, adoptada sin dialogo y consenso previo y sin tener en cuenta los perjuicios e inconvenientes ocasionados a un elevadísimo número de personas representadas por los colectivos enumerados.

Tras admitir a trámite las quejas y dirigirnos al Ayuntamiento de Sevilla, en el informe del Director General de Movilidad se da cuenta de la resolución dictada por el Delegado de Seguridad y Movilidad por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 471 de 30 de Abril. Se defiende que la implantación del estacionamiento regulado en superficie vino precedida de un proceso de diálogo con los vecinos afectados a través de los Distritos Municipales, al igual que se ha dialogado con comerciantes y trabajadores del Hospital Virgen del Rocío. También se argumenta que resulta inviable la extensión de un tratamiento similar al de residente para estudiantes, trabajadores y comerciantes, puesto que podrían solicitarlo unas 100.000 personas, lo que superaría con mucho las 7.200 plazas reguladas. Igualmente se expone que se está limitando el aparcamiento en zonas saturadas al vehículo privado, potenciando otras alternativas como el transporte público o el uso de bicicletas y motocicletas. Por último, se descarta que exista intención de implantar este modelo de estacionamiento a la zona de La Cartuja salvo que hubiera solicitudes al respecto, que serían debidamente analizadas.

En una reunión que mantuvimos tras la recepción del informe del Ayuntamiento con los afectados, estos plantearon sus alegaciones a este informe, que podemos sintetizar en:

1.- Cuestionamiento de que haya habido un profundo y verdadero proceso de dialogo con los sectores afectados con anterioridad a la implantación de la medida. Hasta el punto de que se mantiene que, salvo con la presidencia de la Asociación de Vecinos de BAMI no se habría concretado en modo alguno. Y ello, resultaría más cuestionable, según estos vecinos, por cuanto el Barómetro Socioeconómico de Sevilla acreditaba, en el mes de Julio de 2014, la oposición vecinal mayoritaria (70%) a esta medida.

2.- Ante la negativa municipal a eliminar la ampliación de la zona azul que se cuestiona, que es la primera reivindicación, se defiende la posibilidad de extender el tratamiento de residente a otros colectivos, como trabajadores, estudiantes, comerciantes, etcétera, por cuanto aproximadamente el 60% de las plazas permanecen vacías. Ello con la consecuencia añadida de que las zonas no reguladas por zona azul han pasado a encontrarse saturadas y en ellas proliferan los aparcacoches irregulares.

3.- Ausencia de transportes públicos o privados alternativos, como la bicicleta, verdaderamente eficaces, lo que obliga a estudiantes y trabajadores ante la ausencia de conexiones al uso del vehículo privado, lo que resulta aún más acusado en lo que se refiere a los familiares de personas hospitalizadas o estudiantes que proceden de otros municipios cercanos. Se denuncia la carencia de un nuevo plan de movilidad con un proceso participativo y dialogado, imprescindible ante la situación creada y el desconocimiento de actuaciones que potencien el transporte público hasta las zonas afectadas.

4.- Plantean igualmente su disconformidad con la Resolución 471 del Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad y Movilidad y contra la desestimación de los recursos formulados contra la misma. Sobre esta cuestión, dado que se ha formulado recurso contencioso-administrativo, esta Institución debe abstenerse, en base a lo dispuesto en nuestra Ley reguladora, de pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES

Primera.- El “ius variandi” inherente a la acción política es una facultad incuestionable de todo gobierno local. Partiendo de esta premisa, es lo cierto que, como manifestamos siempre que se nos presenta una queja en la que amplios colectivos cuestionan el modo en el que se han ejercido competencias legalmente atribuidas a la Administración, el respeto a las normas que regulan la acción administrativa, no solo no impide, sino que al contrario aconseja, el que las decisiones adoptadas dentro del marco de discrecionalidad que el “ius variandi” ampara, se adopten en un escenario de debate y máximo consenso que respalde socialmente las medidas puestas en marcha.

Esta tarea no siempre es fácil, y en ocasiones exige un extraordinario esfuerzo de entendimiento por parte de los distintos sectores afectados por la decisión que se propone; teniendo en cuenta, además, que los poderes públicos tienen que velar en sus tomas de decisiones, no sólo por atender los distintos intereses de los colectivos más directamente afectados por éstas, sino también, y esto no se puede obviar, por los intereses generales de la población.

Segunda.- Parece incuestionable, por tanto que, en las modernas sociedades democráticas, vamos, o debemos ir, hacia un modelo de sociedad de consenso en la que, para que las políticas públicas obtengan la adhesión de sus destinatarios, resulta muy necesario que adopten la forma de “codecisión”. Un mayor nivel de consenso acredita, a su vez, un mayor grado de sensibilidad hacia los distintos intereses en juego a la hora de adoptar una decisión política.

Ello, sin perjuicio de reconocer, como ya hemos manifestado, que el hecho de optar por este modelo implica, necesariamente, realizar un esfuerzo añadido para intercambiar información y acercar puntos de vista, pero pensamos que merece la pena hacerlo porque, además, conlleva una mayor adhesión de la ciudadanía a las medidas implantadas.

Tercera.- Respecto de la implantación de la zona azul, es claro que en la ciudad de Sevilla, y en otras capitales andaluzas, hay calles en las que es, literalmente, imposible aparcar de una forma “legal” y las alternativas, consistentes en tolerar diariamente la doble fila y una congestión permanente de las calles, no son sostenibles, en modo alguno, en términos de movilidad.

Cualquiera que sea el modelo de movilidad por el que las autoridades locales opten en una ciudad, es evidente que tiene que ser social y ambientalmente sostenible y eficiente para alcanzar el fin perseguido con su implantación.

Ahora bien, si se opta, por esos motivos, en el caso de los espacios destinados al estacionamiento en las vías públicas, por su sometimiento a regulación horaria, es muy necesario prever sus consecuencias y adoptar medidas previas y simultáneas para que su impacto no condicione, de forma inasumible para los afectados, su vida cotidiana.

Es decir, además de dialogar y debatir con los colectivos afectados la decisión que se desea adoptar, hay que conocer bien el impacto social y económico de la medida y las alternativas reales que existen o se van a poner en marcha, para que el nuevo modelo que se propone sirva para acabar con los problemas y disfuncionalidades existentes, ofreciendo al mismo tiempo alternativas reales de movilidad a las personas que van a resultar singularmente afectadas por esa decisión.

Se trataría, entre otras posibles medidas, de valorar la posible extensión de tarjetas-bono o precios especiales a colectivos singularmente afectados, puesta en servicio de transportes públicos o potenciación de los existentes en grado suficiente para asumir la previsible nueva demanda, extensión del carril-bici, etc. En suma, conocer la capacidad de respuesta que los servicios públicos poseen para garantizar que la ciudadanía afectada por esas medidas va a poder continuar desplazándose a sus lugares de trabajo, compras, estudio, etc. por un medio eficiente y alternativo al que venía utilizando y que, de ipso, ha sido suprimido.

Cuarta.- Creemos que se debe reflexionar muy seriamente, antes de implantar un estacionamiento con limitación horaria, si la zona en cuestión, realmente, exige la adopción de esta medida o, por el contrario, sería posible absorber la demanda de aparcamiento sin generar un gasto más a la población que necesita aparcar en ellas. Por tanto, sería aconsejable revisar, o si se quiere verificar, que verdaderamente era imprescindible establecer la zona azul en todos los lugares donde ello se ha producido.

En síntesis, y de acuerdo con todo lo manifestado, cualquier medida que conlleve una limitación, restricción o prohibición de aparcamiento de vehículos en suelo de dominio público además de exigir un proceso participativo real y efectivo, debe ir acompañada, para no causar el rechazo de la población, de una alternativa eficiente, en tiempo y comodidad, para los desplazamientos de la población. De lo contrario, un fuerte rechazo social resultará inevitable.

A la vista de estos antecedentes y consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA de que se proceda a la apertura proceso de diálogo, abierto, real y profundo con todos los sectores sociales afectados por la implantación del estacionamiento regulado en estas zonas, de forma que, sin perjuicio del pleno respeto al “ius variandi” de la Administración, se intente alcanzar el mayor grado de consenso posible sobre el modelo que es más aconsejable implantar en las vías públicas a que se refieren las quejas, de manera que las decisiones adoptadas cuenten con un suficiente grado de aceptación social y vecinal de la medida.

En paralelo y en el marco de este consenso, sin perjuicio de adoptar otras medidas como las mencionadas anteriormente, se deberá potenciar la utilización de transportes alternativos al vehículo privado, tales como principalmente, los transportes públicos y la bicicleta.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz