Imprimir1.7 JUSTICIA, EXTRANJERÍA Y PRISIONES
1.7.2 Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.7.2.3 Extranjería
1.7.2.3.1. Quejas motivadas en materia de Extranjería
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Y aunque se inició también en el año 2015, concluyendo en el 2016, no tuvimos ocasión antes de comentar la queja 15/1307. En ella el representante de una Asociación nos traslada su disconformidad con la práctica habitual de dos Ayuntamiento de su provincia, al pedir como requisito un año de empadronamiento previo para expedir, a los ciudadanos extranjeros que lo solicitaban, el informe de arraigo que acreditase su integración social.
Atendiendo a la normativa vigente en la materia no constaba un tiempo mínimo exigible de empadronamiento en el lugar de residencia desde donde se es competente para elaborar y expedir el citado informe. Nos dirigirnos a ambos Ayuntamientos para que nos comunicasen los requisitos que se estaban exigiendo para la elaboración del citado informe de arraigo que acredita la integración social de los ciudadanos extranjeros, y entre otros si se estaba requiriendo un tiempo mínimo de empadronamiento en el municipio.
Desde uno de los municipios se nos informó que ya no se exigía tiempo mínimo al respecto, sin embargo desde el otro nos indican la existencia del requisito añadido de un año de empadronamiento. Esto nos llevó a emitir un pronunciamiento formal como Resolución, según establece el artículo 29.1 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz.
Como ya advertimos atendiendo a la normativa vigente en la materia no constaba un tiempo mínimo exigible de empadronamiento en el lugar de residencia desde donde se es competente para elaborar y expedir el citado informe.
A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, se formuló la siguiente RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIÓN de que, por parte de esa Alcaldía, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el artículo 21.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuanto a la dirección del gobierno y la Administración Municipal, se adoptasen las medidas que procedan para dotar al Departamento de Inmigración de los medios suficientes que permitiesen dar respuesta a las peticiones de informes de arraigo social, e informes requeridos para la reagrupación familiar, solicitados por parte de la ciudadanía, suprimiendo el requisito añadido de un año de empadronamiento.“
No habiendo transcurrido un mes de la citada Resolución nos comunicaron desde la corporación local que ya no se exigía el polémico requisito del año de empadronamiento, pudiendo celebrar esta Institución el cese de actuaciones en la queja.
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1.7.2.4 Política Interior
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Dentro de la normativa reguladora de la Policía Local, tratamos en la queja 14/5983 un asunto relativo a la inscripción y registro profesional de un agente en la localidad de Los Barrios. Dicho policía no lograba que el ayuntamiento cumpliera con su obligación de proceder a su debida inscripción en el registro oficial (REGPOL) que le permitía acreditar reglamentariamente su condición. Ante la persistente ausencia de colaboración de la alcaldía implicada, hubimos de dictar un resolución expresa que tampoco fue atendida. Finalmente, el agente logró su inscripción, pero sólo tras su traslado a otro municipio. La falta de colaboración en la tramitación de la queja, y en la aceptación de la resolución dictada a la alcaldía de Los Barrios, explicó la inclusión del asunto en el presente Informe Anual, conforme señala el artículo 29.2 de la ley reguladora del Defensor del Pueblo Andaluz, tal y como fue comunicada a dicho cargo municipal y al propio interesado.
En la queja 14/3063 también dictamos una resolución a propósito de una indebida actuación de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda que tampoco fue atendida a pesar de los requerimientos dirigidos a la alcaldía del municipio. Por igual motivo fundado en el artículo 29 de la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz, debimos resolver la inclusión de dicho expediente en el Informe Anual al Parlamento.
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