Queremos conocer las razones del retraso de las obras de canalización de la Presa de Rules, en Granada

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

El Defensor del Pueblo Andaluz ha procedido a suspender sus actuaciones al conocer que está a punto de adjudicarse el contrato para la elaboración del proyecto de canalizaciones, aunque ha demandado a las administraciones afectadas que, ante la creciente inquietud de la población afectada y, sobre todo, del sector agrícola por estos retrasos, todas las partes acuerden, en el menor plazo de tiempo posible, los mecanismos financieros y técnicos que permitan el inicio de las obras lo más rápidamente posible.

Ello no impedirá nuevas actuaciones en un futuro próximo si observa que se producen nuevas dilaciones que impidan la ejecución de estas canalizaciones.

06-11-2014 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio para conocer las razones por las que aún no han comenzado las obras de canalización de la Presa de Rules, en la provincia de Granada.

Esta Institución ha iniciado una actuación de oficio al conocer que, desde que se terminó la presa de Rules (en el cauce del río Guadalfeo, entre los términos municipales de Vélez de Benaudalla y Órgiva, en Granada), hace ahora diez años, periódicamente vienen apareciendo noticias en prensa alusivas a la necesidad de que se afronte la realización de las infraestructuras que justificaron su ejecución.

En este sentido, no se puede obviar que la construcción de este embalse tenía una triple finalidad: servir de defensa contra las avenidas y su afección al valle del Guadalfeo y su delta, garantizar el abastecimiento de agua a una amplia población y facilitar el regadío de una zona de cultivos subtropicales, haciendo posible, además, su entrada en servicio, la ampliación de zonas de regadío a una cota mayor.

Pues bien, por los motivos aludidos, la falta de canalizaciones, en la actualidad la mencionada presa sólo puede cumplir el primero de los objetivos mencionados.

En el año 2011, en un medio local (Ideal de Granada, 1 de Marzo de 2011) se publicaba que, según el entonces Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, “la licitación de las obras será «inminente»”. Según estas noticias, el entonces Delegado de la Consejería de Medio Ambiente en la provincia “lo ratifica y promete que en este mes que hoy empieza se dará luz verde al proyecto y que para finales de verano, como muy tarde, las obras estarán en marcha. «Barajamos el mes de julio como plazo para empezar, pero si no es así, seguro que después del verano están iniciadas», añade”.

En el año 2013, en el mismo medio de comunicación (Ideal de Granada, 7 de Marzo de 2013) podemos leer “Las canalizaciones llegaron a estar incluidas con partidas específicas durante los últimos seis ejercicios en los presupuestos generales de la Junta y los compromisos para ejecutar las tuberías con financiación europea han quedado para la posteridad en las hemerotecas. Pero la larga historia de las canalizaciones de la presa de Rules dio un giro inesperado a finales del pasado año, durante una sesión del Parlamento Andaluz. Aquel día el PP pedía que se incluyeran en el presupuesto de 2013, 16 millones para iniciar las obras y el Consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, respondía a esta iniciativa advirtiendo que no es la Junta sino el Gobierno central el que tiene las competencias de las conducciones y el que tiene por tanto que acometerlas, al ser obras de interés general del Estado”.

En fin, más recientemente, según la edición del citado medio de 16 de Octubre de 2013, la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio “ha insistido, dichas conducciones forman parte del ámbito nacional, al estar incluidas en el Plan Hidrológico y constituir una obra declarada de Interés General del Estado” y más adelante informaba que “La infraestructura, que ha supuesto una inversión de 18,6 millones de euros y que tiene una capacidad de 60.000 metros cúbicos, beneficiará a más de 300.000 habitantes”.

En los últimos meses, parece ser que las movilizaciones de los agricultores que podrían resultar beneficiarios de la ejecución de esas canalizaciones se están intensificando en demanda de estas, siendo así que, según la Asociación Agua para el Campo “los agricultores estaban "expectantes por constatar el compromiso real" del Gobierno central con sus necesidades y ahora se sienten "defraudados", pues "las promesas" que les realizaron hace unos días "no se han visto reflejados en los presupuestos", ha manifestado el presidente del colectivo” (Ideal de Granada, 1 de Octubre de 2014).

A la vista de todo ello resulta que, tal y como manifestábamos al principio, diez años después de inaugurarse la presa de Rules, que había generado grandes expectativas en sus posibilidades de abastecimiento de agua para la población así como para destinarla a regadíos, y que supuso un alto coste para las arcas públicas, sus canalizaciones, que justificaron su construcción, no están ejecutadas. Este hecho, con independencia de la controversia que se puede haber suscitado sobre a qué administración territorial le correspondía su ejecución, dado el largo plazo transcurrido desde la terminación del embalse y las controversias administrativas sobre, en última instancia, quién es el responsable de los retrasos provocados, lo cierto es que no parece justificable el sin sentido que tiene que una obra hidráulica de tal entidad y tan necesaria no se encuentre ya en funcionamiento.

Ello, sin más, justificaría completamente el inicio de esta actuación de oficio, pero es que resulta que, asimismo, existen principios constitucionales que respaldan esta actuación. Así, el art. 128 de la Constitución establece, en su aptdo. 1, que «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general»; el art. 130, aptdo. 1, establece que «Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles» y el 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y debe actuar con sometimiento, entre otros principios, al de eficacia.

En vista de tales hechos se ha abierto la presente actuación de oficio, en la que nos hemos dirigido a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Delegación del Gobierno en Andalucía (a ésta en vía de colaboración) para que nos informen de los motivos por los que, diez años después de que se terminaran las obras de la presa de Rules, todavía no se han realizado las conducciones que justificaron su ejecución y, en su caso, de las previsiones calendarizadas y presupuestadas para la realización de estas infraestructuras.

14-04-2016 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

El Defensor del Pueblo Andaluz ha procedido a suspender sus actuaciones al conocer que está a punto de adjudicarse el contrato para la elaboración del proyecto de canalizaciones, aunque ha demandado a las administraciones afectadas que, ante la creciente inquietud de la población afectada y, sobre todo, del sector agrícola por estos retrasos, todas las partes acuerden, en el menor plazo de tiempo posible, los mecanismos financieros y técnicos que permitan el inicio de las obras lo más rápidamente posible.

Ello no impedirá nuevas actuaciones en un futuro próximo si observa que se producen nuevas dilaciones que impidan la ejecución de estas canalizaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz inició en su día esta esta actuación de oficio para conocer las razones por las que aún no habían comenzado las obras de canalización de la Presa de Rules, en la provincia de Granada y, por ello, nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y, en vía de colaboración, a la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Tras diferentes actuaciones con ambas administraciones en los dos años de tramitación de esta actuación de oficio, finalmente hemos conocido que está a punto de adjudicarse el contrato para la elaboración del proyecto de canalizaciones con un plazo de ejecución, una vez que sea adjudicado, de diez meses.

Ante ello, hemos considerado que no eran necesarias nuevas actuaciones por nuestra parte, aunque hemos demandado, tanto a la Junta de Andalucía, como a la Delegación del Gobierno en Andalucía que, ante la creciente inquietud que genera en las poblaciones de la zona y, singularmente, en el sector agrícola el retraso en la ejecución de estas canalizaciones que resultan necesarias para rentabilizar la inversión realizada en la construcción de la presa de Rules, esperamos que, una vez redactado y aprobado el proyecto de las canalizaciones, la posterior adjudicación de las obras se lleve a cabo con la mayor celeridad y que todas las partes acuerden, en el menor plazo de tiempo posible, los mecanismos financieros y técnicos que permitan su inicio.