ImprimirLa singularidad del Espacio Natural de Doñana exige un posicionamiento claro de todos los poderes públicos
El reconocimiento mundial de la singularidad del Espacio Natural de Doñana, que ha sido merecedora de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO, y de la inclusión de algunos de sus lugares en la Red Natura 2000 (red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), no ha evitado que en su entorno se realicen actuaciones o se proyecten infraestructuras que, año tras año, vienen siendo, no obstante la discrepancia que suscitan, motivo de alarma: la ruptura de la balsa de Aznalcóllar; el fallido proyecto del oleoducto y refinería de Balboa que, afortunadamente, ya pasó a la historia; el dragado del río Guadalquivir; la sobrexplotación del acuífero con centenares de pozos ilegales; los proyectos turísticos ejecutados y los que quedaron aparcados; el gaseoducto que, en algunos de sus tramos, ha sido informado favorablemente; la conexión por carretera Huelva y Cádiz, que suscita una gran polémica cada vez que se menciona por su incidencia en el Parque; etc.
Se trata de noticias con las que, año tras año, se viene “topando” la ciudadanía y que jalonan la historia de este extraordinario espacio natural.
Noticias que generan una inquietud muy justificada, habida cuenta de que, con frecuencia, ha sido el movimiento ecologista, la sociedad civil y los medios de comunicación, quienes han “frenado” propuestas que habían recibido todas las bendiciones en los despachos públicos por su ejecución. La motivación esgrimida en todos estos proyectos, al menos la motivación pública, suele ser la necesidad de potenciar las actividades económicas relacionadas con el empleo, tan necesario en nuestra Comunidad Autónoma.
“Con frecuencia, ha sido el movimiento ecologista, la sociedad civil y los medios de comunicación, quienes han “frenado” propuestas que habían recibido todas las bendiciones en los despachos públicos”
Sin embargo, sabemos que el desarrollo económico que no es compatible con el respeto a los valores ambientales no es sostenible. Hoy conocemos que, con frecuencia, las actuaciones que no han tenido presente la cuestión ambiental a medio y largo plazo lo que han traído consigo ha sido destrucción de espacios de extraordinario valor ecológico, modelos de desarrollo urbanístico que han provocado su rechazo con el paso de los años y la conversión de un territorio de alto valor ambiental y gran futuro para una economía sostenible en modelos territoriales que, en la actualidad, generan un rechazo universal por haber terminado siendo espacios de especulación, que han originado un desarrollo urbanístico caótico y sin futuro.
Desgraciadamente, tenemos dónde elegir modelos de desarrollo urbanístico insostenible en nuestro litoral y en las más de mil parcelaciones ilegales, decenas de miles de viviendas ilícitas, infinidad de ocupaciones de espacios no urbanizables, etc., que se reparten por todo el territorio andaluz.
Es verdad que a finales de este ejercicio hemos recibido una buena noticia: conforme con las conclusiones a las que llegó, con toda autoridad, la Comisión Científica sobre el “Estudio de las Afecciones del Dragado del Río Guadalquivir” y de la Comisión Permanente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, por fin el Gobierno de la Nación no va a activar el dragado del río Guadalquivir.
Sin embargo, creemos muy necesario, y por ello hemos abierto de oficio la queja 16/5654, en la que nos vamos a interesar por distintas cuestiones afectantes a este espacio, como son la ejecución del gaseoducto, pozos ilegales en su entorno, necesidades de regadío y déficit hídrico, que el compromiso por la conservación de este espacio sea indubitado y ello supone el rechazo unánime a cualquier intervención que pueda poner en riesgo sus valores.
El Espacio Natural sólo podrá preservar estos valores si el necesario desarrollo económico para dar respuesta a las necesidades de la población que reside en su entorno es capaz, al mismo tiempo, de garantizar su sostenibilidad. Ambos objetivos tienen que estar necesariamente presentes en las actuaciones de los poderes públicos.
Inclusión de cláusulas sociales en la contratación administrativa: Fomentando la responsabilidad social corporativa
La Institución ha venido recibiendo en los últimos ejercicios, coincidentes con la crisis económica, multitud de quejas que ponen de manifiesto la situación de carencia y necesidad socio-económica que atraviesan muchas personas y colectivos sociales.
En la búsqueda de soluciones a estos problemas, hemos considerado que la contratación administrativa pública y su utilización como instrumento al servicio de los intereses generales y públicos, puede ser un poderoso recurso material para lograr objetivos y finalidades como la inclusión social. 
En este sentido, los criterios sociales y medioambientales vienen siendo admitidos y fomentados por la Unión Europea para su toma en consideración en la contratación pública entendiendo que, en modo alguno, restringen o limitan la libre competencia, sino que suponen una adecuada regulación de la misma.
Partiendo de estos planteamientos asistimos en los últimos años a un proceso de incorporación progresiva de las cláusulas sociales a la contratación administrativa, que se ha traducido en la inclusión de esta posibilidad en la normativa de transposición al ordenamientos interno de diversas Directivas de la Unión Europea.
Así ha ocurrido en el Ordenamiento básico estatal, a través del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que resulta de aplicación también para los contratos que celebren las Entidades Locales y sus organismos dependientes al formar parte del sector público a efectos de las normas de contratación.
“ La incorporación de cláusulas sociales a la contratación administrativa es un instrumento de gran eficacia en la lucha contra las desigualdades sociales”
Igualmente debe ser tomado en consideración al respecto el Ordenamiento estatutario autonómico y las expresas prevenciones y derechos establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su Título I, que establece además un catálogo de derechos sociales y deberes, tendentes a configurar un marco de exclusión de la marginación y discriminación sociales (igualdad de género, atención y protección de personas menores, de jóvenes y mayores, prestaciones sociales y renta básica, atención y ayudas a personas discapacitadas, garantía del derecho al trabajo, promoción pública de viviendas, etc.).
En esta Institución consideramos que la incorporación de cláusulas sociales a la contratación administrativa, no solo puede convertirse en un instrumento de gran eficacia en la lucha contra las desigualdades sociales, sino que además contribuye a estimular la responsabilidad social de las empresas y entidades que contratan con la Administración pública.
Por ello, estimando que el ámbito local no debe quedar marginado de esta nueva realidad, hemos iniciado de oficio la queja 16/1087, con el objetivo de trasladar a las entidades integrantes en la Administración Local de Andalucía el posicionamiento de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz en esta materia, instándoles a la aprobación de directrices y de Pliegos de Clausulas Administrativas Generales que incluyan cláusulas sociales, como medio de promoción de la estabilidad y sostenibilidad económicas, para mejorar la calidad de vida de la población, así como para tratar de articular en mayor y mejor medida la cohesión social y la igualdad en el ámbito local afectado.
Las numerosas respuestas recibidas hasta la fecha a la resolución dictada muestran la favorable disposición existente entre las entidades locales andaluzas en orden a incluir cláusulas sociales en sus contratos administrativos.
La pobreza de los asentamientos de inmigrantes en Huelva
Seguimos sin atajar este grave problema que se hace endémico en los campos de Huelva: para empezar, podemos dar contenido e impulso a los organismos que se crean para abordarlo.
Gracias al tesón de las entidades comprometidas con la ayuda y protección de la población inmigrante en Huelva, tuvimos la oportunidad de ponernos al día sobre la penosa situación de estas personas que malviven hacinadas en covachas y chamizos por numerosas poblaciones de Huelva.
Sobre estos asentamientos, hemos de recordar que esta Institución ha venido prestando una atención preferente y dilatada en el tiempo. Entre estas actuaciones, destacamos la realización del Informe Especial sobre “El alojamiento y la vivienda de los trabajadores inmigrantes en la provincia de Huelva” (febrero de 2001). 
Ahora, con esta nueva iniciativa del movimiento asociativo, el sentido principal que se ha abordado en esta queja ha sido una cuestión más organizativa, pero no menos estratégica. Se trata de propiciar sencillamente el funcionamiento operativo y eficaz del Foro Provincial de la Inmigración de Huelva; es decir, del organismo creado para garantizar la mejor participación y diálogo entre las Administraciones Públicas y las iniciativas ciudadanas comprometidas con el grave problema social de la inmigración.
Mantuvimos dos reuniones con la Mesa que aglutina a estas entidades que llevan décadas trabajando en favor de la dignidad de estas personas y, tras el informe recibido desde la Delegación del Gobierno, dictamos una resolución para incentivar los trabajos del Foro. En concreto solicitamos:
Que se potencien las actuaciones del Foro Provincial para la Inmigración de Huelva, como entidad interlocutora de diálogo y coordinación de las políticas para la población inmigrante.
Que se elabore una memoria anual de actividades del Foro Provincial para la Inmigración de Huelva en la que se recojan sus intervenciones, convocatorias, elaboración de programas y proyectos, labores de ejecución y evaluación de los desempeños.
Que se dé traslado a las entidades asociativas y ciudadanas integradas en el Foro, de la documentación, planes y programas que permitan su estudio y favorezca sus aportaciones en el marco de las funciones de participación para las que han sido invitadas a formar parte en dicha entidad.
Que se realice un informe actualizado y detallado de los asentamientos de inmigrantes en el territorio de Huelva como documento previo y necesario para abordar la planificación de respuesta ante este grave y endémico problema social.
Y una SUGERENCIA, para que desde la Delegación del Gobierno se promueva la consecución de las dotaciones presupuestarias para atender las necesidades de gasto que se determinen en el conjunto de los Planes o programas de atención al colectivo inmigrante de la provincia de Huelva.
Sin embargo, más allá de este particular aspecto, desde la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz no relegamos nuestra honda preocupación por las acciones concretas y específicas que exige esta situación de marginación y exclusión presente en numerosos asentamientos donde se muestran, en su peor crudeza, las carencias que presenta la capacidad de acogida, integración y atención social de nuestra Comunidad.
Capítulo 1.7.2.3.1 Justicia, Extranjería y Prisiones IAC 2016
Sanidad penitenciaria: un modelo dual que no resiste más
La sanidad penitenciaria debería estar integrada por mandato legal en los sistemas sanitarios autonómicos desde 2004. La dualidad de gestores de las prisiones y de los hospitales no facilita una atención integral al paciente.
El Informe Especial sobre Las Unidades de Custodia Hospitalarias, tuvo su momento para la reflexión y el debate a lo largo de 2016 tanto en la Comisión Parlamentaria como en otros foros y encuentros, sobre esta delicada cuestión que exige abordar, sin mayor demora, un proceso de traspaso e integración de la sanidad penitenciaria en las estructuras comunes del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).
“La dualidad de gestores de las prisiones y de los hospitales no facilita una atención integral al paciente”
Esta posición fue motivo de interesantes intervenciones a cargo de las diputadas que participaron en la Comisión de Salud. Al margen del propio trámite parlamentario previsto para el Informe Especial, la propia Institución organizó la celebración de un Jornada para exponer a todos los colectivos y profesionales implicados el contenido fundamental de este trabajo.
Participaron responsables de la Consejería de Salud, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, sindicatos, Fiscalía, técnicos, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, asociaciones ciudadanas de defensa de derechos civiles, profesionales de la abogacía y la sanidad, así como estudiantes y otras personas interesadas. Todas las ponencias analizaron el contenido del Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz y aportaron sus posiciones de manera abierta y debatida.
El informe concluye con una relación de resoluciones y propuestas que quieren servir de guía para las futuras actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz en esta singular materia.
Por nuestra parte, asumimos el compromiso de llevar a cabo las actuaciones necesarias para verificar el grado de respuesta y compromisos que hemos recibido desde diferentes instancias para abordar las soluciones que la sanidad penitenciaria, y sus pacientes, exigen.
Una respuesta humana: Un trato digno. Bienvenidos refugiados
Esta mañana migraban libres bandadas de pájaros. No había vallas ni muros que se lo impidieran. Ojalá un día la tierra sea espejo del cielo.
(Antonio Manuel)
En los dos últimos años, Europa ha experimentado el mayor desplazamiento de personas que huyen de un conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Son más de un millón de personas las que han venido al Viejo Continente a la búsqueda de un país seguro, un lugar donde trabajar y vivir o simplemente donde cobijarse mientras dura el conflicto.
Las cifras no pueden hacernos olvidar que entre la población que ha llegado al territorio europeo hay menores, mayores, mujeres embarazas, personas con problemas de salud y con limitaciones funcionales, entre otras situaciones de vulnerabilidad.
Europa se está enfrentando a una catástrofe humanitaria pavorosa. La Defensora del Pueblo Europeo Emily O’Reilly manifestó el pasado mes de noviembre “Cuando vemos cómo la gente se ahoga ante nuestros ojos, en nuestras playas, nuestros hijos y nuestros nietos, cuando echen la vista atrás, nos van a preguntar cómo lo pudimos permitir”.
Deberíamos ponernos en los zapatos de un refugiado que va caminando o en un bote a la deriva, huyendo de la guerra con sus hijos, con su mujer, e imaginar lo que les pasó a nuestros abuelos hace 80 años o lo que pasó en Europa hace 70 años.
Es preciso ver el tema de los refugiados desde el enfoque de los derechos humanos; desde el punto de vista de los derechos de las personas y su sufrimiento, de las personas y sus derechos y no, como se hace casi siempre, desde el interés de los gobiernos, de los políticos, de las multinacionales.
“ Deberíamos ponernos en los zapatos de un refugiado que va caminando o en un bote a la deriva, huyendo de la guerra con sus hijos, con su mujer”
Conscientes de la gravedad de la situación el pasado 2 de febrero de 2017 los Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas han denunciado la gestión de la llegada de refugiados a España que se está haciendo “con cuentagotas”; el escaso cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas por parte del gobierno de España y la necesidad de superar el actual sistema de acogida por “lento e ineficaz”.
Andalucía siempre ha sido una tierra de acogida y solidaria. Desde el Defensor del Pueblo Andaluz, como Institución encargada de velar por el respeto y la promoción de los derechos humanos, hemos mostrado y alzado nuestra voz para expresar nuestro dolor ante la pérdida de vidas humanas y las angustiosas situaciones totalmente inaceptables en las que se encuentran millones de personas que tienen que huir de sus hogares por la guerra y la devastación. Tenemos que buscar, de manera urgente, soluciones en consonancia con la magnitud del problema existente.
Por nuestra parte, durante todo el 2016 hemos realizado una serie de actuaciones en ese camino, entre las que destacamos:
Una actuación de oficio ante la Consejería de Justicia e Interior para la acogida de refugiados.(Queja 16/485).
Reunión con las Asociaciones de atención a refugiados. Con las organizaciones que trabajan en Andalucía en atención a los refugiados -ACCEM, CEAR, CEPAIM y Cruz Roja- para analizar el dispositivo en Andalucía de ayuda a los refugiados sirios una vez que la UE fije los cupos y España lo acepte. Dichas asociaciones nos han garantizado que Andalucía “está preparada” para recibir a los refugiados y han lamentado la lentitud de la UE en agilizar el proceso para distribuir a los inmigrantes en los países europeos.
Reivindicamos el derecho de asilo. Hemos participado en diferentes foros. En todos hechos hemos pedido abordar la necesidad de dar respuesta de manera coordinada y con prontitud a la hora de aplicar la normativa que garantiza el asilo a refugiados.
Campaña ‘Refugio por derecho’ en apoyo de las personas víctimas de la guerra en Siria (junio 2016). Nos hemos sumado a la campaña “Refugio por derecho” en apoyo a las personas refugiadas, que ha aglutinado a la sociedad civil en defensa de la vida de estas personas.
Proposición de creación de una mesa de coordinación para la acogida de los menores refugiados. Como Defensor del Menor hemos propuesto la creación de una mesa de coordinación entre las diferentes administraciones y colectivos implicados para la acogida e integración de los refugiados y, en especial, en la atención que se dispensará a los niños y niñas que llegarán a la comunidad autónoma de Andalucía.
Decía el recientemente fallecido Tzvetan Todorov “El miedo a los inmigrantes, al otro, a los bárbaros, será nuestro gran primer conflicto en el siglo XXI” y añadía que el “El miedo a los bárbaros es lo que nos arriesga a convertirnos en bárbaros”.
Tenemos que empezar a darnos cuenta de que los otros somos nosotros.
Capítulo 1.7.2.3.2 Justicia, Extranjería y Prisiones IAC 2016