Promovemos una iniciativa para adelantar la convocatoria extraordinaria de acceso a la Universidad

ANTECEDENTES

Se promueve una iniciativa ante las Administraciones competentes con objeto de adelantar la celebración de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad en el ámbito del Distrito Único Universitario de Andalucía para evitar la incorporación tardía del alumnado de primer curso de Grado a las Universidades públicas de Andalucía.

 Desde esta Institución se mantiene la preocupación por la situación en que se encuentra el alumnado de Bachillerato que participa en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Este alumnado no se matricula hasta mucho después del comienzo de las clases y, en muchas ocasiones, ni siquiera se les permite la asistencia a clase en tanto no se resuelva definitivamente la matriculación.

La posibilidad de trasladar dicha prueba al mes de julio ya fue explorada por esta Institución, con ocasión de la queja de oficio 09/4684, a raíz de la recepción de diversas quejas relativas a los problemas derivados de la discordancia entre el comienzo del curso académico en las Universidades andaluzas y las fases de adjudicación de plazas correspondientes a primeros ciclos y estudios de Grado de enseñanzas universitarias.

Ya entonces entendíamos que el problema podría verse agravado como consecuencia de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), pues habría de suponer la aplicación de una nueva metodología que cambiaría los requisitos y los tiempos en el curso universitario y que estaba impulsando el debate en torno a la conveniencia de adelantar el inicio de curso.

Como consecuencia necesaria se planteaba la posibilidad de suprimir la prueba de acceso en convocatoria extraordinaria que se celebra en el mes de septiembre para trasladarla al mes de julio.

Sin embargo, las gestiones desarrolladas entonces por el Defensor del Pueblo Andaluz no encontraron la respuesta esperada de las Administraciones interpeladas, sin que se hubieran facilitado argumentos suficientes que justificasen tal postura a juicio de esta Institución.

Así, nos habíamos dirigido a la Consejería de Educación (Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa), dado que el adelanto de la prueba de acceso a la universidad habría de llevar como correlato necesario la modificación en el calendario de evaluación de 2º de Bachillerato.

De modo resumido, la respuesta se limitó a indicar que la Consejería había intentado introducir la evaluación extraordinaria en el mes de julio para los dos cursos de Bachillerato, pero que conllevó tal oposición por parte de distintos sectores del ámbito educativo que finalmente se retiró la propuesta en el trámite de aprobación del Decreto de regulación del calendario y jornada escolar en los centros docentes. Asimismo se esgrimían argumentos relativos al tiempo necesario que debía mediar entre un proceso de evaluación y otro para contar con la adecuada preparación y apoyo.

Por parte de la entonces Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (Dirección General de Universidades) se nos trasladó su interés por encontrar soluciones al problema expuesto, si bien teniendo en cuenta su estrecha dependencia con los procesos de matriculación del resto de Universidades españolas, así como con el proceso de evaluación de 2º de Bachillerato, se entendía que debían abordarse acciones y estrategias coordinadas entre los distintos agentes implicados.

No obstante este interés, esta Institución trasladó a la Dirección General de Universidades que no parecía que se hubieran puesto en marcha los mecanismos necesarios para la implantación de la propuesta y que la iniciativa necesaria no podía limitarse a una mera comunicación a la Consejería de Educación acerca de la necesidad de modificación del calendario escolar de 2º de Bachillerato.

CONSIDERACIONES

I.- La situación actual es que, aunque por parte de la Comisión de Distrito Único Andaluz se han realizado esfuerzos para adelantar los plazos de la segunda fase de adjudicación, lo cierto es que aún se siguen produciendo incorporaciones de estudiantes a las aulas en cada adjudicación semanal, una vez comenzado el curso, con un retraso de entre dos y cinco semanas.

De acuerdo con la nueva metodología de evaluación de créditos ECTS, en muchas ocasiones ya se han desarrollado actividades y prácticas que no podrá realizar el alumnado que se hayan incorporado a clase con posterioridad, lo cual influye obviamente en su evaluación del primer cuatrimestre. Según información a la que ha podido acceder esta Institución, se ha podido comprobar que las personas afectadas suspenden casi todas las materias del primer cuatrimestre, así como los primeros exámenes cuatrimestrales de las asignaturas anuales.

Esta merma en los resultados académicos tiene especial importancia si las normas de permanencia universitaria establecen un elevado número de créditos mínimos a superar en primer curso, pues ineludiblemente los bajos rendimientos del primer cuatrimestre pueden suponer la expulsión del sistema.

Especial incidencia tiene la superación de créditos para las personas que solicitaron beca al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ya que, en caso de no alcanzar los requisitos académicos exigidos, puede suponer su falta de renovación y/o el reintegro de los componentes de la beca.

Para el profesorado también supone una importante dificultad en su planificación y organización docente la incorporación tardía de estudiantes y el que no estén disponibles las listas de clase definitivas hasta finales de noviembre o principios de diciembre. Asimismo, el alumnado les traslada la presión de la incidencia de su evaluación en la obtención de las ayudas económicas necesarias para cursar sus estudios.

Las propias Universidades estarían demandando una solución por la repercusión de esta situación en sus propios intereses, ya que habrían recibido reclamaciones que plantean la discrepancia entre el importe total de la matrícula y las cantidades que correspondería abonar por el servicio público efectivamente prestado.

II.- Recientemente se reunían el Defensor del Pueblo Andaluz y representantes de las Defensorías universitarias de las Universidades públicas de Andalucía. Dicha reunión, tal como viene siendo habitual, no tenía otro objeto que poner en común problemas que se están detectando en las distintas Universidades y proponer soluciones a los mismos a través de una actuación cuyo ámbito pudiera exceder del de cada una de las Universidades por afectar a decisiones de órganos no universitarios.

Precisamente uno de los temas que fueron objeto de debate, a instancias del Defensor universitario de la Universidad de Jaén, fue la necesidad de promover el adelanto de la PAU en convocatoria extraordinaria al mes de julio. Por el citado Defensor se puso en conocimiento general las gestiones desarrolladas a tal efecto desde su Universidad ante la Junta de Andalucía. Al parecer las conversaciones estarían bastante avanzadas e incluso desde la Dirección General de Universidades se habría asumido la iniciativa, trasladando propuestas a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa con objeto de implementar en 2º de Bachillerato las medidas que permitiesen modificar el calendario de la PAU.

No obstante, las gestiones se habrían paralizado tras el cambio en la cúpula de gobierno de la Consejería de Educación, de ahí que su Universidad trasladase a esta sede el interés por continuar con esta labor.

En principio se podría cuestionar su procedencia, teniendo en cuenta que la previsión del proyecto de Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE) era alterar significativamente la actual configuración del sistema de acceso a las Universidades (previsión que ya se ha hecho realidad tras su aprobación y publicación en B.O.E. de 10 de diciembre de 2013).

Así, se modifica la redacción del artículo 38 de la Ley Orgánica de Educación de modo que la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado del alumnado procedente con título de Bachiller o equivalente podrá basarse exclusivamente en la calificación final obtenida en el Bachillerato.

Las Universidades podrán también aprobar procedimientos de admisión específicos que tengan en cuenta, junto con dicha calificación final, otros criterios de valoración tales como la modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación elegida, las calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato, o de la evaluación final de dicha etapa, formación académica o profesional complementaria o bien estudios superiores cursados con anterioridad.

Finalmente se contempla la posibilidad excepcional de establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.

Según el régimen transitorio aprobado por la LOMCE, el nuevo sistema de acceso a las enseñanzas universitarias se aplicará al alumnado de Bachillerato que acceda a los estudios de Grado en el curso 2017-2018 o posteriores.

En la reunión mantenida con las Defensorías universitarias se puso de manifiesto que las Universidades andaluzas ya habrían hecho público su interés por mantener una prueba de Distrito Único tal como se viene haciendo hasta ahora, aunque esta prueba hubiera de centrarse en la evaluación de conocimientos específicos, por lo que la petición sigue manteniendo su interés también de cara a futuro.

III.- Por otra parte, en nuestro entorno más inmediato, otras Comunidades Autónomas habrían trasladado ya la PAU en convocatoria extraordinaria al mes de julio. Así Asturias, Canarias, Extremadura, La Rioja y Valencia, uniéndose a las pioneras Navarra y País Vasco.

Hemos de recordar que en el Informe Anual elevado a las Cortes Generales por el Defensor del Pueblo se ofrecía cumplida información sobre un asunto que le venía ocupando desde el año 2010, en relación con la falta de coordinación de fechas en los procedimientos de admisión a las universidades, en la fase correspondiente a la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso. Hasta ahora, los plazos mínimos aprobados por la Conferencia General de Política Universitaria se refieren exclusivamente al período ordinario de matriculación que tiene lugar en el mes de julio.

Esta situación estaría originando que el alumnado que participa en la convocatoria extraordinaria pudiese encontrarse la publicación de sus calificaciones cuando ya están cerrados los períodos para solicitar plaza en otras universidades (perdiendo así todas sus opciones de acceso), o bien que haya comenzado el curso en los estudios en los que hubieran sido admitidos.

Al respecto, el Defensor de Pueblo ha recomendado a la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se adopten las medidas precisas para fijar los plazos mínimos comunes que permitan a los interesados concurrir a la oferta de todas las Universidades, tanto en la primera fase de admisión como en la segunda, y que asuma su obligación de velar porque el procedimiento de admisión a los estudios universitarios de carácter oficial sea general, objetivo y universal, tenga validez en todas las Universidades y responda a criterios acordes con el EEES.

La respuesta ministerial habría quedado condicionada a la aprobación del entonces proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, de modo que las medidas que pudiesen aprobarse estuviesen ajustadas al nuevo marco regulador.

Todas estas circunstancias refuerzan nuestra convicción de que se debe abordar definitivamente una solución a los problemas que se derivan de un sistema de acceso a la universidad difícilmente compatible con las exigencias de la actual regulación del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario y que resulta significativamente perjudicial para los derechos de un número importante de estudiantes.

Dicha solución se estima que pasa necesariamente por la adopción de las medidas necesarias para hacer posible la celebración de la PAU en convocatoria extraordinaria en el mes de julio, así como la incorporación del alumnado universitario de primer curso en la fecha de comienzo de las clases o lo más inmediato posible a ella.

Según los datos a los que hemos podido tener acceso, con estas medidas se conseguiría que más del 85% del alumnado de la convocatoria extraordinaria estuviese matriculado al inicio del curso académico (tercera semana de septiembre) y una semana después (la última de septiembre) dicha cifra se elevaría al 98%.

La solución, como ha quedado expuesto, no habría de ser sólo temporal para los próximos tres cursos académicos -que ya de por sí entendemos que justificarían el empeño- sino que existe una alta probabilidad de que pueda quedar implantada más allá de la efectiva aplicación del nuevo modelo de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias instaurado por la LOMCE, dada la intención en el ámbito de las Universidades andaluzas de que se establezcan en este seno unas pruebas específicas comunes.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con la posibilidad contemplada en el art. 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formulan a las Administraciones educativas con competencias en la materia la siguiente

RESOLUCIÓN

SUGERENCIA 1: Que desde la Consejería de Educación se adopten las medidas que sean necesarias en relación con el calendario escolar de 2º curso de Bachillerato a fin de posibilitar que la celebración de la sesión de evaluación extraordinaria sea realizada en el mes de junio.

SUGERENCIA 2: Que, de forma coordinada con la medida anterior, desde la Dirección General de Universidades se promueva el establecimiento de la prueba extraordinaria para el acceso a la universidad a principios del mes de julio y la adopción por parte de Distrito Único Universitario de Andalucía las medidas que sean necesarias para que los plazos de matrícula universitaria puedan concluir antes del comienzo del curso académico.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada Defensor del Pueblo Andaluz