2.1 Empleo

El año 2015 ha estado marcado por la caída registrada del desempleo y por el aumento habido en el número de ocupados.

Así, según se desprende de la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año, el paro bajó en España en 678.200 personas, un 12,4% por debajo a 2014, logrando de este modo un tercer decremento anual consecutivo y la mayor caída de la serie histórica.

Por su parte, el empleo creció en 525.100 personas, cerca de un 3% más, lo que supone el segundo aumento anual consecutivo y el más elevado desde el comienzo de la crisis. De esta forma, al cierre del ejercicio se registraron 18.094.200 ocupados, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2011, y 4.779.500 parados, la cifra más baja desde finales de 2010. La tasa de desempleo fue del 20,9% al finalizar el año, un 2,8% menor que 2014 y su nivel más bajo desde el segundo trimestre del año 2011.

En el caso particular de Andalucía el paro ha bajado a lo largo del año 2015 en 197.400 personas, lo que supone un 14,15% menos de desempleados que en 2014 y la mayor bajada en términos absolutos con respecto al resto de Comunidades.

Por consiguiente, el número total de desempleados se sitúa en 1.198.300 parados y la tasa de paro en el 29,3%, cerca de 5 puntos porcentuales menos que a finales de 2014 y 7 por debajo de la tasa de paro registrada en el año 2013.

En lo que a creación de empleo se refiere, la EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2015 también ofrece datos positivos para nuestra Comunidad.

Así, durante el año 2015 ha habido 137.500 ocupados más, un 5,13% por encima de 2014, llegando a los 2.819.400 de personas ocupadas. Y es que, no en vano, durante el cuarto trimestre del año Andalucía se ha situado por delante de las demás comunidades autónomas en cifras absolutas de creación de empleo.

Sin embargo, estos datos que en sí mismos resultan positivos y esperanzadores, llevan aparejado un hondo problema que, a nuestro juicio, merece ser afrontado con el máximo rigor y con la mayor celeridad. Nos referimos a la precarización del mercado laboral y a la escasa calidad de los nuevos puestos de trabajo.

En este sentido, la mayoría de los nuevos contratos son temporales y su duración es cada vez menor. En efecto, los datos indican que la tasa de temporalidad va en aumento, situándose en el 25,6%, un 1,4% más que en 2014, de tal forma que mientras el empleo indefinido crece al 1,5%, el temporal lo hace tres veces más deprisa.

Por su parte, los contratos a tiempo parcial aumentan de forma ostensible, al mismo tiempo que la remuneración de los nuevos empleos se ve notablemente reducida. Y, los nuevos empleos se registran mayoritariamente en sectores de la economía en los que se genera menor valor añadido.

Estas circunstancias, unidas al debilitamiento de la negociación colectiva, son las que han llevado a alertar desde diversos sectores sobre la existencia de trabajadoras y trabajadores pobres.

Pues bien, con la finalidad de hacer frente a esta situación, especialmente en materia de desempleo, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha entre los años 2014 y 2015 todo un conjunto de medidas.

Las mismas se contienen en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+; el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+, así como en el Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo y en la más reciente Ley 2/2015, de 29 de diciembre, ambos de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, conjunto normativo con el que se pretende dar una respuesta al grave problema del desempleo juvenil así como a los desempleados mayores de treinta o más años.

Pese a ello, estas Políticas Activas de Empleo auspiciadas desde la Administración autonómica se siguen viendo enormemente lastradas por los severos y consolidados recortes presupuestarios impuestos desde el Gobierno de la nación, de tal forma que en el ejercicio 2015 el Estado ha destinado tan sólo un 36% de los fondos que destinaba en 2011, y ello a pesar de la inasumible tasa de paro que, pese a la reducción habida del desempleo, se sigue registrando hoy día en Andalucía.

A estas dificultades se une también la demora registrada en las transferencias de fondos y en los pagos comprometidos, que ocasionan evidentes efectos colaterales en la actividad que en este sector prestan las entidades colaboradoras, que se ven abocadas a graves dificultades financieras cuando no al cierre; circunstancias éstas a las que se añade a su vez el hecho de que los fondos estatales afectos a las políticas activas de empleo se abonen en el ejercicio presupuestario siguiente, lo que viene a dificultar aún más la gestión eficaz de tales políticas.

Asimismo, en el ámbito específico de los programas de Formación Profesional para el Empleo se constata la ingente incidencia que está teniendo la concurrencia de la fiscalización operada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y por la intervención general de la Junta de Andalucía, de los procesos judiciales por presuntos supuestos de fraude en subvenciones y el doble proceso de reestructuración administrativa llevado a cabo en este ámbito en los últimos 3 años que ha supuesto el traspaso de competencias de la Administración de Empleo a la Administración Educativa para su posterior reversión.

Igualmente destacable en este ámbito resulta la problemática analizada a lo largo del ejercicio atinente a las Escuelas de Formación para el Empleo.

En este sentido, a través de numerosos expedientes de queja y de la personación de distintos colectivos afectados se evidenció la práctica paralización de la actividad formativa de los Consorcios Escuela, el deterioro de los centros como consecuencia de su cierre y la demora padecida por trabajadores y trabajadoras para la percepción de sus sueldos; una problemática derivada de la regulación contenida en las leyes estatales de racionalización y sostenibilidad del sector público y de la Administración local, que impide la participación de las entidades locales en la red formativa autonómica.

En lo atinente al sector público debe significase la enorme pérdida de empleo público habida a lo largo de los últimos años, que se cifra en unos 35.000 empleos públicos en Andalucía, en el periodo 2010-2015, para las tres Administraciones territoriales.

No obstante lo anterior, en el año 2015 se ha apreciado un tímido punto de inflexión a partir de la aprobación de las leyes de Presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía para dicho ejercicio, toda vez que las mismas excepcionan la prohibición general de incorporación de nuevo personal al sector público en determinados sectores, autorizando en los mismos una tasa de reposición de hasta el 50 por ciento de las jubilaciones producidas en el ejercicio precedente.

En este sentido, en el ámbito de Administración sanitaria autonómica se ha ofertado un total de 1.875 plazas (de acceso libre y promoción interna); en el ámbito educativo, un total de 1.810 plazas; en el ámbito de la Administración General un total de 540 plazas; y en menor número, las correspondientes a la Administración de Justicia e instrumental.

Esta circunstancia ha tenido su correspondiente traslación a la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año, a partir de la cual se constata un incremento en la tasa de creación de empleo público que, en términos globales, alcanza el 2,5% anual; un dato esencialmente positivo aunque, a nuestro juicio, insuficiente para garantizar los niveles de calidad que requiere la prestación de los servicios públicos, en clara consonancia con el derecho a la buena administración prevenido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2.2 Vivienda

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 25.1 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Por su parte, el artículo 47 de nuestra Constitución prevé que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y en consonancia con ello requiere a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

Andalucía, a través de su Estatuto de Autonomía, avanzó la regulación para concretar el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos, y lo hizo atribuyéndoles la obligación de desarrollar políticas de promoción pública de vivienda.

Es de este modo como se configura la vivienda en nuestro ordenamiento, no como un simple bien de consumo sujeto a las leyes de mercado, sino como un derecho de una marcada función social sobre el que se sustentan los demás derechos constitucionales y estatutarios.

Sin embargo, la magnitud que ha alcanzado el problema de la vivienda permite evidenciar que esta función social que forma parte de la esencia del derecho ha sido obviada durante demasiados años.

Procede pues reivindicar sin ambages la absoluta prevalencia del carácter social por encima de cualquier otra variable susceptible de asiento en libros contables, y es que, como dispone el artículo 128.1 de la Constitución “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Es esta concepción la que debe impulsar de una vez por todas no sólo la adaptación definitiva de la normativa hipotecaria a los sucesivos requerimientos que vienen siendo planteados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuestión ésta que afecta al Estado, sino también las políticas que desde el ámbito público, tanto estatal como autonómico, se llevan a cabo para la defensa, protección y promoción del derecho a la vivienda.

Y es que únicamente, a partir de esa interiorización del principal rasgo identitario del derecho a la vivienda podrá ponerse fin a la cruda realidad que año tras año venimos describiendo en los Informes Anuales que presentamos ante el Parlamento de Andalucía, también en el presente, que aluden a la insuficiencia inversora, a la ineficiencia de iniciativas de promoción, a la prevalencia del régimen de propiedad frente al de alquiler, a las disfunciones en la gestión de las viviendas, a la ineficacia de labores de vigilancia o a la escasa entidad que tienen los parámetros sociales a la hora de acordar las adjudicaciones de viviendas.

Para la consecución de todos estos propósitos, que fueron objeto de un análisis profuso al hilo de las XXX Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, abogamos por la suscripción de un Pacto por la Vivienda que permita sustentar los principios que han de inspirar las políticas que se lleven a cabo sobre la materia.

Y asimismo, demandamos un año más del Gobierno autonómico la aprobación definitiva del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación, como instrumento ineludible para afrontar las grandes reformas que han de llevarse a cabo y que cada vez resultan menos inaplazables.

2.3 Servicios Sociales

La Constitución Española de 1978 compromete expresamente a los poderes públicos en la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas (artículo 9.2), así como en el cumplimiento de objetivos que hagan posible el progreso social y económico (artículo 40.1).

Asimismo, recoge en su articulado determinadas poblaciones diferenciadas, como la juventud (artículo 48), las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica (artículo 49), las personas mayores (artículo 50), la familia, los hijos y las hijas (artículo 39.1,2,4), para conformar el soporte normativo de un concepto amplio de servicios sociales que entronca directamente con la configuración del Estado Social.

Andalucía, a través de su Estatuto de Autonomía, ha podido dotarse de competencias exclusivas en la materia que incluyen la regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros sistemas de protección pública, la regulación y la aprobación de planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social y las Instituciones Públicas de protección y tutela de personas necesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabilitación; la protección y tutela de personas con necesidades especiales, voluntariado, protección de menores, promoción y protección de las familias y de la infancia.

Reconoce además un ingente número de derechos íntimamente relacionados con las políticas sociales, como es el caso del derecho a la igualdad de género (artículo 15) a la protección contra la violencia de género (artículo 16), a la protección de la familia (artículo 17) de personas menores (artículo 18), de personas mayores (artículo 19), al acceso de todas las personas –en condiciones de igualdad- a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales (artículo 23.1) y a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas (artículo 23.2). Derechos todos ellos que, como no puede ser de otra manera, vinculan a los poderes públicos de Andalucía.

Sin embargo, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y hasta la propia Comisión Europea vienen alertando desde hace años sobre los inasumibles niveles de desigualdad social que se registran en nuestro país y, algo que es aún peor si cabe, sobre la tendencia alcista que se viene detectando en los mismos.

En este contexto, las políticas redistributivas de la riqueza, de fomento de la igualdad, de creación de empleo, de reactivación económica y de atención social revisten un papel crucial y hasta vital para muchas personas.

Por consiguiente, si los niveles de desigualdad y de desatención de la población más necesitada son los que son, es evidente que hace falta reconsiderar buena parte de las políticas que se vienen ejecutando para hacerlas rolar hacia un modelo dotado de mayor efectividad y consonancia con los principios constitucionales.

Sólo de este modo podrá propiciarse una mayor cohesión social que favorezca la plena integración de colectivos cada vez más numerosos y más necesitados, y sólo así nuestro Informe Anual podrá dejar de hablar de las recurrentes disfunciones que presenta el Sistema de Dependencia, que se suceden año tras año y que pivotan sobre las demoras, la insuficiencia en la dotación de medios, la escasa optimización de recursos y la insuficiente dotación presupuestaria; o de los problemas que una y otra vez se dan en la aplicación del Programa de Solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad, que siguen incidiendo en la demora en el reconocimiento y pago de la prestación económica que conlleva.

Sólo así podrán superarse los párrafos que, informe tras informe, dedicamos a relatar quejas sobre denegación de ayudas sociales; sobre retrasos en el abono de subvenciones a entidades del Tercer Sector que se ven imposibilitadas para seguir atendiendo las infinitas necesidades de nuestros iguales; o sobre la inexistencia de techos que den cobijo a personas que se han visto superadas por la cruda realidad que a veces depara la vida.

Miramos con esperanza el nuevo escenario que para muchas familias supone la aprobación de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social que, a pesar de salvedades en aspectos concretos y del desarrollo reglamentario que haya de articularse, viene a suponer en buena medida la atención por parte del Estado de una de las principales propuestas que se han venido haciendo desde esta Defensoría del Pueblo Andaluz a lo largo de los últimos años.

De igual modo aplaudimos iniciativas de ámbito autonómico como la que representa el Proyecto de Ley de Servicios Sociales, que deseamos pueda ver la luz en breve; o la moción aprobada recientemente en el Parlamento de Andalucía instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a articular las modificaciones legislativas pertinentes o desarrollos reglamentarios necesarios que aporten soluciones reales y efectivas a la pobreza hídrica, en consonancia por tanto con las demandas que este Defensor ha planteado reiteradamente y que se concretan de forma pormenorizada en el Informe Especial que el pasado mes de diciembre presentamos ante la Cámara legislativa.

Esperamos pues que estos hitos se traduzcan en una pronta adaptación de la regulación vigente que sirva de palanca para revertir la situación de desaliento, desesperanza e impotencia a la que se ven sometidas muchas familias de nuestra Comunidad.

Y deseamos también que sirvan de impulso definitivo para hacer efectivas otras demandas que desde hace años se vienen planteando desde esta Defensoría. A este respecto, las que entroncan precisamente con la necesidad de garantizar el acceso de todos y de todas a los suministros mínimos vitales. En particular nos referimos a la configuración de un marco regulatorio en nuestra Comunidad que, superando las limitaciones competenciales que plantea la Constitución, permita garantizar la disposición de dichos suministros básicos y que requiera de las empresas suministradoras la asunción de un protocolo de actuación que evite los cortes a familias que se encuentren en situaciones desfavorecidas.

Esperamos pues que prevalezca la voluntad última de superar la situación de “pobreza energética” que padecen muchos hogares de nuestra Comunidad y que, de este modo, la Cámara legislativa autonómica localice el encuentro necesario para hacer realidad este propósito.

Y junto con ello, la aprobación definitiva de una Ley de Renta Básica, que transitoriamente venga precedida de la urgente modificación del Programa de Solidaridad, para hacer realidad el derecho previsto en el artículo 23 de nuestro Estatuto de Autonomía como cauce fundamental para garantizar las condiciones de vida digna a las que alude el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo contenido debiera inspirar, entre otras, la política presupuestaria.

Finalmente, no podemos dejar de hacer mención a las 13 víctimas de violencia machista que se contabilizaron en nuestra Comunidad a lo largo del año, y que engrosan la amarga lista de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Hace ya mucho tiempo que esta lacra debió erradicarse por completo de nuestra Sociedad, sin embargo hoy en día nos encontramos con estudios, como el elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que señalan cuestiones como que el 33% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, es decir, uno de cada tres, considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias controlar los horarios de sus parejas, impedir que vean a sus familias o amistades, no permitirles que trabajen o estudien o decirles lo que pueden o no pueden hacer.

El dato es aún más alarmante si se compara con el que arroja otro estudio elaborado el año anterior en relación con personas de todas las edades, y es que los jóvenes se muestran menos críticos que los mayores con este tipo de actitudes machistas en el seno de las parejas.

Ante esto sólo cabe pensar que las cosas no se están haciendo todo lo bien que la extrema gravedad del asunto requiere; que es preciso evaluar en profundidad las políticas que se están siguiendo para detectar carencias y para intensificar aquello que sea positivo; que es ineludible propiciar la interiorización de la igualdad por parte de toda Sociedad; y que la solución definitiva a tamaño problema no se puede demorar por más tiempo.

Como tampoco se pueden demorar las acciones que deben acometerse para solventar otras muchas situaciones de violencia que, intensificadas en buena medida por la situación de crisis, se vienen manifestando en otros muchos ámbitos de nuestra Sociedad.

Ejemplo de ello son los supuestos de violencia filoparental, sobre los que también hemos tenido ocasión de tratar en el presente ejercicio 2015.

A este respecto, y según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, el número de sentencias impuestas a menores de entre 14 y 17 años por ejercer este tipo de violencia ha aumentado en nuestra Comunidad un 60% en sólo 5 años.

En consonancia con ello, la Fiscalía General del Estado apunta igualmente un incremento ostensible del número de denuncias por violencia filioparental, de tal manera que las 2.683 registradas en 2008 han dado paso a 5.377 en el año 2014.

En definitiva, una realidad tan cruda que llega a dificultar incluso la determinación de la envergadura real del problema, y ello por cuanto que este tipo de agresiones constituyen la forma más escondida y estigmatizada de violencia en el seno de una familia.

2.4 Salud

La quiebra del Estado Social a la que aludíamos previamente también se ha hecho notar en el ámbito sanitario, fundamentalmente a partir de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que ha venido a afectar a los principios de universalidad y gratuidad que se imbrican en la que, hasta entonces, ha sido la configuración de nuestro sistema sanitario.

En este sentido, esta Institución que tiene encomendada la defensa de los derechos y de las libertades de la ciudadanía, no puede sino mostrarse contraria a cualquier iniciativa que suponga limitar el ámbito subjetivo del derecho a la asistencia sanitaria, por más que no afecten a ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad española.

A nuestro entender, la universalidad del derecho viene a garantizar que no se produzcan situaciones injustas en un ámbito en el que las mismas podrían tener consecuencias irreparables.

De igual modo, debemos manifestar nuestra discrepancia con la introducción de sistemas de copago, y más aún en una coyuntura en la que la población se encuentra cada vez más empobrecida.

El acceso a los medicamentos no se puede hacer depender de la tenencia de unos determinados niveles de suficiencia económica de los enfermos y enfermas; y si de lo que se trata es de aliviar gastos al sistema, quizá fuera aconsejable tener en consideración el coste potencial que para el mismo tendría el que una parte relevante de su población no acceda a los tratamientos farmacéuticos que requiere, lo que con gran probabilidad se traduciría en la asunción de mayores costes vinculados a dolencias más graves derivadas de la ausencia de tratamiento; o el incremento probable del gasto en prestaciones de la Seguridad Social; o la presumible bajada de productividad que se produciría con ocasión de la sucesión de situaciones de incapacidad laboral.

Por ello, valoramos positivamente la apuesta normativa que representa el Anteproyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), que desde el ámbito autonómico trata de minimizar los efectos que se derivan de la introducción del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en un ámbito como la salud pública.

Por último, demandamos un análisis profundo de la realidad sanitaria con la que conviven los reclusos de nuestras prisiones, en la que ahondamos en el Informe Especial sobre las Unidades de Custodia Hospitalarias que ha sido elaborado en el presente ejercicio. A este respecto, hemos constatado severas lagunas en la asistencia sanitaria de estos enfermos derivadas de las deficiencias que presenta el modelo organizativo. Un diseño duplicado en la asistencia sanitaria (Prisiones y SAS) que, por desgracia, termina provocando la ruptura en la atención integral de los enfermos y de las enfermas que deambulan entre dos sistemas sanitarios.

2.5 Educación

A nadie escapa la importancia que reviste la Educación como garantía del principio de igualdad y como instrumento esencial para la generación de oportunidades.

Bajo esta premisa, y atendiendo a la coyuntura por la que viene atravesando nuestro país, mimar la educación se convierte en requisito ineludible para la consecución del objetivo que demanda la propia Comisión Europea de reducir los enormes niveles de desigualdad que se registran en nuestra Sociedad.

Sin embargo, la realidad que constata esta Defensoría con ocasión de las quejas que tramita pone de manifiesto lo alejado que estamos de alcanzar tal propósito.

Sirva de ejemplo que los resultados que obtiene nuestro sistema educativo en el informe PISA resultan del todo mejorables, si bien la realidad que enfrentan buena parte de nuestros centros educativos pone de manifiesto que en la actual coyuntura son, por encima de todo, el cauce para garantizar el sustento alimentario de cientos de niños y de niñas. Una realidad ésta que se constata por el incremento habido de quejas sobre comedores escolares, y es que el ingente número de menores que se encuentra en situación de riesgo de exclusión social y la insuficiencia de plazas en estos comedores ha provocado que muchas familias que no han podido acceder a las mismas hayan presentado las correspondientes reclamaciones.

De igual modo los recurrentes problemas con los que se encuentran los menores con necesidades educativas especiales, para los que la Administración autonómica, año tras año, no dispone de los recursos materiales y humanos que precisan.

No se compadecen por tanto los incrementos sostenidos en el PIB de los que hablan los cuadros evolutivos de nuestra economía con la realidad que a diario se vive en nuestras escuelas. No se puede hablar de recuperación si ésta deja en el olvido a nuestras generaciones futuras. No se puede hablar de mantenimiento del Estado Social cuando los centros educativos se convierten en el único cauce posible para asegurarle una comida caliente a nuestros hijos y a nuestras nietas.

2.6 Sostenibilidad

Con respecto a esta materia, uno de los objetivos prioritarios de mi mandato ha sido impulsar medidas dirigidas a garantizar un desarrollo económico sostenible de nuestra Comunidad Autónoma.

Nuestra propuesta la expresamos en el Informe Especial al Parlamento de Andalucía que presentamos este año en la Comisión de Fomento y Vivienda sobre la Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en los Espacios Urbanos Peatonales de las Ciudades Andaluzas y en la Jornada organizada por esta Institución sobre Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles.

Se trata de poner en marcha unas líneas de actuación que, en suma, lo que suponen es un cambio en el modelo productivo, apostando por la economía circular, una protección a ultranza del suelo no urbanizable por su valor ecológico y una nueva manera de entender la movilidad en nuestras ciudades para hacer frente a la emisión de gases de efecto invernadero, que de manera tan significativa están incidiendo en el cambio climático, la lucha contra la contaminación atmosférica y su incidencia en el derecho a la protección de la salud y la disminución de la contaminación acústica.

La Cumbre de París ha puesto de manifiesto la gravedad del problema, la urgencia en alcanzar unos objetivos mínimos y la necesidad de actuar desde distintos frentes.

Señorías, lo que dije en aquella intervención y lo repito ahora, parafraseando al Secretario General de las Naciones Unidas, hay que actuar ya pues ”no hay plan B porque no tenemos un planeta B”. Andalucía puede y debe estar a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático; esperamos, y deseamos, que en este ejercicio se adopten medidas que supongan un punto de inflexión en el camino, sin retorno, de mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2º C respecto de los niveles preindustriales.

El incumplimiento del objetivo de la Directiva Marco del Agua, que exigía que a la fecha límite de finales de 2015 se garantizara el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas de la Comunidad, lo que, a su vez, es un requisito previo para, algún día, conseguir el “vertido cero”, unido a la polémica que se viene suscitando en torno a las inversiones de las infraestructuras necesarias para todo ello, creemos, exige un debate amplio y soluciones de consenso que, desde la transparencia, permitan afrontar el “cómo” y el “cuándo” se van a ejecutar aquéllas.

Pensamos que nos encontramos ante una cuestión que sería conveniente que se tratara, de forma monográfica, en el Parlamento de Andalucía con el fin de valorar la situación real, los compromisos, el funcionamiento del canon de mejora y, de acuerdo con todo ello, diseñar una hoja de ruta que permita dotar de la necesaria eficacia, eficiencia y transparencia a las actuaciones necesarias para alcanzar ese objetivo irrenunciable de garantizar la calidad de todas las masas de agua como objetivo previo a conseguir, también, el vertido cero. El derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado exige un posicionamiento claro a la hora de abordar este grave problema.