Imprimir1. Introducción.
Las causas y las consecuencias de la actual crisis económica ha sido la principal reflexión de nuestros Informes Anuales presentados ante el Parlamento de Andalucía desde 2008, y que no ha sido sino darle voz a la reclamación de miles y miles de personas que durante todos estos años han acudido a nosotros pidiendo ayuda.
Y es que durante este período, la crisis se ha presentado como la causa de la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, de la ejecución de innumerables desahucios, de la supresión de numerosas prestaciones asistenciales y de la desaparición de derechos que fueron ganados a pulso con el esfuerzo y con el tesón de muchas generaciones anteriores.
Para salir de ella, la única receta admitida como válida por la Unión Europea ha sido la sustentada en la austeridad, la contención del gasto, la estabilidad presupuestaria y el control financiero. Hasta tal punto ello ha sido así que en el año 2011 se llevó a cabo la reforma del artículo 135 de la Constitución con el propósito de que la constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria hiciera posible la recuperación económica y, con ello, el mantenimiento y el desarrollo del Estado Social del que España se dotó en el año 1978.
Pero la concepción de la austeridad como bálsamo de Fierabrás no ha estado exenta de crítica, y es que la misma ha traído consigo la aplicación de políticas de recortes que han afectado a derechos intrínsecamente vinculados al Estado Social. De ello ha sido testigo esta Defensoría y, de ello hemos dado fiel testimonio ante la Cámara andaluza. Así, en la descripción evolutiva de la crisis que se contenía en el Informe Anual que presentamos el año pasado se evidenciaba que la desesperanza, la desolación y la indignación constituyen el eje transversal que ha marcado la realidad vivida por nuestra sociedad durante este período.
Esa es la razón por la que año tras año hemos deseado la llegada del fin de la crisis, asumiendo que ello daría paso inmediato a la aplicación de políticas de restablecimiento efectivo del Estado del Bienestar y a la recuperación de los derechos sociales.
El ejercicio 2015 ha traído consigo la aparición de distintos indicadores que, según algunos analistas, constituyen la confirmación de una senda de recuperación iniciada a finales del año 2014 y, con ello, la consolidación de un punto de inflexión en nuestra economía y el inicio del fin de la depresión. 
Tales opiniones vienen sustentadas, entre otros, por los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre de 2015, que ponen de manifiesto la existencia de una importante reducción de la tasa de desempleo, la aceleración en el ritmo de creación de empleo y el aumento relativo de éste por encima del PIB.
En el caso particular de Andalucía, la encuesta resulta especialmente halagüeña toda vez que sitúa a nuestra Comunidad como la que ha experimentado un mayor descenso del paro en términos absolutos. En este sentido, con respecto al año 2014, el desempleo se ha visto reducido en 197.400 personas, lo que supone un decremento del 14,15%.
Asimismo, en el apartado de creación de empleo, en el año 2015 se han registrado en nuestra Comunidad 137.500 ocupados más, lo que representa un aumento del 5,13% con respecto al año anterior, situándose el número total de ocupados en 2.819.400 personas.
No obstante, la puesta en conexión de estas cifras con otras variables que se antojan ineludibles llevan a otros analistas a alcanzar conclusiones bien distintas, lo que exige la asunción de criterios de prudencia a la hora de calificar los datos.
Así, por ejemplo, la causa del descenso habido en el número de desempleados la sitúan en la caída registrada de la población activa, de modo que solo el 63% de las personas que salen del desempleo lo hace porque encuentra un trabajo.
Este dato se hace muy evidente en el segmento de población comprendido entre los 16 y los 24 años, de tal forma que la bajada que ha experimentado la tasa de paro en estas edades resulta sumamente próxima a la reducción habida en el número activos menores de 25.
También subrayan estas fuentes la importante incidencia que tiene la degradación registrada del mercado de trabajo, lo que se evidencia con el aumento de la contratación temporal y con el descenso de los ocupados a tiempo completo. 
De este modo, la tasa de temporalidad se sitúa a finales de 2015 en el 25,66%, casi punto y medio superior a la registrada a finales del ejercicio anterior; llegando la del empleo parcial al 15,7%. Esta cuestión tiene además especial afección sobre la población femenina, lo que constituye un nuevo hándicap para la consecución de los objetivos de igualdad y autonomía de la mujer.
En cualquier caso, y sin menoscabo de estas opiniones divergentes, el principal dato que trasluce la consolidación de la recuperación económica de nuestro país afecta al crecimiento experimentado por nuestra economía.
A este respecto cabe traer a colación los ocho trimestres seguidos en los que la evolución interanual del Producto Interior Bruto ha resultado positiva, hasta situarse el dato anualizado de 2015 en el 3,2%, con un ritmo de crecimiento superior al registrado en países de nuestro entorno y con unas previsiones de crecimiento, realizadas por el Fondo Monetario Internacional, que sitúan a la española como la economía que más va a crecer durante el año 2016, de entre las grandes economías avanzadas.
Sin embargo, estos datos que resultan esencialmente positivos no se han traducido en una mejora del bienestar de la Sociedad sino en un notorio aumento de la desigualdad social que ha evidenciado la propia OCDE y muy recientemente Intermon Oxfam en su informe “Una economía al servicio del 1%”.
Así, según el citado estudio, España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad, sólo por detrás de Chipre y superando de largo a Grecia, llevando a la organización a alertar sobre el aumento registrado del número de personas en riesgo de exclusión y de la distancia entre ricos y pobres. A este respecto, sirva el dato de que en el año 2015 el 1% de la población concentra tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos.
No en vano, nuestro país es el segundo de la Unión Europea en el que más ha aumentado la distancia entre las rentas altas y las bajas, sólo por detrás de Estonia; habiendo decrecido el salario medio español un 22,2% en el período 2007 - 2014.
Además, según los datos de la OCDE, los hogares más desfavorecidos son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos durante la crisis, mientras que el salario de los más ricos es, hoy por hoy, 18 veces superior al del 10 % más pobre.
Pero existe una cuestión que se enfatiza en el citado informe y que se nos antoja aún más grave: la ineficacia de las políticas de redistribución de la riqueza y para garantizar la igualdad de oportunidades.
Ejemplo de ello es la política tributaria, con unos niveles impositivos efectivos de los más bajos de toda Europa, y que pivota sobre un diseño desequilibrado en el que el 85% del esfuerzo recae sobre las familias frente a una contribución notoriamente reducida de la fiscalidad sobre el patrimonio, la riqueza o el capital.
Es decir, se recauda poco de quien tiene más, con una escasísima redistribución y con unos niveles de evasión y elusión fiscal de los más elevados de nuestro entorno; aspectos estos en los que igualmente se incide en el informe “Poverty and inequalities on the rise: just social models hended as the solution!”, elaborado por Cáritas Europa y en el que se hace un análisis focalizado, entre otros países, sobre España. 
Para colmo, y citando de nuevo el informe en cuestión, el comportamiento fiscal de las grandes empresas refleja un escaso compromiso con el Estado y con la Sociedad, hasta el punto que 17 de las 35 compañías del IBEX35 no paga nada por el impuesto de sociedades en España. No en vano, mientras la inversión desde nuestro país hacia la Unión Europea cayó un 15% el año pasado, la inversión hacia paraísos fiscales creció un 2000% en el mismo período.
La consecuencia de todo ello, nos tememos, es una población mayoritaria que va a ser más vulnerable y una parte cada vez mayor de la sociedad será condenada a la exclusión social.
La propia Comisión Europea, que ha entronizado hasta la saciedad el principio de estabilidad presupuestaria, alerta ahora sobre el deterioro que presentan los indicadores de pobreza y exclusión social en España.
Así, señala en un borrador de informe del que se han hecho eco algunos medios de comunicación a comienzos de 2016, que “La reciente recuperación del mercado laboral no se ha trasladado a una mejora de los índices de pobreza y exclusión social, que continúan creciendo y se sitúan entre los más altos de la UE”. Y alerta de que “Hay más pobreza en todos los niveles, incluida la pobreza severa, por el elevado paro de larga duración y por el rápido crecimiento del trabajo a tiempo parcial, que se sitúa entre los más elevados de la UE”, señalando especialmente a los menores como uno de los colectivos directamente afectados por el deterioro del Estado Social.
El Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera comienza diciendo que “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la economía española, para garantizar el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más próspera, justa y solidaria”.
Por su parte, la Exposición de Motivos de la reforma operada del artículo 135 de la Constitución señala que “la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Ley Fundamental y, en definitiva, de la prosperidad presente y futura de los ciudadanos”.
Sin embargo, la realidad descrita y avalada por la propia Comisión Europea, dista enormemente de suponer una garantía para el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía, al menos de la inmensa mayoría de ésta.
Esto es precisamente lo que ha apuntado esta Defensoría a lo largo de los últimos años y lo que ha podido evidenciar con la actividad desarrollada durante el ejercicio 2015.
Las medidas adoptadas con el propósito de superar la crisis económica y garantizar la prosperidad lo que han traído consigo ha sido la quiebra del Estado Social, dando paso a una nueva realidad que pivota sobre principios muy alejados de los de igualdad y solidaridad de nuestra Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Y ello se evidencia en todos los ámbitos a los que ha afectado el ejercicio de la función tuitiva de derechos y libertades de esta Defensoría, aunque con especial incidencia en apartados como el empleo, los servicios sociales, la vivienda, la salud o la educación.
A continuación, relatamos algunas de estas cuestiones, sin menoscabo del tratamiento más exhaustivo que se hace a lo largo del presente Informe Anual.