¿Posibles vertidos en la antigua mina de Aznalcóllar?. Actuamos de oficio

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

Protección conjunta para evitar nuevos vertidos tóxicos al río Agrio

06-10-2015 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con objeto de conocer la realidad de los posibles vertidos contaminantes en la antigua mina de Aznalcóllar, según las noticias –aparentemente contradictorias- aparecidas en diversos medios de comunicación que, no obstante, de confirmarse las que alertan del riesgo y peligro de esos vertidos, pueden provocar daños de gran entidad que, en todo caso, es preciso evitar con medidas de diversa naturaleza.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio al conocer, a través de los medios de comunicación, la posible existencia de unos informes que revelarían que se están produciendo vertidos contaminantes desde la mina de Aznalcóllar. Así, parece ser que una inspección que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la antigua mina habría revelado posibles vertidos de aguas contaminadas al río Agrio que, a su vez, desemboca en el río Guadiamar, perteneciente al área de influencia del espacio protegido de Doñana.

Por otro lado, según estas noticias la depuradora encargada de depurar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, se encuentra en estado de "semiabandono" y, según las manifestaciones de los operarios que se citan en estas noticias, "lleva sin funcionar desde 2013", por lo que todas las aguas que recogen esas balsas, "se bombean o recirculan a la denominada corta de Aznalcóllar".

En los citados medios de comunicación podemos leer también que una asociación ecologista “ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de modo subsidiario contra la empresa concesionaria de la explotación minera (...). La gestión de la depuradora, según la organización ecologista, correspondía a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, agencia pública empresarial adscrita a la consejería, cuyo presidente es el consejero José Gregorio Fiscal”.

Asimismo, ha generado preocupación el que se haya revelado en los medios de comunicación que los técnicos del Instituto Nacional de Toxicología que han analizado las antiguas instalaciones mineras a instancias de la juez de Instrucción 3 de Sevilla, hayan encontrado, al parecer, elevadas concentraciones de sustancias tóxicas, altamente cancerígenas, tanto en el suelo como en el agua de la antigua explotación minera. Según este informe, habrían detectado la presencia de arsénico, cinc y plomo en cantidades muy superiores a las permitidas y que suponen un serio peligro para el medio ambiente.

En fin, los autores del informe advierten que ese riesgo deriva de que “estos residuos tóxicos y peligrosos están fuera de control, ya que los sistemas que implantó la Administración andaluza tras la catástrofe de abril de 1998 no funcionan desde hace bastante. Un ejemplo: la depuradora que debía tratar las aguas contaminadas para evitar su filtración al subsuelo o al cauce de arroyos y ríos está parada y prácticamente abandonada al menos desde el año 2013”.

Sin embargo, la Junta de Andalucía, por otra parte, considera "sesgado" el informe de técnicos del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla y Barcelona que han analizado las antiguas instalaciones mineras de Aznalcóllar (Sevilla), niega que se hayan registrado vertidos al dominio público hidráulico y ha asegurado que la depuradora "está operativa y funciona correctamente". Asimismo, considera que "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la Administración competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero”.

A la vista de estos hechos, no obstante encontrarse subiudice la cuestión de fondo planteada relativa a si existen o no responsabilidades con motivo de los hechos descritos, asunto en el que no podemos intervenir de acuerdo con el art. 17 de nuestra Ley, hemos iniciado una actuación de oficio con objeto de conocer si existe algún riesgo de contaminación de las aguas del río Agrio y, derivado de ello, del río Guadiamar, hecho que sí sería objeto de gran preocupación tanto por sus repercusiones directas en el cauce de los mismos y aledaños, como por la incidencia que pudiera tener en el Parque Nacional de Doñana.

Asimismo, nos preocupa, de confirmarse, que no esté en funcionamiento la depuradora allí existente, tal y como parece que recogen los informes mencionados aunque, es verdad, que por parte de los técnicos de la Consejería se desmiente y se asegura que el funcionamiento es correcto para los objetivos que tienen que cumplir estas infraestructuras de depuración.

Ante esta disparidad de noticias y versiones de los hechos expuestos y dado que, en todo caso, se trata de unas circunstancias que podrían afectar al derecho a un medio ambiente adecuado reconocido constitucional y estatutariamente, nos hemos dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conocer si, en el momento actual, existe, o no, riesgo de contaminación de suelos y cauces de los mencionados ríos e, incluso, indirectamente del Parque Nacional de Doñana o su entorno; también nos hemos interesado en conocer si la depuradora allí existente funciona conforme a los fines que justificaron su construcción o, por el contrario, ésta presenta graves deficiencias en su funcionamiento.

08-02-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz, tras ser informado por las Consejerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por la de Empleo, Empresa y Comercio, así como por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en relación con la situación de la mina de Aznalcóllar y la posibilidad de nuevos vertidos tóxicos al río Agrio, al parecer no contemplados debido a las medidas adoptadas, cierra la actuación de oficio incoada en su momento.

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio nos trasladó que, salvo algunas incidencias puntuales en un decantador de la EDAR destinada a depurar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, la EDAR podía funcionar de forma normal para el cumplimiento de sus fines en el control de pasivos ambientales, si bien aunque se encuentra operativa, no era necesaria su puesta en marcha desde marzo de 2014. En este sentido, nos decían que no había sido necesaria la depuración de aguas en las instalaciones, dado que el margen entre la cota de la lámina de agua de la corta Aznalcóllar y la cota establecida de seguridad es suficientemente amplio, no previéndose la necesidad de poner en marcha la depuradora a medio plazo. Finalmente, nos informaban de las diligencias previas que se habían instruido en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que fueron archivadas en noviembre de 2015.

En cuanto a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, nos informaba que controlaba todos los vertidos que se producían en los cauces de la cuenca del Guadalquivir y que la EDAR destinada a depurar el agua que venía del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden, así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, no se encontraba en funcionamiento porque, en aquellos momentos, no se vertía nada al cauce. Asimismo, nos informaba que en los controles que se practicaban en las aguas del río Guadiamar, aguas abajo de la explotación minera, no se había detectado contaminación alguna, de tal forma que, según los datos obrantes en ese organismo, no existía riesgo alguno para los cauces ni para el Parque Nacional de Doñana.

A la vista de estas informaciones, entendimos que no eran necesarias nuevas actuaciones por parte de esta Institución, aunque pedimos a todos los organismos a los que nos habíamos dirigido que se mantuvieran, en el marco de sus competencias, vigilantes para evitar evitar situaciones de riesgo medioambiental y para comprobar regularmente la eficacia de las medidas de protección adoptadas en la zona y en el entorno, con lo que archivamos esta queja de oficio.