ImprimirUn informe para luchar contra el acoso escolar y el ciberacoso desde la perspectiva de una Institución garante de derechos
La violencia en las escuelas, y más concretamente el maltrato entre iguales o acoso escolar, ha venido siendo objeto de debate en los últimos tiempos, sobre todo tras algunos hechos de especial gravedad difundidos por los medios de comunicación social, y con una amplia repercusión mediática, que han propiciado la existencia en la ciudadanía de un clima de temor y preocupación sobre lo que puede estar ocurriendo en los centros escolares.
Una Institución como la nuestra, que tiene como misión la defensa de los menores de edad, no ha sido ajena a los distintos avatares y problemas que ha presentado y presenta el acoso escolar en los centros docentes de Andalucía. Fue la Defensoría una de las primeras instancias, allá por finales de la década de los años 90, que comenzó a dar la voz de alarma sobre la necesidad de abordar el maltrato entre iguales de una forma seria y rigurosa. 
Desde entonces hemos prestado una singular atención a los problemas que inciden en la convivencia de los centros educativos. Fruto de esta especial preocupación por el fenómeno del acoso escolar es el Informe elaborado en 2016, que bajo el título “Acoso escolar y ciberacoso: prevención, detección y recuperación de las víctimas”, tiene entre sus objetivos hacer una llamada de atención a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre la necesidad de continuar abordando seriamente el problema de la conflictividad en los centros docentes andaluces, invitando a una reflexión serena sobre las causas y circunstancias que lo motivan, y haciendo un llamamiento expreso a las autoridades educativas para que redoblen sus esfuerzos en la adopción de medidas concretas que permitan la prevención y erradicación del acoso.
“ Urge abordar el maltrato entre iguales de una forma seria y rigurosa. Negar o relativizar el problema del acoso y el ciberacoso es un error grave.”
El trabajo analiza el alcance del acoso escolar y ciberacoso desde el punto de vista de una Institución garante de derechos. Unos derechos que se ven seriamente comprometidos cuando un menor es objeto de maltrato por sus compañeros en el ámbito educativo.
Hemos comprobado con nuestra investigación la escasa efectividad de las respuestas que desde los poderes públicos, y más concretamente de la Administración educativa, se están ofreciendo a nuevas realidades que surgen en el seno de la escuela, como son el ciberacoso y la violencia de género en las aulas, así como el incremento de los casos a edades cada vez más tempranas.
Hemos sido testigos de las dificultades con las que se encuentran los profesionales de la educación para aplicar en su integridad los protocolos contra el acoso en los centros educativos. Y no hemos podido conocer la incidencia real por no contar la Administración educativa con un sistema apropiado de recogida de datos.
Desde luego con este Informe no hemos querido crear una injustificada alarma social ni ofrecer una imagen distorsionada de la realidad de nuestros centros docentes. Pese a lo llamativo de las cifras ofrecidas por algunos estudios en los últimos meses, ni los centros docentes andaluces son una jungla donde impera la ley del más fuerte, ni la convivencia es imposible en los recintos escolares. Al contraro, la mayoría de nuestros centros presentan unos niveles de convivencia que podríamos calificar como aceptables, y en un porcentaje mayoritario, nuestros alumnos acuden a los centros a diario sin sentir temor.
Pero si no queremos crear una alarma injustificada, tampoco deseamos caer en el error de minimizar la importancia del problema: Negarlo o relativizarlo es un error grave. No podemos seguir permitiendo actos de violencia en los colegios e institutos. Ningún niño o adolescente puede ser maltratado por sus compañeros sin merecer la justa respuesta de protección y tutela.
El Informe ofrece además unas conclusiones y unas reflexiones sobre las cuestiones que entendemos son más relevantes. Y, como no podía ser de otro modo, recoge una serie de propuestas, dirigidas principalmente a la Administración educativa andaluza, que entendemos son necesarias y convenientes y que, en un sentido u otro, tienen como finalidad última mejorar los procesos de prevención, detección y recuperación de las víctimas.
