Pedimos que sin más demora resuelvan el plan de ayuda para su madre dependiente

Formulación de Resolución a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para que se impulse la tramitación del procedimiento de revisión del PIA de la dependiente, hasta su finalización mediante el dictado de resolución por la que se apruebe el recurso residencial a favor de la misma, conforme a sus circunstancias de arraigo personal y social.

Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª ..., en su propio nombre y en representación de su madre, Dª ..., con D.N.I. ..., con domicilio en la Residencia para personas mayores ..., exponiendo la demora en la revisión de su grado de dependencia para la asignación de plaza residencial concertada para personas mayores.

Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES

1. Con fecha de 19 de septiembre de 2017 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente nos trasladaba su preocupación por el expediente de dependencia de su madre, declarado concluso por desistimiento y cuya reapertura dirigida a la aprobación del PIA había sido nuevamente instada.

Explicaba la interesada que su madre, con situación de dependencia reconocida, hubo de ser ingresada en una Residencia de Mayores al precisarlo así la adecuada atención de sus necesidades, eligiendo para ello la Residencia ..., por ser la zona en la que radica el arraigo personal, familiar y social de la dependiente, el lugar en el que, por proximidad, sus hijos pueden mantenerse al tanto de su estado y darle la compañía y el afecto que todo ser humano necesita y aquél en el que encuentran facilidad para desplazarla a las visitas médicas tan frecuentes para alguien de su avanzada edad.

La aprobación del PIA con asignación de plaza residencial concertada, sin embargo, no sólo llegó muy tarde sino que, además, designó un Centro ubicado en Montequinto, aislado de los servicios más básicos y esenciales y en el que la dependiente quedaría extrañada de su entorno, lo que hizo inviable que sus hijos pudiesen aceptarla.

La promotora de la queja instó por ello la revisión del PIA, en la confianza de que su madre pudiera obtener plaza en una Residencia que le permitiera hacer efectivo su derecho sin quiebra de sus necesidades afectivas ni fracturar sus lazos familiares y sociales.

2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales de Andalucía, que en su respuesta se limitó a comunicar que la revisión del recurso de la gran dependiente se encuentra en trámite en el Servicio Territorial de aquélla.

3. Puesto dicho informe en conocimiento de la promotora de la queja, reiteró la misma su petición inicial y confirmó la pendencia del expediente.

CONSIDERACIONES

Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley del procedimiento administrativo común (Ley 39/2015), con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.

De la relación cronológica que consta en el expediente de la dependiente, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho, sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante el dictado de resolución aprobatoria del PIA revisando el recurso.

La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica de aplicación, tanto por lo que se refiere a los principios rectores del funcionamiento de la Administración en general, como a los que inspiran la normativa reguladora de las personas en situación de dependencia en particular.

Resultan infringidas por la actuación administrativa expuesta las normas siguientes:

- El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, regulado en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, que garantiza a todos, dentro del derecho a una buena administración, que sus asuntos se resolverán en un plazo razonable.

- En relación con la garantía anterior, el artículo 5.1.d) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en el mismo sentido que el anterior.

- El artículo 21, en sus párrafos 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, conforme al cual la resolución de los procedimientos deberá notificarse a los ciudadanos en el plazo máximo fijado en la normativa específica, que se computará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la entrada de la misma en el registro administrativo.

- El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que preceptúa que los plazos señalados en ésta y en las demás leyes obligan a las Autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos. Y, en relación con el mismo, el artículo 20 de la misma Ley, anteriormente citado.

- El plazo máximo de seis meses que debe mediar entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, establecido en la Disposición Final Primera, apartado segundo, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Los artículos 15.2 y 18.3 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, por los que se regula, respectivamente, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el programa individual de atención, que fijan en tres meses, respectivamente, el plazo máximo para resolver las solicitudes de reconocimiento de la condición de dependiente, (computados a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento en el que resida el solicitante); y, asimismo, para la aprobación y notificación a la persona interesada o a sus representantes legales del programa individual de atención, (computado en este caso el plazo desde la fecha de recepción de la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia por los Servicios Sociales Comunitarios correspondientes -con salvedades, que no concurren en el caso presente-).

Por todo lo anterior, y de conformidad a la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, se formula la siguiente

RESOLUCIÓN

RECOMENDACIÓN para que sin mas dilación se impulse la tramitación del procedimiento de revisión del PIA de la dependiente, hasta su finalización mediante el dictado de resolución por la que se apruebe el recurso residencial a favor de la misma, conforme a sus circunstancias de arraigo personal y social.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz