Presentación

Un nuevo año, 2015, cumplimos con nuestro compromiso y responsabilidad de dar cuenta, ante el Parlamento de Andalucía, de la situación que han vivido los ciudadanos y ciudadanas y de los avances y retrocesos en la defensa de los derechos que tienen reconocidos y por conquistar.

Fiel a esta cita anual y, como no podía ser de otra manera, es preciso, para comprenderla, entender el contexto social, económico y político en el que se desarrolla la efectividad de sus derechos, sus limitaciones, dificultades y vuelta atrás de algunos de ellos.

La pregunta de fondo que nos hacemos a la luz de los datos que afectan a las condiciones de vida en nuestra Comunidad, hace referencia a cuánto hay de sostenibilidad del Estado de Bienestar y/o cuánto hay de retroceso, resumido en el concepto del que hablan los expertos de: la irreversibilidad.

A la luz de las 9.082 quejas y 9.343 consultas gestionadas en 2015, debemos preguntarnos por el estado de salud de lo que se ha denominado el Estado de Equidad, es decir, el que define el grado de igualdad y de dignidad del que gozan los ciudadanos y ciudadanas. Porque ello va a mostrarnos los indicadores que explican en qué nivel de igualdad vivimos, qué condiciones de vida disfrutamos y cuáles hemos perdido y tenemos que seguir luchando por recuperar.

Remitiéndome a los indicadores principales reflejados en el Balance del Defensor y en nuestros anteriores Informes Anuales desde 2008-2014 sobre las causas y consecuencias de la actual crisis económica, me parece necesario hacer una reflexión de fondo sobre las posibilidades reales que tienen las familias de salir de la situación de riesgo y/o de exclusión social, de aumentar o disminuir su situación de pobreza y desempleo, de pérdida de su vivienda o la imposibilidad de hacer frente a los pagos más elementales para su subsistencia en condiciones de dignidad.

Los datos de nuestros Informes anteriores y los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad son preocupantes y no sabemos cuánto van a suponer de obstáculos insalvables, retrocesos de derechos o condiciones de vida más desiguales e injustas en una sociedad más dual y fragmentada y menos solidaria.

Algunos botones de muestra pueden explicar el fondo de esta reflexión:

“Considerar el estado del bienestar como un “exceso evitable” es una tentación que, al parecer, atrae a muchos defensores de los recortes del gasto público, que no se toman la molestia de analizar la situación de un modo más crítico” (Amartya Sen. Premio Nobel de Economía).

“Nos jugamos, en el fondo, la manera en que saldremos de la crisis y el modelo social, su marco de derechos y libertades. En esta lucha generalizada por el empleo, la vivienda, la corrupción, etc., no queremos reflexionar sobre la vida sin derechos que pende sobre nosotros si continuamos por esta senda, sin intentar remover los obstáculos como nos señala el art. 9 de la C.E. que impiden a los ciudadanos ser felices” (Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz, 2013).

En resumen, se hace precisa la reafirmación del Estado Social, la intensificación de la Democracia; la creación de una nueva hegemonía en la que las necesidades colectivas se sitúen de nuevo por encima de los egoísmos y de las conductas individualistas, en la que la igualdad, la justicia y la solidaridad orienten nuestras decisiones.

Por otra parte, los síntomas que en estos últimos meses (2015 y parte de 2016) se están produciendo, caminan en la dirección señalada anteriormente.

Así, nos preocupa el aumento de la pobreza de los colectivos más débiles y las consecuencias dramáticas que estamos viviendo; las situaciones de violencia en todas sus variaciones; el incremento de la brecha digital, social, laboral, intergeneracional; el incremento de la migración juvenil al extranjero que está produciendo retrocesos, de manera que la emigración está desplazando claramente a la inmigración.

La crisis de los refugiados ha sido el principal punto de inflexión de estas nuevas necesidades. Su petición de auxilio apelando a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha puesto a prueba la capacidad de reacción conjunta de los países desarrollados con el pobre resultado de una respuesta ineficaz y torpe que ha sumido a poblaciones enteras a un sufrimiento extremo y nos está cuestionando como sociedades de derechos.

Una situación que, conjuntamente con el resto de defensores del pueblo del territorio nacional, nos ha llevado a demandar del Gobierno de España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales que “acojan con plena garantía, a las personas que huyen de la guerra y de la intolerancia”.

También hemos estado muy atentos a los retos planteados en la reciente Cumbre de París, en aras a preservar un modelo de desarrollo sostenible que evite, entre otras, las consecuencias del cambio climático. E íntimamente relacionado con ello está siendo el debate sobre el modelo de ciudad.

Sobre ambas cuestiones, como Defensor del Pueblo Andaluz, hemos promovido y pensamos seguir haciéndolo, una reflexión sobre el modelo de ciudad que queremos, apostando por ciudades inclusivas, capaces de conocer las necesidades de la población y ofrecer respuestas adecuadas.

En definitiva, hemos de reaccionar con fuerza para mantener prioritariamente los rasgos esenciales de una sociedad identificada con los derechos fundamentales de igualdad y dignidad.

Por ello, en relación con las actuaciones en defensa de los derechos sociales ya reconocidos, hemos exigido insistentemente su cumplimiento ante el Parlamento y mediante la denuncia pública en las redes sociales y los medios de comunicación. Un escenario que nos ha demandado una actitud positiva, con más de 450 mediaciones y 229 investigaciones de oficio, además de nuestra acción de supervisión de la actuación de las Administraciones para velar por el cumplimiento de los derechos sociales reconocidos.

Hemos estado muy atentos y velando por la evaluación de las políticas activas de empleo; por recuperar la función social de una política de vivienda; atentos a las situaciones de vulnerabilidad de los colectivos que demandan mayor protección; vigilantes con los menores, principales víctimas de toda esta situación crítica; vigilantes, también, con el alumnado con necesidades educativas especiales y trastornos de conducta y, en fin, con las situaciones de violencia tanto de género, como entre iguales o la violencia filioparental.

También han demandado nuestra ayuda las personas solicitantes del salario social y las personas dependientes por los retrasos en los pagos o en la valoración de sus situaciones para conseguir una prestación acorde con sus necesidades. Y las personas mayores y los colectivos con discapacidad por la paralización de las políticas públicas sectoriales, etcétera.

Y todo ello, asumiendo uno de los retos fijados en 2015: mejorar nuestras relaciones con la ciudadanía y movimientos asociativos, a través de una nueva web -más interactiva y funcional y adaptada a los móviles-, y a través de un programa de visitas de la Oficina del Defensor a las provincias que, iniciado ya en Almería y Granada, pretende acercar nuestro trabajo a todos los ciudadanos y ciudadanas.

De todo ello, damos cuenta en este Informe Anual 2015, mejorando, año tras año, su presentación y lectura de nuestra labor como garante y protector de los derechos de la ciudadanía.

Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Defensor del Pueblo Andaluz