Queja número 18/0660
La compareciente exponía que era divorciada, con un hijo a cargo y que por Resolución de 5 de mayo de 2017 de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga se le reconoció el 65% de grado discapacidad con efectos desde el 7 de julio de 2016.
En julio de 2017 se trasladó a vivir a un municipio almeriense, empadronándose y solicitando, a través de la trabajadora social de su localidad, a la Delegación Territorial en Almería la pensión no contributiva de invalidez que le correspondía, teniendo fecha de registro de salida del Ayuntamiento el 25 de agosto de 2017.
Pasados cuatro meses si saber de la misma, desde los servicios sociales solicitaron el 12 de diciembre de 2017 al Centro de Valoración y Orientación de Málaga que se grabase en el sistema informático el expediente de la afectada, pues mientras ello no se realizara, desde la Delegación Territorial en Almería no podía iniciarse la tramitación de la solicitud de pensión no contributiva, pero el asunto seguía igual de paralizado.
Nos dirigimos a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga y a la de Almería, informándonos esta última que con fecha 25 de agosto de 2017 se recepcionó solicitud de pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, suscrita por la interesada y remitida por el Ayuntamiento de su localidad.
Comprobado que presentaba un grado de discapacidad que había sido valorado por el Centro de Valoración y Orientación de Málaga, y siendo preceptiva la emisión de Dictamen Técnico Facultativo por el Centro de Valoración y Orientación de Almería, se instó el traslado del expediente a esta provincia Tras la recepción del traslado con fecha 8 de febrero de 2018, constaba con esa misma fecha la emisión del correspondiente Dictamen Técnico Facultativo, que se incorporó al expediente de la Pensión.
Con fecha 19 de febrero de 2018 esta Delegación Territorial de Almería resolvió reconocer el derecho a la pensión por Invalidez en su modalidad no contributiva por reunir los requisitos establecidos legalmente, en una cuantía mensual de 369,90 euros y con efectos económicos de 1 de septiembre de 2017.
El abono de la pensión se efectuaría por mensualidades vencidas y en el pago inicial de la nómina de marzo, que sería efectivo a principios del mes de abril, se incluirían los atrasos reconocidos correspondientes a seis mensualidades, a la parte proporcional de la paga extraordinaria de noviembre de 2017 y a la Ayuda Social Extraordinaria de 2018.
Al haberse resuelto favorablemente el asunto planteado, dimos por concluidas nuestras actuaciones.
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