¿Se evalúan las políticas públicas para la supresión de barreras existentes en las infraestructuras de transporte en Andalucía?. Lo preguntamos

RESUMEN DEL RESULTADO (CIERRE DE QUEJA DE OFICIO)

La Dirección General de Personas con Discapacidad acepta nuestra resolución, relativa a la necesidad de impulsar actuaciones para la evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad.

08-06-2016 APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

Con motivo del encuentro que mantuvimos, el pasado 4 de noviembre de 2015, con las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Personas con Discapacidad, se puso de manifiesto la necesidad de que las administraciones publicas realicen informes de evaluación de las políticas publicas destinadas a verificar la eficacia y la eficiencia de las medidas dirigidas a garantizar la igualdad en el pleno disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios de las personas con discapacidad. Así en unas de las conclusiones de este encuentro se hacía la siguiente valoración:

“... la inexistencia de una evaluación de las políticas públicas que, con carácter sectorial, se orientan a garantizar la normalización e integración total del colectivo en la sociedad civil.

Y es que no se trata sólo de verificar el respeto y aplicación de normas y planes, que, con frecuencia, no se llevan a cabo con rigor; es que tampoco se valoran los resultados, ni los impactos, cualquiera que sean éstos, derivados de la ejecución de tales políticas. No existe una metodología de análisis y valoración de resultados que permita llevar a cabo la evaluación de la ejecución de tales políticas.

A la vista de lo anterior, podemos concluir la inexistencia de una política de evaluación en torno a las políticas sectoriales puestas en marcha para proteger derechos y libertades de este sector y, de manera concreta, en lo que concierne a la supresión de barreras en las infraestructuras y en los transportes.”

Esta Institución comparte la preocupación de estas Federaciones por la ausencia de un instrumento que permita evaluar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas puestas en marcha por la administración autonómica y por los municipios destinadas a suprimir las barreras existentes en las infraestructuras, la edificación y el transporte en los términos contemplados en el Decreto 293/2009, de 7 de julio.

Es verdad que la Comisión Técnica de Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y en el transporte en Andalucía tiene encomendada entre otras funciones «... c) Elaborar una memoria anual de seguimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, para lo que podrá requerir la información necesaria a la Administración competente por razón de la materia.»

Sin perjuicio de la utilidad de la elaboración con carácter preceptivo de esta memoria anual que nos parece un instrumento importante de control del cumplimiento del mencionado Decreto, consideramos que es insuficiente para valorar la mencionada eficacia y eficiencia de estas políticas analizar las disfuncionalidades y potenciar aquellos aspectos de la puesta en marcha de tales políticas públicas que puedan ser mas efectivos para conseguir los objetivos del art. 49 de la CE.

Para esta finalidad, estimamos que el instrumento más idóneo son los informes de evaluación de políticas públicas que se puedan realizar con una visión ya sea transversal o meramente sectorial de los planes y programa que en coherencia con una determinada política se hayan puesto en marcha.

Por ello, hemos iniciado esta actuación de oficio con objeto de dirigirnos a la Dirección General de Personas con Discapacidad, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para que nos envíe copia de las memorias anuales que, del seguimiento del Decreto citado, se hayan realizado en 2014 y 2015 por parte de la Comisión Técnica de Accesibilidad, así como para que nos informe si se han puesto en marcha informes de evaluación de políticas públicas en relación con los objetivos del citado Decreto y, en caso negativo, si se tiene prevista su elaboración o la puesta en marcha de otras técnicas que, en definitiva, permitan evaluar el grado de eficacia y eficiencia de los planes puestos en marcha para garantizar la accesibilidad en el urbanismo, la edificación y el transporte.

07-04-2017 CIERRE DE LA QUEJA DE OFICIO

La Dirección General de Personas con Discapacidad acepta nuestra resolución, relativa a la necesidad de impulsar actuaciones para la evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad.

Durante la tramitación de la misma formulamos, a la Dirección General de Personas con Discapacidad, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Recomendación para que impulse las actuaciones que procedan para que se lleve a cabo una efectiva evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar la normalización e integración total del colectivo de las personas con discapacidad en la sociedad civil, mediante la realización de informes anuales de seguimiento por parte de los órganos que se estimen más idóneos para ello.

En la respuesta de la citada Dirección General, tras aludir al contenido de la resolución formulada, se señala que, como no podía ser de otro modo, se acepta la Recomendación, por lo que procedimos a dar por concluidas nuestras actuaciones.