Imprimir1.5.1 Introducción
En lo que al empleo público se refiere, las quejas presentadas por los distintos colectivos de empleados públicos, con independencia de la naturaleza de su vínculo (funcionarial, estatutario o laboral), de su funcionalidad o destino (Administración general, educativa, sanitaria, etc.) o del carácter permanente o temporal de su vinculación (de carrera, interino, etc.), encuentran un punto de encuentro en diversos aspectos relacionados con su carrera administrativa o progresión profesional, ya a la hora de su ingreso o acceso, ya en su promoción o en relación a cuestiones atinentes a sus condiciones de trabajo o retribuciones.
Por otro lado, aún cuando tras cada queja nos encontramos con un empleado público que plantea un conflicto individual, las que en este informe destacamos suelen tener un carácter colectivo, bien porque se planteen por una pluralidad a título particular sobre una misma cuestión que se reitera en todas ellas, ya porque se planteen de forma colectiva a través de plataformas, asociaciones, sindicatos, etc.
La temática de las cuestiones planteadas se reiteran en el contexto de crisis económica y de restricción de las partidas presupuestarias destinadas al empleo público (bajas tasas de reposición, precariedad y temporalidad del empleo público, recuperación retributiva, etc.), problemática a la que hemos dedicado especial atención en los informes anuales precedentes.
Tras una constante pérdida de empleo público a lo largo de los últimos años, que se cifra en unos 35.000 empleos públicos en Andalucía en el periodo 2010-2015 (para las tres Administraciones territoriales -estatal, autonómica y local-), en 2015 cabe apreciar una apertura de las ofertas de empleo público (OEP) tras la aprobación de las leyes de Presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015, toda vez que si bien, como en los ejercicios precedentes, se establece una prohibición de incorporación de nuevo personal al sector público, excepciona a diversos sectores, en los que se autoriza una tasa de reposición de hasta el 50 por ciento de las jubilaciones producidas en el ejercicio precedente.
No obstante, la circunstancia de que las OEP se hayan visto paralizadas o ralentizadas en estos últimos años, ha provocado que la vía ordinaria al acceso al empleo público haya sido con carácter temporal a través de las respectivas bolsas de empleo público creadas en los distintos ámbitos sectoriales.
Destacamos igualmente en este informe apartados específicos, como es el tratamiento de la discapacidad en el acceso al empleo público temporal (bolsas de empleo) como en el ámbito de las contrataciones de fomento del empleo por parte de entes públicos y privados (políticas activas de empleo).
En lo que se refiere a las novedades legislativas hay que decir que la norma nuclear del empleo público, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), ha sido objeto de actualización en formato de texto refundido mediante el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, recogiendo las modificaciones operadas en estos años sobre el texto inicial de 2007.
Respecto a la temática de trabajo, el año 2015 ha estado marcado por la caída registrada del desempleo y por el aumento habido en el número de ocupados.
Así, según se desprende de la Encuesta de Población Activa correspondiente al cuarto trimestre del año, el paro bajó en España en 678.200 personas, creciendo el empleo en 525.100 personas, cerca de un 3% más, lo que supone el segundo aumento anual consecutivo y el más elevado desde el comienzo de la crisis.
De esta forma, al cierre del ejercicio se registraron 18.094.200 ocupados, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2011, y 4.779.500 parados, la cifra más baja desde finales de 2010.
La tasa de desempleo fue del 20,9% al finalizar el año. En el caso particular de Andalucía el paro ha bajado a lo largo del año 2015 en 197.400 personas, situándose el número total de desempleados en 1.198.300 parados y la tasa de paro en el 29,3%, cerca de 5 puntos porcentuales menos que a finales de 2014.
En lo que a creación de empleo se refiere, la EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2015 también ofrece datos positivos para nuestra Comunidad.
Así, durante el año 2015 ha habido 137.500 ocupados más, un 5,13% por encima de 2014, llegando a los 2.819.400 de personas ocupadas.
Y es que, no en vano, durante el cuarto trimestre del año Andalucía se ha situado por delante de las demás comunidades autónomas en cifras absolutas de creación de empleo.
Sin embargo, estos datos que en sí mismos resultan positivos y esperanzadores, llevan aparejado un hondo problema que, a nuestro juicio, merece ser afrontado con el máximo rigor y con la mayor celeridad. Nos referimos a la precarización del mercado laboral y a la escasa calidad de los nuevos puestos de trabajo.
En este sentido, la mayoría de los nuevos contratos son temporales y su duración es cada vez menor. En efecto, los datos indican que la tasa de temporalidad va en aumento, situándose en el 25,6%, un 1,4% más que en 2014, de tal forma que mientras el empleo indefinido crece al 1,5%, el temporal lo hace tres veces más deprisa. Por su parte, los contratos a tiempo parcial aumentan de forma ostensible, al mismo tiempo que la remuneración de los nuevos empleos se ve notablemente reducida. Resulta revelador que los nuevos empleos se registran mayoritariamente en sectores de la economía en los que se genera menor valor añadido.
Estas circunstancias, unidas al debilitamiento de la negociación colectiva, son las que han llevado a alertar desde diversos sectores sobre la existencia de trabajadoras y trabajadores pobres.
Pues bien, con la finalidad de hacer frente a este estado de situación, especialmente en materia de desempleo, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha entre los años 2014 y 2015 todo un conjunto de medidas de fomento del empleo.
Las mismas se contienen en el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+, el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+, así como en el Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo y en la más reciente Ley 2/2015, de 29 de diciembre, ambos de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, conjunto normativo con el que se pretende dar una respuesta al grave problema del desempleo juvenil así como a los desempleados mayores de treinta o más años.
Pese a ello, estas Políticas Activas de Empleo auspiciadas desde la Administración autonómica se siguen viendo enormemente lastradas por los severos y consolidados recortes presupuestarios impuestos desde el Gobierno de la nación, de tal forma que en el ejercicio 2015 el Estado ha destinado tan sólo un 36% de los fondos que destinaba en 2011, y ello a pesar de la inasumible tasa de paro que, pese a la reducción habida del desempleo, se sigue registrando hoy día Andalucía.
A estas dificultades se une también la demora registrada en las transferencias de fondos y en los pagos comprometidos, que ocasionan evidentes efectos colaterales en la actividad que en este sector prestan las entidades colaboradoras, que se ven abocadas a graves dificultades financieras cuando no al cierre; circunstancias éstas a las que se añade a su vez el hecho de que los fondos estatales afectos a las políticas activas de empleo se abonen en el ejercicio presupuestario siguiente, lo que viene a dificultar aún más la gestión eficaz de tales políticas.
Asimismo, en el ámbito específico de los programas de Formación Profesional para el Empleo se constata la ingente incidencia que está teniendo la concurrencia de la fiscalización operada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y por la Intervención General de la Junta de Andalucía, de los procesos judiciales por presuntos supuestos de fraude en subvenciones y el doble proceso de reestructuración administrativa llevado a cabo en este ámbito en los últimos 3 años que ha supuesto el traspaso de competencias de la Administración de Empleo a la Administración Educativa para su posterior reversión.
Igualmente destacable en este ámbito resulta la problemática analizada a lo largo del ejercicio atinente a las Escuelas de Formación para el Empleo.
En este sentido, a través de numerosos expedientes de queja y de la personación de distintos colectivos afectados se evidenció la práctica paralización de la actividad formativa de los Consorcios Escuela, el deterioro de los centros como consecuencia de su cierre y la demora padecida por trabajadores y trabajadoras para la percepción de sus sueldos; una problemática derivada de la regulación contenida en las leyes estatales de racionalización y sostenibilidad del sector público y de la Administración local, que impide la participación de las entidades locales en la red formativa autonómica.