Queja generalizada por la situación de desamparo de las personas con discapacidad

Hacemos una llamada a los poderes públicos y a la sociedad civil para que tomen conciencia de que hay un larguísimo camino por recorrer para cumplir el mandato del art. 49 de la Constitución y un amplio malestar en el movimiento asociativo de las personas con discapacidad por la ausencia de una respuesta adecuada a la exigencia de protección de tales derechos.

Desde hace años, el Defensor del Pueblo Andaluz viene realizando intervenciones de distinta naturaleza (quejas de oficio y a instancia de parte, participación en foros y debates, informes especiales, etc.) sobre cuestiones relacionadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Colectivo éste que representa a más del 9% de la población nacional y andaluza.

En línea con estas intervenciones, en este ejercicio decidimos mantener un encuentro con las federaciones y asociaciones provinciales de personas con discapacidad de Andalucía, a fin de cambiar impresiones y “chequear” la situación en la que se encuentra uno de los obstáculos que inciden directamente el disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios de las personas que integran este colectivo: la accesibilidad.

Se trata de una cuestión de extraordinaria importancia y que pone en evidencia el grado de sensibilidad y compromiso de los poderes públicos y de la sociedad civil con la “normalización”, integración y garantía de igualdad en el disfrute de los derechos y libertades de estas personas.

No en vano, en esta Institución se han realizado 3 informes especiales con técnicas y metodologías muy diferentes, como fueron el de Barreras Arquitectónicas en Andalucía, Personas Prisioneras en sus Viviendas y Viviendas sin Ascensor en Andalucía.

“ El Defensor del Pueblo Andaluz manifestó su compromiso con poner en marcha actuaciones para que los poderes públicos adopten medidas”

Pues bien, el Defensor del Pueblo Andaluz viene observando desde hace tiempo que se había pasado, en unos años en los que la cuestión de la accesibilidad estaba presente en la agenda de todas las Administraciones Públicas, en los debates de los Parlamentos, en las noticias de los medios de comunicación, a otra de un silencio no justificado por el hecho de que se hayan alcanzado los objetivos de los arts. 49 de la Constitución y arts. 10.3.16ª, 14, 24, 37.1.4º 5º y 169.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Por supuesto que se han hecho muchas intervenciones y que la situación ha cambiado respecto de la existente a la entrada en vigor de la Constitución. Faltaría más, después de 37 años, pero no nos engañemos: ni hemos sabido construir la ciudad de todas las personas, ni se garantiza, de manera mínimamente aceptable, el acceso a los bienes y servicios de la sociedad, ni es cierto que hayamos construido unas infraestructuras de titularidad pública que puedan ser utilizadas en condiciones de igualdad por todas las personas.

De esa reunión se extrajeron unas conclusiones, que dibujan bastante bien cómo ven el panorama de la participación de sus derechos los representantes de las personas con discapacidad de Andalucía:

“Paralización de las políticas públicas sectoriales destinadas a garantizar la inclusión social. Del encuentro mantenido se desprende una conclusión general: existe una coincidencia entre los representantes de las Federaciones Provinciales del movimiento asociativo de Personas con Discapacidad en el sentido de que las administraciones públicas están manteniendo una actitud de pasividad, sin precedentes y que, en la práctica, está suponiendo no solo una desprotección sino, en bastantes ocasiones, un significativo retroceso en la garantía de los derechos de este colectivo.

Esta falta de compromiso en la aprobación de políticas públicas destinadas a dar cumplimiento a los objetivos que fija el art. 49 de la CE y diversos preceptos del Estatuto de Autonomía se exterioriza, con un carácter transversal, en la ausencia en la adopción de medidas destinadas a facilitar la inclusión de estas personas en la ciudad, en el mundo laboral y, con carácter general, en la sociedad civil en igualdad de derechos con el resto de la ciudadanía”.

A resultas de este encuentro, el Defensor del Pueblo Andaluz manifestó su compromiso con poner en marcha actuaciones para que los poderes públicos adopten medidas ante las dilaciones, disfuncionalidades, cuando no ausencia, en las respuestas a las necesidades de protección que garantice el disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios en el ámbito de la accesibilidad.

* Ver más en IA 2015. Capítulo 1.12.1 Urbanismo / IA 2015. Capítulo 1.12.2.1.3 Urbanismo