1.1.2.1.1 Beneficios fiscales

Hemos recibido gran cantidad de quejas en relación con la gestión tributaria y recaudatoria que llevan a cabo las haciendas locales (Ayuntamientos y Diputaciones) por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Unas veces el problema expuesto era la no aplicación de bonificaciones a las que los interesados creían tener derecho, como las establecidas en las Ordenanzas Fiscales correspondientes, por circunstancias familiares del contribuyente, como ser titular de familia numerosa.

También tratamos el establecimiento en algunos municipios -principalmente de la Costa del Sol– de bonificaciones y de subvenciones o ayudas exclusivamente a empadronados en los mismos, para hacer frente al pago de la cuota tributaria por el IBI (a veces con inclusión del mismo problema respecto de las tasas por recogida de residuos sólidos urbanos).

Respecto de este tipo de situaciones, durante el ejercicio a que se contrae el presente Informe, continuamos tratando casos como el que dio lugar a la queja 13/1952, relativa al municipio de Vélez-Málaga, en el que -en relación con la ordenanza fiscal de IBI- se había establecido el requisito de estar censado en el Padrón de Habitantes para tener acceso a las referidas “subvenciones”.

Al respecto, la norma local establecía los elementos principales de la regulación o régimen jurídico contemplado en ella y señalaba que su objetivo no era otro que el establecimiento de ayudas para hacer frente a la cuota tributaria a aquellos vecinos que fueren propietarios de inmuebles que constituyeran su vivienda habitual y efectiva y estuvieran debidamente empadronados.

Esta diferencia de trato entre las personas empadronadas y no empadronadas en el municipio se trataba de justificar aduciendo la necesidad de equilibrar la financiación de la Hacienda Local incrementando las transferencias de recursos de las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma y la participación en tributos de aquéllas, para lo cual se pretendía incidir en la variable poblacional fomentando, mediante estas medidas, un aumento del número de habitantes de derecho del municipio.

A la vista de la normativa de aplicación y, de la doctrina jurisprudencial mayoritaria, formulamos a la Corporación municipal Resolución poniendo de manifiesto la importancia del principio de reserva de ley en el ámbito de las bonificaciones tributarias, en virtud del cual no podrán autorizarse ni concederse más bonificaciones que las expresamente contempladas en una norma de rango legal. No figurando el empadronamiento entre dichas causas de concesión de bonificaciones, el reconocimiento, en virtud de una ordenanza fiscal, que carece de rango legal, de un trato fiscal privilegiado a las personas empadronadas comportaba un beneficio o bonificación fiscal ilícita sobre un tributo local que debía ser eliminado por no ser conforme a derecho.

Dicha Resolución no fue aceptada por la Administración Local, descartando actuar conforme a nuestras peticiones en el sentido de otorgar un trato igualitario a los sujetos pasivos con independencia de su condición o no de empadronados en el municipio, manteniendo la ordenanza fiscal en sus propios términos.

1.1.2.1.2 La valoración catastral de los suelos urbanizables sin desarrollo urbanístico, a efectos del IBI

En la materia relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles y como consecuencia de previo pronunciamiento jurisdiccional (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014) y, de la posterior revisión de la normativa catastral, la Institución promovió de oficio la queja 15/3934 con relación a todos los municipios de Andalucía y, con objeto de impulsar la adopción por parte de los mismos de las medidas necesarias de colaboración con el Catastro Inmobiliario, en orden a la valoración catastral de suelos sin desarrollo urbanístico a efectos del IBI.

Al respecto, y teniendo en cuenta la nueva situación generada, tras la Resolución judicial referida y la consiguiente modificación de la normativa catastral, entendimos que se hacía necesaria una pronta y eficaz actuación por parte de los municipios de la Comunidad Autónoma en coordinación con el Catastro, que posibilitara dar efectividad con la mayor inmediatez a las disposiciones aprobadas por el Legislador para la revisión y adaptación de la normativa del Catastro inmobiliario, garantizándose así los derechos de los propietarios de los suelos afectados conforme a los nuevos criterios de valoración fiscal fijados en la mencionada sentencia.

Razones por la que formulábamos Resolución conteniendo Recomendación en el sentido que con la mayor celeridad y dentro del ejercicio 2015, se llevasen a efecto los trámites necesarios para remitir a los Órganos y Dependencias territoriales del Catastro la información necesaria para hacer efectiva la clasificación y valoración de los suelos afectados por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Igualmente formulábamos Sugerencia en el sentido de que estudie la procedencia de adoptar medidas que hagan posible la traslación de los nuevos valores catastrales al importe de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2015.

La mayoría de las respuestas recibidas hasta la fecha de parte de las entidades locales interpeladas han sido positivas y demuestran gran receptividad ante nuestra Resolución.

1.1.2.1.3 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: equiparación de exenciones por discapacidad y por incapacidades laborales

En el ámbito de las Haciendas Locales, hemos tratado con frecuencia durante 2015, cuestiones relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), materia en la que resaltamos las quejas en las que por las personas interesadas se nos plantea la denegación de sus solicitudes de reconocimiento de exención en el Impuesto referido, por considerar no extensibles al ámbito tributario local los efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Ello, pese a la acreditación por los contribuyentes de su condición de pensionistas de la Seguridad Social por incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez o, su condición de pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad para el mismo, en igualdad de condiciones con las personas que acrediten un grado de discapacidad del 33% o superior.

Nuestro posicionamiento en relación a estos asuntos y situaciones ha sido el de considerar que ya no existen razones o justificaciones que impidan la equiparación señalada en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; por ello hemos interesado en estos casos la concesión de beneficios tributarios, como la exención contemplada para el IVTM. Propugnamos que los Ayuntamientos actúen en la remoción de las dificultades que, en sus Ordenanzas Fiscales, puedan constituir un obstáculo para tal equiparación.

Así, en expediente de queja 14/4138, promovido a instancia de parte respecto del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), formulábamos Resolución, para que se adoptasen los acuerdos necesarios para el reconocimiento al interesado de la exención fiscal que solicita desde el ejercicio de 2013. Sugiriendo que se incluyera en la correspondiente ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica la consideración de suficiencia a efectos de la acreditación de un grado de discapacidad del 33% o superior, de los certificados acreditativos de la condición de pensionistas de la Seguridad Social por incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los acreditativos de la condición de pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad para el mismo.

En su respuesta, el Ayuntamiento de San Fernando nos indicaba que se trataba de una exención rogada y que, al haber quedado firme su denegación formulada en 2013, el interesado tenía que volver a solicitar la exención en el ejercicio anterior a aquel en que pretendiera hacer efectiva la misma, debiendo aportar con su solicitud la documentación prevista en el texto de la Ordenanza Fiscal aprobada. Añadiendo que el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de Cádiz, había dictado Sentencia desestimando el recurso formulado por el interesado.

Analizada la respuesta, por el Defensor del Pueblo Andaluz se ratificó el sentido y el contenido de la Resolución dictada, aclarando al Ayuntamiento que la Sentencia referida en apoyo a su postura dejaba claro que el problema se solucionaría con un simple cambio en la Ordenanza fiscal en cuanto a la forma de acreditación del grado de discapacidad, tal y como había sugerido esta Institución en su Resolución, cuyo cumplimiento reiteraba.

1.1.2.1.4 Exención del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbanística en supuestos de dación en pago

Cuestión llamativa ha sido la planteada por contribuyentes que, al no poder hacer frente al pago de la hipoteca constituida en garantía de la compraventa de vivienda habitual, se habían visto abocados a su dación en pago a la entidad financiera o, a un tercero designado por ésta, encontrándose con la exigencia por parte de las administraciones tributarias de que afrontaran el cumplimiento de sus obligaciones de pago por el Impuesto de Plusvalía basado en dicha trasmisión inmobiliaria, sin aplicar la exención establecida al respecto por la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

La renuencia de algunas administraciones locales a aplicar esta exención legal propició la incoación de oficio de la queja 14/3994, dirigida a todos los ayuntamientos de Andalucía y Organismos Provinciales de Recaudación, instándoles a dar cumplimiento efectivo a la exención aprobada legalmente y conminándoles a aplicar de oficio la misma en relación a las liquidaciones practicadas desde 2010, dado el carácter retroactivo que el legislador había determinado para dicha exención.

Con independencia de esta actuación general, nos vimos obligados a intervenir ante ayuntamientos concretos en casos puntuales de incumplimiento de esta Ley, a instancia de los sujetos pasivos afectados. Tal fue el caso de las quejas 15/0311, 15/0358 y 15/1861.

En todas ellas, formulamos al Ayuntamiento concernido Resolución sobre la base de la efectuada en la queja 14/3994 por la propia Institución, resultando las mismas finalmente aceptadas por las Administraciones destinatarias, no sin algunas reticencias.

La exención que nos ocupa, fue establecida conforme a las previsiones del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incluidas tras su modificación mediante la normativa destinada a la adopción de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, (Ley 18/2014, de 15 de octubre).

Teniendo en cuenta que en la misma se estableció que la nueva exención en la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se aplicaría «con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos», tal previsión implicaría una aplicación retroactiva de la exención que alcanzaría a los hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 2010 y que debería traducirse, necesariamente, en la devolución por las Administraciones Tributarias locales de las cantidades percibidas por este impuesto -desde tal fecha- cuando concurran los requisitos exigidos para la aplicación de dicha exención.

1.1.2.1.5 Tasas y precios públicos

En procedimiento de gestión de cobro de tasa por recogida de residuos sólidos urbanos tramitado por el Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), el interesado, en sus alegaciones ante esta Oficina formuladas en la queja 10/4600, insistía en que el documento que se puso al cobro no estaba correctamente formulado y en que no habría lugar a efectuar el embargo que se le práctico, debiendo la Administración rectificar los errores y expedir un nuevo documento para su pago.

De lo actuado en la queja se desprendía que efectivamente, y pese a haber realizado reclamación el interesado poniendo de manifiesto tal error y solicitando su rectificación, el Ayuntamiento efectuó la pertinente corrección respecto del objeto tributario, en cumplimiento de sus obligaciones formales; pero conforme se desprendía de la información recibida, al iniciarse la pertinente vía de apremio por la Administración gestora de la recaudación (OPAEF), se efectuaron las Diligencias y actuaciones ejecutivas consignando erróneamente el objeto tributario de la tasa referida, sin resolución de la reclamación del promovente de la queja.

Tras formular nuestras consideraciones, así como la obligación de actuar conforme al derecho de los ciudadanos a una buena administración, formulamos Resolución en el sentido de que por la Administración tributaria y de gestión recaudatoria, actuando coordinadamente y en el marco de su contrato de gestión respectivo, se rectificaran las liquidaciones y documentos –si no hubiere transcurrido el plazo de prescripción para ello- y se procediera a efectuar la devolución de ingresos indebidos, sobre la base de la existencia del error material en el objeto tributario de aquellas liquidaciones por tasa de recogida y tratamiento de basuras, llevando acabo las necesarias rectificaciones y anotaciones contables y facilitando respuesta expresa al escrito de reclamación del interesado.

La Administración municipal concernida respondió tardíamente, al tener conocimiento de la inclusión de la queja en el Informe Anual, oponiéndose a nuestras argumentaciones, aunque eso sí rectificando el error material producido respecto del objeto tributario, pero sin devolución de los ingresos indebidos que se solicitaron.

En relación con el establecimiento de tasas por la realización de servicios administrativos/urbanísticos tratamos la queja 12/1458 presentada por interesado que había acudido a su Ayuntamiento (Alcalá de Guadaíra) solicitando información sobre la normativa municipal de aplicación y posibilidad -conforme a la misma- de instalar un aparato de aire acondicionado en fachada de edificio, con evacuación de agua de condensación a vía pública.

Al respecto, la actuación municipal fue la de emitir un simple escrito referenciando someramente los preceptos de ordenación urbanística local de aplicación al caso, cobrándole por ello 28,34 euros, aduciendo la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas y por prestación de otros servicios urbanísticos. Todo ello, sin que se hubiera informado previamente al interesado del coste que le supondría la respuesta a la consulta efectuada, ni se le hubiera requerido autoliquidación alguna.

Estudiada la Ordenanza Fiscal correspondiente, consideramos conveniente formular Resolución para que el Ayuntamiento procediera a modificar la misma a fin de clarificar los supuestos en que una solicitud de información pudiere dar lugar a la elaboración de un informe urbanístico sujeto a gravamen, incluyendo la liquidación provisional e ingreso previo, como forma de pago, e interesando la devolución de ingresos efectuada por la parte interesada en este caso.

Nuestra Resolución no ha obtenido respuesta del Ayuntamiento interpelado, que persiste en mantener la referida ordenanza en sus mismos términos, obligándonos con ello a incluir la referencia a esta negativa injustificada en el presente Informe Anual en la confianza de que sirva como recriminación pública y ayude a modificar la actitud de esta Corporación.

1.1.2.1.6 Ejercicio de Derechos contenidos en el Estatuto del Contribuyente

Incluimos los expedientes de queja que tramita la Institución en relación con los procedimientos de recurso, reclamación o revisión promovidos por los contribuyentes en los diversos ámbitos de materia tributaria (gestión, liquidación, recaudación e inspección).

En este sentido, son bastante frecuentes los episodios de silencio administrativo tanto frente a las solicitudes iniciales de los interesados ejercitando sus derechos en procedimientos de naturaleza tributaria (mayoritariamente en aquellos en los que se solicita devolución de ingresos indebidos), como también en vía de recurso.

Así, en lo tocante a la interposición de recurso de reposición debimos adoptar la resolución de inclusión en este Informe Anual del expediente de queja 12/5826, promovido respecto del Ayuntamiento de Almonte, por no contestar a un recurso de reposición formulado por la parte interesada contra una providencia de apremio. Expediente en el que, a pesar de las gestiones realizadas por esta Institución, seguimos sin respuesta del Ayuntamiento a la Resolución formulada, recordándole la obligación de contestar expresamente el recurso de reposición referido. Ello lo interpretamos como una no aceptación de la Resolución formulada en la presente queja.

En la mayor parte de los casos, con nuestra intervención logramos la reacción de la Administración que resuelve -a destiempo-, aceptando en bastantes ocasiones la pretensión del contribuyente y, justificándonos el retraso, normalmente por falta de medios .

Es lo que sucede -igualmente- en los procedimientos de reclamaciones económico administrativas, así como en relación con la organización y funcionamiento de los órganos especiales de revisión en materia económico -administrativa, en la que se nos han planteado varias quejas indicando los considerables retrasos en atender y resolver las reclamaciones formuladas por las personas contribuyentes en ejercicio de tan primordial derecho de su estatuto.

En algunos casos, al dirigirnos al órgano de revisión -Tribunales Económico Administrativos dependientes de municipios de gran población- la propia respuesta de estos tribunales resultaba desalentadora, por cuanto que justificándolo en su falta de medios personales y materiales, señalaban asuntos para su debate y resolución en plazos de hasta dos años, muy por encima del plazo legal señalado de un año, o 6 meses en los procedimientos de tramitación abreviados.

Así los expedientes de queja 14/2796 y, 14/4339, promovidos a instancia de parte sobre el Tribunal Económico Administrativo Municipal de Sevilla, en los que constatamos la demora excesiva en resolver las reclamaciones formuladas.

Lo que nos movió a formular las Resoluciones en queja 14/2796 Resolución, y queja 14/4339 Resolución, básicamente coincidentes, con Recordatorio de deberes legales contenidos en los artículos 103.1 de la Constitución Española, 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo relativo a los principios de eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, e impulsar de oficio los procedimientos en todos sus trámites.

Añadíamos Recomendación en el sentido de que por la Alcaldía, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el artículo 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a la dirección del gobierno y la Administración Municipal, se adoptasen las medidas que procedieran para dotar al Tribunal Económico-Administrativo de los medios suficientes que permitieran evitar los retrasos estructurales que se producen en la tramitación y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se presentan por parte de la ciudadanía.

En línea con lo resuelto en los anteriores expedientes, la propia Institución ante la evidencia de tal disfunción en el funcionamiento de tan importantes y necesarios órganos de revisión administrativa especial, ha iniciado de oficio la queja 15/4226, respecto de todos y cada uno de los municipios que pudieran resultar obligados en Andalucía a constituir, dotar y contar con Tribunal Económico Administrativo, con objeto principalmente de descongestionar a los Tribunales de Justicia de recursos contencioso administrativos por temas tributarios.

1.1.2.1.7 Administración Tributaria de la Junta de Andalucía

En el ámbito autonómico de Administración Tributaria debemos reseñar el predominio de entre las quejas referidas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y las atinentes al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

1.1.2.2.1 Transparencia, participación y buena administración

El nuevo régimen jurídico introducido en la materia por las Disposiciones legales básicas estatal y autonómica, no es la única justificación -aunque sí la principal- para que abordemos en el presente ejercicio esta materia de forma preferente.

También nos ha decidido a ello el número de expedientes que hemos debido tratar en el ejercicio anual (un total de 55), lo que viene a representar casi el 50%, de los expedientes recibidos en relación a la materia de Administraciones Públicas y Ordenación Económica.

Entre las quejas recibidas se incluyen las que evidencian la falta de atención, información y respuesta ante solicitudes o peticiones, que con fundamento en el estatuto del vecino, han sido formuladas por la ciudadanía a sus respectivos Ayuntamientos y Agencias instrumentales.

Estas quejas, la mayor parte de las veces, vienen a concluir con el ofrecimiento de una contestación por parte de la administración concernida. Así ocurrió en la queja 15/2603, promovida a instancia de parte respecto del Ayuntamiento de Sevilla, solicitando información acerca de los incentivos por recaudación de las personas que instruyen y resuelven los procedimientos sancionadores de tráfico. Solicitud que quedó sin respuesta en un primer momento, pero que el Ayuntamiento aceptó responder al interesado tras nuestra intervención, dando fin a la situación de silencio administrativo.

Otras veces, nuestras actuaciones han finalizado con el dictado de una Resolución por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, ante el silencio de las Administraciones Locales, incluso a la propia petición de colaboración con esta Institución, así la queja 14/5690, y las quejas acumuladas a la misma 15/1224, 15/1418, 15/1311, referidas al Ayuntamiento de Beas, en las que formulamos una única Resolución.

En el expediente de queja 14/1058, promovido respecto del Ayuntamiento de Puerto Real, dictamos Resolución, que al no ser contestada en un primer momento y transcurridos los plazos habilitados para ello, mereció la de inclusión en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía, adoptada en fecha 30 de noviembre de 2015, si bien con posterioridad, en fecha 15 de diciembre de 2015, tras cerrar la queja se recibió respuesta municipal al respecto justificando la actuación mantenida por la Administración concernida, sin pronunciarse expresamente sobre la aceptación o no de nuestra Resolución.

Sobre el Ayuntamiento de Sevilla, debimos tramitar la queja 15/0397, en la que formulábamos nuestra Resolución en pro de la petición de información y de participación ciudadana en cuanto a la organización y funcionamiento de las Juntas de Distrito.

Lo mismo sucedía en la queja 14/1000, promovida por una Asociación de ciudadanos respecto del Ayuntamiento de Espartinas, por la falta de respuesta -por el Consistorio- a multitud de escritos presentados. En ella, también formulamos Resolución, incluyendo entre otras cuestiones la petición de que, a la mayor brevedad posible, se procediera por el Ayuntamiento a implementar sistemas que permitieran integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el funcionamiento de la Corporación, con arreglo a las exigencias previstas en la normativa sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno, acogiendo por tanto los principios inspiradores de tal norma.

También citamos la queja 14/4586, respecto del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, por la falta de respuesta a solicitud de bonificación de tarifa de uso de instalación deportiva en la que formulamos Resolución, que finalmente resultó aceptada.

Igualmente, en la queja 15/1654, respecto del Ayuntamiento de Molvízar en relación con falta de respuesta a escrito en el que comunicaba la realización de obras no autorizadas, formulamos Resolución sobre el deber de resolver el procedimiento iniciado por el escrito del interesado. Lo mismo sucedía en la queja 15/2068, promovida sobre falta de acuse de recibo ante ejercicio del derecho de petición, también respecto del Ayuntamiento de Molvízar, formulando en ella las Resolución que constan en las actuaciones.

En la queja 14/5153, promovido a instancia de parte con respecto al Ayuntamiento de Burguillos, el interesado nos exponía que presentó escrito sobre la disponibilidad de la Policía Local, ya que había estado intentando contactar con ellos durante dos días sin éxito con objeto de denunciar unos hechos. Al respecto, formulamos nuestra Resolución, finalmente aceptada.

Debemos efectuar una referencia específica a la tramitación de la queja 13/5071, promovida por una Fundación pública, entidad sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la gestión, mantenimiento y promoción de la Vía Verde de la Sierra (antiguo trazado ferroviario acondicionado para el uso de ciclistas, senderistas y caballistas). Se trata de una entidad integrada por las Diputaciones de Sevilla y Cádiz y los Ayuntamientos de Coripe, El Coronil, Pruna, Montellano, Olvera y Puerto Serrano.

La queja venía motivada porque en los estatutos de la Fundación se regula que tanto las Diputaciones como los Ayuntamientos han de aportar una cantidad anual para su funcionamiento, siendo así que los Ayuntamientos no pagaban su aportación, en algunos casos desde el año 2006. Solicitado el oportuno informe a los Ayuntamientos denunciados por morosidad, el mismo fue evacuado por los Ayuntamientos de Coripe, Puerto Serrano, Olvera y Pruna, no habiéndose obtenido respuesta ni de El Coronil, ni de Montellano.

Analizados los informes recibidos, se reconocía por las Corporaciones Locales el impago existente y se justificaba el mismo aduciendo la existencia de problemas de financiación y liquidez que impedían atender las obligaciones de pago asumidas. Únicamente difería el informe evacuado por el Ayuntamiento de Olvera, que manifestaba haber abonado las cantidades que adeudaba.

A la vista de la información recibida formulamos Resolución a los Ayuntamientos incumplidores, solicitándoles la localización de fórmulas que, de alguna manera, vinieran a hacer posible la atención continuada de las obligaciones económicas asumidas o, en su caso, la implementación de sistemas de gestión más eficientes, aunque igualmente eficaces.

Resolución que fue aceptada y respondida por los Ayuntamientos de Puerto Serrano y Coripe, no así por los de Pruna, El Coronil y Montellano, razón por la cual hemos acordado la inclusión de lo actuado respecto a los mismos en el presente Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

Sobre la Diputación de Córdoba, recibimos la queja 14/3260, en la que por una Asociación ecologista se nos comunicaba que fueron presentados en junio de 2014 diferentes escritos, solicitando información en asuntos relativos a actuaciones que la Entidad Provincial habría llevado a cabo en apoyo y defensa de la tauromaquia, sin obtener respuesta alguna. Tras nuestra petición de informe no atendida en un primer momento, formulamos Resolución instando a facilitar la información solicitada sin mas dilación y a implementar con diligencia las obligaciones derivadas de las leyes de transparencia. Resolución aceptada por la Diputación y en proceso de cumplimiento.

De otra parte, debemos reseñar aquellos otros expedientes de queja en los que se denuncian solicitudes desatendidas de acceso a información y documentación realizadas por concejales o por los grupos políticos presentes en los plenarios municipales. Personas revestidas de un estatuto cualificado para el desempeño y ejercicio de las funciones que les vienen atribuidas por la normativa básica reguladora del Régimen Local, en su condición de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Así tramitamos la queja 15/3289, promovida respecto del Ayuntamiento de Cartaya, por un grupo político, solicitando información sobre rotondas ejecutadas en el Municipio. Toda vez que el expediente se inició a los efectos de romper el silencio mantenido por el referido Ayuntamiento a escrito de fecha 30 de enero de 2015, y considerando que dicha cuestión había quedado solventada tras nuestra intervención, resolvimos dar por concluidas nuestras actuaciones en la queja al considerar que la Administración municipal había roto el silencio administrativo.

La realización de elecciones locales durante 2015 ha dado lugar a situaciones curiosas como la producida en aquellos expedientes de queja promovidos por representantes de grupos políticos de la oposición que denunciaban a la Corporación municipal por incumplimiento de las normas de transparencia y buen gobierno, y que, tras el proceso electoral, se veían en la tesitura de tener que dar cumplimiento, ahora como gobernantes municipales a las Resoluciones dictadas por esta Institución a su instancia demandando del Ayuntamiento la implementación de las leyes de transparencia.

Así ocurrió en relación con varias quejas (queja 14/4823, queja 14/5690, queja 15/1224, queja 15/1418 y queja 15/1311) promovidas contra el Ayuntamiento de Beas por un grupo político municipal de oposición al no haberle sido facilitada por el Ayuntamiento diversas informaciones oportunamente solicitadas. En relación a todas ellas formulamos al Ayuntamiento una única Resolución interesando el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en las leyes de transparencia y la entrega sin mas dilaciones de las informaciones y documentos solicitados.

La respuesta recibida desde el Ayuntamiento de Beas, tras la celebración de las elecciones, fue la que sigue:

“Desde que este Alcalde que suscribe...tomó posesión de su cargo el día 13 de junio de 2015, se están implementando en el Ayuntamiento de Beas políticas de transparencia., entre ellas, la publicación en la web del Ayuntamiento (www.aytobeas.es) de todas las actas de las sesiones del Pleno Municipal y de la Junta de Gobierno Local, entregando las minutas de las actas de las sesiones, junto con la convocatoria de las sesiones plenarias a todos los concejales, como establece el art. 80.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico FO, trasladándoles igualmente copia de las actas de todas las sesiones de la Junta de Gobierno Local, según dispone el art. 113,1b) del ROF”.

A la vista de esta respuesta podría pensarse que no hay mejor aprendizaje acerca de la importancia de las leyes de transparencia que haber sufrido las consecuencias de su incumplimiento.

También estimamos oportuno reseñar la queja 14/5056, promovida ante el Consorcio de Aguas del Plan Écija por concejales de uno de los Ayuntamientos consorciados que denunciaban la falta de respuesta a su solicitud de vista del expediente de aprobación del Convenio de colaboración suscrito entre el Consorcio y el Ayuntamiento en cuestión y copia del Acta de la Junta de General del Consorcio de fecha 18 de noviembre de 2013 donde fue aprobado el mismo.

Tras formular la oportuna Resolución al Consorcio, instándole a dar respuesta a los interesados y facilitar la información interesada, el expediente concluyó positivamente tras informarnos el Consorcio que ya estaba la información en poder de los concejales denunciantes. No obstante, debemos señalar que tal resultado vino motivado mas como consecuencia de la interposición de un recurso judicial por parte de los Concejales, que como resultado de una asunción plena por el Consorcio del contenido de nuestra Resolución.

También hubimos de formular la preceptiva Resolución en relación con la tramitación de la queja 14/5944, promovida por el representante de un grupo municipal de oposición ante el Ayuntamiento de Espartinas, que denunciaba que tras efectuar diferentes solicitudes de información y acceso a documentación, con objeto de realizar la labor del grupo municipal, por el Alcalde se les ponían trabas para el desempeño de dicha función.

Un aspecto que continúa generando quejas entre la ciudadanía es el relativo a las incidencias que se producen cuando los vecinos desean ejercitar sus derechos de acceso a los Plenos municipales y participación en los mismos.

Así, en la queja 15/0284, tuvimos ocasión de conocer que en sesión extraordinaria de fecha 19 de febrero de 2014, convocada en la Entidad Local Autónoma de La Redondela, al iniciar la celebración del Pleno se solicitó al público asistente que se abstuviera de grabar imágenes, aunque sí fue permitido grabar en audio.

Por la Institución, se formuló con fecha 16 de febrero de 2015 Resolución instando a que se permitiera a la ciudadanía el derecho reconocido a la grabación, de imágenes y audio, con medios propios, de las citadas sesiones plenarias, y a participar en los asuntos públicos que sean abordados.

Dicha resolución fue desestimada por la Corporación Municipal aduciendo la condición de municipio de escasa población y basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo -de antigua data y contradictorios con pronunciamientos judiciales mas recientes- y en pronunciamientos de la Agencia Española de Protección de Datos de dudosa aplicación al acaso analizado-.

Tras rebatir las argumentaciones del Consistorio citando expresamente lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y, en particular, en su articulo 21 cuando señala lo siguiente:

«Cuando las entidades locales celebren sesiones plenarias, facilitarán, salvo que concurran causas justificadas de imposibilidad técnica o económica, su acceso a través de Internet, bien transmitiendo la sesión, bien dando acceso al archivo audiovisual grabado una vez celebrada la misma. En todo caso, las personas asistentes podrán realizar la grabación de las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento ordinario de la institución».

Comoquiera que nuestra Resolución había sido desestimada acordamos la inclusión de la queja en el Informe Anual al Parlamento de Andalucía.

1.1.2.2.2 Protección de datos

En la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se han recibido al final del periodo estival diversas comunicaciones de particulares en relación a la infraestructura de interés general y de gran potencial turístico y socio-económico ubicada en la provincia de Málaga y denominada Caminito del Rey, que motivaron que la Institución iniciara de oficio la queja 15/4732.

En las denuncias referidas se indicaba que las entradas gratuitas para visitar el Caminito del Rey estaban agotadas hasta el mes de noviembre, según la información facilitada por la página web dispuesta a tal efecto, pese a lo cual habían tenido conocimiento de que la Diputación de Málaga había asignado a los ayuntamientos de Álora y de Ardales un cupo de 300 entradas diarias a cada uno, que habrían sido repartidas -desde los municipios- a restaurantes y negocios de hostelería de la zona, los cuales facilitaban dichas entradas a sus clientes si previamente realizaban consumiciones por un importe mínimo determinado en los establecimientos referidos.

Por los denunciantes se consideraba que, si bien las entradas entregadas por los establecimientos hosteleros se publicitaban como gratuitas, en realidad no lo eran ya que su entrega estaba condicionada a la realización de un consumo mínimo, lo que, a su juicio, era una práctica irregular que contradecía la gratuidad anunciada por la Diputación durante los primeros meses de apertura de la instalación.

En base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, hemos solicitado formalmente la colaboración de los Ayuntamientos mediante la remisión del informe, junto a la documentación oportuna y que permitiera el esclarecimiento de los motivos de la queja tramitada.

En parecidos términos, nos hemos dirigido ya a la Diputación Provincial de Málaga. En los momentos actuales estamos pendientes de recibir la información solicitada.

1.1.2.2.3 Turismo

En la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz se han recibido al final del periodo estival diversas comunicaciones de particulares en relación a la infraestructura de interés general y de gran potencial turístico y socio-económico ubicada en la provincia de Málaga y denominada Caminito del Rey, que motivaron que la Institución iniciara de oficio la queja 15/4732.

En las denuncias referidas se indicaba que las entradas gratuitas para visitar el Caminito del Rey estaban agotadas hasta el mes de noviembre, según la información facilitada por la página web dispuesta a tal efecto, pese a lo cual habían tenido conocimiento de que la Diputación de Málaga había asignado a los ayuntamientos de Álora y de Ardales un cupo de 300 entradas diarias a cada uno, que habrían sido repartidas -desde los municipios- a restaurantes y negocios de hostelería de la zona, los cuales facilitaban dichas entradas a sus clientes si previamente realizaban consumiciones por un importe mínimo determinado en los establecimientos referidos.

Por los denunciantes se consideraba que, si bien las entradas entregadas por los establecimientos hosteleros se publicitaban como gratuitas, en realidad no lo eran ya que su entrega estaba condicionada a la realización de un consumo mínimo, lo que, a su juicio, era una práctica irregular que contradecía la gratuidad anunciada por la Diputación durante los primeros meses de apertura de la instalación.

En base a los artículos 18.1 y 19.1 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, hemos solicitado formalmente la colaboración de los Ayuntamientos mediante la remisión del informe, junto a la documentación oportuna y que permitiera el esclarecimiento de los motivos de la queja tramitada.

En parecidos términos, nos hemos dirigido ya a la Diputación Provincial de Málaga. En los momentos actuales estamos pendientes de recibir la información solicitada.

1.1.2.2.4 Fomento: Subvenciones y Ayudas

En materia de subvenciones y ayudas, durante el ejercicio de 2015 hemos tramitado la queja 15/2127, en la que el reclamante nos exponía que la Agencia Andaluza de la Energía, con fecha 23 de octubre de 2009, le notificó Resolución estimatoria sobre su solicitud de incentivo para el desarrollo energético, acogida a la Orden de 4 de febrero de 2009 en relación al Programa de incentivos para el desarrollo sostenible para los años 2009-2014.

Según exponía, tras la ejecución y justificación de la inversión había intentado en innumerables ocasiones solucionar la falta de abono de dicho incentivo ya aprobado, siendo el último escrito presentado con fecha 22 de mayo de 2012, sin que se le hubiera dado respuesta a ninguna de sus solicitudes.

Admitida a trámite la queja nos dirigimos a la Agencia Andaluza de la Energía, la cual nos informó que se había procedido a un nuevo análisis del expediente de la ayuda solicitada y que advertido error material respecto de la ayuda, se le notificaba al beneficiario de la misma nuevamente, procediéndose igualmente al pago del incentivo. Con ello pudimos dar por concluidas nuestras actuaciones.

Otro expediente tramitado en la materia de subvenciones y ayudas fue el incluido en la queja 15/4667, en la que por la parte promotora se nos exponía que en fecha 5 de abril de 2010, le fue concedido un incentivo económico de 6.637,99 euros para el desarrollo de proyecto de locutorio, al amparo de la Orden de 25 de marzo de 2009, si bien mediante Resolución de 21 de febrero de 2013 de la Gerencia Provincial de IDEA en Huelva, se inició procedimiento para el reintegro de dicho incentivo (en parte ya percibido), razón por la que -estando disconforme con dicho reintegro- solicitaba nuestra intervención. Estando actualmente el expediente en fase de instrucción, pendiente de la recepción de informe de la citada Gerencia Provincial de IDEA.

1.1.2.2.5 Contratación con el sector público

En relación con esta materia tuvimos ocasión de tramitar la queja 15/2688, remitida por terapeutas del Centro de Atención Infantil Temprana de Morón de la Frontera, que nos exponían que el Centro y su zona de influencia (Coripe, Pruna, El Coronil y Montellano) estaba integrado por tres terapeutas, que venían atendiendo a niños entre 0 y 6 años de edad con problemas en su desarrollo o riesgo de padecerlos, así como a sus familias y entorno más cercano, encontrándose en una situación de impago de retribuciones desde diciembre de 2014, pues según ellas, la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales no transfería el dinero conveniado al Ayuntamiento de Morón de la Frontera. Añadían que la situación de impago, se agravaba por la relación contractual de Prestación de Servicios que las Terapeutas se veían obligadas a establecer con el Ayuntamiento, debiendo previamente estar al corriente en los pagos mensuales de Seguridad Social (Autónomos), lo que les hacía más difícil su situación económica.

A este respecto, recibimos informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en el que nos indicaba que había suscrito convenios de colaboración con los municipios de la provincia de Sevilla para el desarrollo del Servicio de Atención Infantil Temprana, añadiendo que, en cumplimiento del art. 2.3, del Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo por el que se establecieron medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se había requerido por parte de la Delegación Territorial que los Ayuntamientos colaboradores aportaran informe justificativo de no incurrir en ejecución simultánea de la actividad y sobre la suficiencia financiera para la ejecución del Convenio de Atención Infantil Temprana, señalando que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera no había remitido la información completa hasta el 15 de junio de 2015, siendo además formulados reparos a la misma por la Intervención Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, estando el abono de certificaciones pendiente de la fiscalización indicada, habiendo hecho efectivo el abono de algunas certificaciones de mensualidades anteriores, ya fiscalizadas.

Por otra parte, en el informe recibido del Ayuntamiento de Morón de la Frontera se nos indicaba que la Atención Infantil Temprana es un servicio de competencia autonómica y que el Ayuntamiento, previa firma del Convenio de Colaboración, lo venía prestando y que también facilitaba el material, local para despacho y los servicios necesarios para el mismo.

Como la situación de pendencia del pago de retribuciones estaba siendo ya fiscalizada, y se habían abonado algunas de las mensualidades atrasadas, todo nos hizo pensar en la regularización de la situación, razón por la que archivamos las actuaciones.