Queja número 17/5216
Esta Institución ha recibido informe de la Fiscalía Provincial de Cádiz como respuesta a la petición de colaboración que se le remitió tras conocer los retrasos en una demanda.
En este escrito, la Fiscalía expone:
“Le informo que la demanda a que hace referencia fue repartida por el Decanato de los Juzgados de ésta ciudad en fecha de 16 de noviembre de 2017.
En la actualidad, aun no ha podido ser admitida a trámite, por los motivos que expongo a continuación:
El Juzgado de primera instancia nº 2 bis de Cádiz, creado como refuerzo del Juzgado de primera instancia nº 2 para el conocimiento de los asuntos referentes a condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física, recibió hasta el pasado día 31 de diciembre de 2017 un total de 4980 demandas, fecha en la que por un nuevo acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, se asignó ésta materia con carácter exclusivo y excluyente al Juzgado de primera instancia nº 2, que asumió a partir de dicha fecha la entrada de nuevas demandas.
Éste Juzgado de refuerzo cuenta en la actualidad con tan solo cinco funcionarios, un gestor, tres tramitadores y un auxiliar, habiéndose incorporado el segundo tramitador mediado el mes de octubre del año pasado, y el tercero el día 3 de abril, pese a que se recibieron demandas desde el mes de junio del año 2017, habiendo sufrido además incontables problemas por la falta o deficiencia de medios materiales e informáticos, así como por la inidoneidad de las instalaciones asignadas en un primer momento para la ubicación de la Oficina Judicial.
En la actualidad, se han tramitado cerca de 1300 asuntos.
Lamentablemente he de informar que, debido a los escasos medios personales disponibles, la tramitación de los procedimientos ya iniciados dificulta en gran medida la incoación de nuevas demandas, no solo por los trámites propios hasta sentencia, con abundantes señalamientos de audiencias previas y juicios, práctica de pruebas, y diversas cuestiones procesales que plantean las partes (ampliaciones de demanda, desistimientos parciales, cuestiones prejudiciales, etc.), sino por la multitud de incidencias posteriores a la sentencias (Recursos de apelación, solicitudes de aclaración, incidentes de liquidación, incidentes de impugnación de tasaciones de costas, demandas ejecutivas o de ejecución provisional, etc.). Se intenta en la medida de lo posible iniciar el trámite de nuevas demandas, si bien siempre supeditado al adecuado impulso de los procedimientos que ya se encuentran en trámite. Este L.A.J., así como los Magistrados adscritos al conocimiento de éstos asuntos, han reiterado en multitud de ocasiones la necesidad de que la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía asigne una mayor dotación de personal, lo que sin duda alguna redundaría en una mejora considerable en la prestación del servicio y en la agilización de los procedimientos.”
A la vista de dichas informaciones, hemos de entender que los motivos expresados por la Fiscalía obedecen a problemas estructurales del órgano judicial competente, afectado de las graves dificultades que atraviesan estos juzgados a los que se atribuye la competencia de estos procedimientos masivos ante entidades financieras.
Es intención de esta Institución proseguir impulsado las actuaciones necesarias de todas las instancias competentes para garantizar la mejor capacidad de respuestas del sistema judicial ante este foco de litigiosidad.
Por ello, hemos requerido ante el Defensor del Pueblo estatal su intervención ante el Ministerio de Justicia y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); a su vez, por nuestra parte, venimos solicitando de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía la puesta a disposición de los medios materiales y personales necesarios para dotar de todo el apoyo que necesitan los juzgados andaluces encargados de estos procesos.
Confiemos que las medidas de control que el propio CGPJ viene adoptando alcance los resultados esperados y se puedan impulsar estos litigios en los términos que garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva y un proceso sin dilaciones indebidas.
Sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento que resulten necesarias tal y como hemos venido realizando con motivo de otras quejas análogas, procedemos a concluir nuestras actuaciones.
0 Comentarios