Si el modelo de ciudad no es inclusivo, la ciudad tampoco será inteligente

“El aire de la ciudad hace libre”. Así rezaba un viejo proverbio alemán, significando con ello que en este espacio urbano se rompía el monopolio de la libertad que detentaba la nobleza en el ámbito rural, pasando a ser un atributo natural de las personas que en él residen: la ciudadanía.

Ese prestigio de la ciudad como espacio de libertad y oportunidad no ha parado de crecer pese a las situaciones de injusticia y marginación social que, con frecuencia, han acompañado su desarrollo y consolidación a lo largo de los años.

Los datos demográficos no hacen sino confirmar esa predicción: en 2020, el 80% de la población europea vivirá, como ya lo está haciendo la española, en las ciudades.

Quizás por ello, el alcalde de Denver, Welington, Presidente de la primera Cumbre Transatlántica de Alcaldes, celebrada en Lyon en el año 2000, dijo que “Si el siglo diecinueve fue el siglo de los imperios y el siglo veinte el siglo de los estados naciones, entonces el siglo veintiuno será el siglo de las ciudades”.

La ciudad se configura como espacio de oportunidad para la sociedad civil, pero también como lugar en el que se generan los grandes riesgos para la protección del derecho constitucional y estatutario a un medio ambiente adecuado y a la protección de la salud: emisión de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, acústica, residuos urbanos, aguas residuales, etc.

“ Lo que define realmente a una ciudad como inteligente es su capacidad de conocer las necesidades de la población y ofrecer respuestas adecuadas y eficientes para atenderlas”

En ese escenario urbano surgen las ciudades inteligentes, como respuesta para atender a las necesidades de la población, apostando, al mismo tiempo, por un cambio en el modelo productivo que garantice un desarrollo sostenible, valiéndose, para alcanzar estos objetivos, de las TIC como instrumento de captación de información, validación y gestión de los servicios que dotan de eficacia y eficiencia a las políticas públicas.

Ante los retos que tienen que abordar las ciudades, el Defensor del Pueblo Andaluz, consciente de que la sostenibilidad es una referencia que transversalmente deberá estar presente en el diseño de todas las políticas públicas por lo que, en gran medida, está en juego la eficacia misma de la protección de los denominados derechos sociales, organizó en 2015 una Jornada sobre Ciudades Inteligentes, Ciudades Sostenibles. De las conclusiones a las que se llegó con motivo de las mismas dimos amplia difusión a las Administraciones Públicas y a los medios de comunicación.

De éstas queremos extraer, al menos, unas ideas que subyacen en las mismas. La primera es que estamos convencidos de que configurar una ciudad inteligente no consiste únicamente en llevar a cabo un despliegue de instalaciones electrónicas sensores, con los elevados costes que conlleva, aunque puedan facilitar la obtención de una información válida, objetiva y en tiempo real de cierto interés. Lo que define realmente a una ciudad como inteligente es su capacidad de conocer las necesidades de la población y ofrecer respuestas adecuadas y eficientes para atenderlas.

La segunda es que las ciudades son esencialmente las personas que las habitan por lo que, cualquiera que sea el proyecto inteligente que se implante, éstas deben constituir su obligado referente y asumir un papel protagonista en la decisión adoptada. Dicho de otro modo, las ciudades o son inclusivas o no pueden ser inteligentes.

* Ver más en IA 2015. Capítulo 1.8.1 Medioambiente (Introducción)