1.4.1 Introducción

En los últimos años hemos asistido a un cualitativo cambio en la temática de las quejas que afectan al ámbito educativo. Atrás queda el protagonismo de los procesos de escolarización del alumnado y la conflictividad generada en determinados centros escolares, muy demandados por las familias, donde la oferta de plaza era insuficiente. Un tiempo en el que algunas familias no dudaban en usar distintas técnicas defraudatorias para conseguir la admisión de sus hijos en el colegio deseado, a costa del perjuicio de otras unidades familiares que concurrían en el proceso y con un mayor derecho a obtener la plaza escolar.

Tenemos el pleno convencimiento de que a este cambio ha contribuido la existencia de una normativa que dificulta el uso de medios defraudatorios en la escolarización del alumnado. Pero sin duda el punto de inflexión se produce cuando la adversa coyuntura económica por la que atraviesa el país comienza a dejar huella en muchas familias. Es a partir de entonces cuando la Educación se perfila como un instrumento para compensar la pobreza y la desigualdad. Es en este momento cuando proliferan los estudios que ponen el acento en los vínculos existentes entre el derecho a la educación y la equidad social en el contexto actual de desigualdad y pobreza.

Y no podemos estar más de acuerdo con algunas conclusiones de estos trabajos. Teóricamente la educación obligatoria es gratuita, pero a nadie se le escapa que junto con el acceso gratuito a una plaza escolar o a los libros de textos, existen otros muchos conceptos que algunas familias no pueden asumir. Sin embargo, la situación económica de la familia nunca puede condicionar el acceso de los niños al conocimiento y las competencias que les aporta el legítimo ejercicio de su derecho a la educación.

La nefasta situación económica que ha llevado a muchas familias a la pobreza, está ocasionando un cambio en la finalidad para la que fueron creados algunos servicios complementarios educativos, especialmente el comedor escolar. De poco le sirve a un niño contar con una plaza escolar o con libros y material si no dispone de una alimentación adecuada a sus necesidades. De esta forma, el comedor escolar ha dejado de ser un servicio para la conciliación de la vida familiar y laboral para convertirse en un instrumento de políticas sociales.

Estas circunstancias han tenido su reflejo, como no podía ser de otro modo, en la temática de las quejas. Se ha incrementado el número de reclamaciones sobre comedores escolares, especialmente tras la entrada en vigor del Plan de Garantía Alimentaria dirigido al alumnado en situación de riesgo exclusión social. El ingente número de niños en esta situación y la ausencia de un incremento paralelo de las plazas para el comedor escolar ha generado un importante número de reclamaciones de familias que no han tenido posibilidad de acceder al mismo.

Por otro lado, la contención del gasto público y las limitaciones presupuestarias de los últimos años está afectando a la educación especial. La atención que recibe el alumnado con discapacidad ha sufrido un retroceso en los últimos tiempos, con el consiguiente y comprensible temor de la comunidad educativa a que los avances que con tanto esfuerzo se han conseguido en este ámbito puedan verse afectados de manera negativa. Un hecho que se refleja también en las quejas. En este caso las diferencias no son tanto cualitativas ya que los problemas se repiten -ausencia de medios personales ni materiales- como cuantitativas, por el incremento del número de reclamaciones.

Para concluir este apartado introductorio hemos de referirnos a un asunto sobre el que esta Defensoría viene incidiendo desde hace tiempo: La necesidad de alcanzar un pacto por la Educación.

Traemos de nuevo este asunto a colación porque se ha iniciado una nueva legislatura en el país en la que anuncia la posibilidad de modificar la normativa en materia educativa. Recordemos que desde la entrada en vigor de la Constitución española se han promulgado ya muchas leyes orgánicas reguladoras del derecho a la educación, cada una de las cuales ha venido a modificar, con mayor o menor intensidad, el sistema educativo anterior, estableciendo unos periodos de adaptación e implantación que, en algunos casos, ni siquiera se han podido cumplir al ser derogados antes de su puesta en funcionamiento. Comprobamos como con cada nueva norma educativa, fruto de la legítima alternancia política, se cambian los objetivos, la organización, los principios pedagógicos, o los sistemas de evaluación de cada una de las distintas etapas educativas.

Ocurre, sin embargo, que la implantación de un sistema educativo es una ardua labor que requiere un periodo de tiempo de adaptación mínimo para su puesta en práctica y para valorar sus resultados.

La Educación no solo es un elemento para la satisfacción de las necesidades de formación para el libre desarrollo de las personas sino también un factor que contribuye al desarrollo social y económico de los países. Pero a pesar de este criterio comúnmente compartido sobre la trascendencia de la Educación, hemos de lamentarnos de que hasta la fecha no haya resultado posible alcanzar un acuerdo sobre esta materia.

Este acuerdo o pacto no es tarea fácil, sobre todo teniendo en cuenta que ese sistema educativo estable por el que venimos abogando ha de surgir inexcusablemente del consenso de las distintas fuerzas políticas con responsabilidades en el ámbito estatal y autonómico, conforme al vigente marco competencial establecido en nuestra Constitución española.