1.12.1 Introducción

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Esta Institución, desde hace unos años, ha asumido que, junto con la lucha contra la pobreza, uno de los grandes objetivos que exige un compromiso de los poderes públicos es, sin duda, la apuesta por el desarrollo sostenible. Objetivo éste que, al mismo tiempo que supone una apuesta por la protección ambiental del territorio, está íntimamente relacionado con la erradicación de la pobreza, pues no en vano son los excluidos quienes están sufriendo con mayor virulencia los efectos negativos de un modelo de desarrollo económico que tiene fecha de caducidad pues es incompatible con la sostenibilidad de nuestro planeta. Su incidencia en el calentamiento global, con los efectos catastróficos que origina, el agotamiento de los recursos naturales y sus efectos contaminantes, junto al hecho de no haber sido capaces de garantizar la sostenibilidad social en un mundo profundamente desigual hace que tal exigencia, con mayor o menor compromiso, esté presente en todas las agendas de los gobiernos municipales.

Ese convencimiento nos ha llevado, de un lado, a iniciar diversas quejas de oficio relacionadas directamente con la contaminación hídrica, atmosférica, lumínica, acústica y del suelo ante la actual Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y los Ayuntamientos; de otro y desde el convencimiento de que la gran batalla ambiental se desarrollará en las ciudades, donde reside el 80 % de la población y donde se originan los mayores focos de contaminación, a mantener una serie de iniciativas con las que esta Defensoría intenta concienciar a los poderes públicos, en la escala autonómica y local, y a los agentes sociales, de que debemos avanzar ya con objetivos planificados y programados hacia el modelo de ciudad en el que creemos.

Si hace dos años organizábamos una jornada, en la que contamos con expertos nacionales, para hablar de las ciudades inteligentes como ciudades sostenibles, y hace un año lo hicimos sobre ciudades inteligentes, ciudades inclusivas, en este ejercicio hemos querido dedicarla al que, probablemente, sea el mayor reto de los próximos años en nuestros municipios: afrontar la Nueva Agenda Urbana.

Los países firmantes de la Declaración de Quito asumieron afrontar el Objetivo 11 del Desarrollo Sostenible: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. En un sentido más amplio, como nos recuerda Naciones Unidas, con el cumplimiento del Objetivo 11 se pretende “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles”.

No se trata de un objetivo modesto, pero tampoco, pese a su complejidad, de una meta aplazable; no hay un solo municipio, cualquiera que sea su singularidad, que no tenga el deber de “ponerse las pilas” y hacer visible esa Nueva Agenda Urbana en sus políticas públicas sectoriales, en sus decisiones y, desde luego, en sus presupuestos.

Con motivo de esta Jornada elaboramos unas conclusiones que, por razones de espacio, no podemos incluir aquí, pero intentaremos, al menos, hacer una síntesis de su contenido. Así, destacamos que los países firmantes dejaron muy clara esa interrelación entre la supresión de la pobreza y asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles. Caminar con paso seguro en esta dirección exige el fortalecimiento de la gobernanza, poner fin a las distintas formas de discriminación de los colectivos vulnerables y mantener un compromiso con el respeto de los derechos humanos. El “cómo” conseguir esos objetivos es una decisión que adoptarán libremente los gobiernos, pero la meta es innegociable.

En este contexto, los gobiernos locales, con plena razón, reclamaron un papel más protagonista a la hora de diseñar esa Nueva Agenda Urbana, pues son los municipios quienes tendrán que implementarla. Así las cosas, reclamamos que en nuestro país, en el ámbito del Estado -a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- y de la Comunidad Autónoma de Andalucía -a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)- se abra un proceso participativo y de reflexión que facilite la traslación del Objetivo 11 a las políticas públicas, contando, desde el primer momento, con la visión de los gobiernos locales. La Comunidad Autónoma de Andalucía debería ser pionera en dar voz y participación a los gobiernos locales.

Al mismo tiempo, la gobernanza exige participación de la sociedad y ésta no es posible sin su empoderamiento. Las ciudades inteligentes deben facilitar ese empoderamiento, que permita la incorporación de la sociedad civil a esa nueva forma de entender nuestras ciudades que reclama un gobierno en el que esté presente la “codecisión”. Esto no es retórica, sino una exigencia firme y urgente, pues no es posible cambiar el modelo de ciudad sin contar con quienes la conforman, las personas.

Dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, cuya finalidad es transformar nuestro mundo, el 11 posee una extraordinaria relevancia pero exige esfuerzo y complicidad de los poderes públicos a escala territorial, y compromiso y participación de la ciudadanía. Nos beneficia a todos, pero también exige la acción de todos.

Por último, a modo también de compromiso, debemos recordar que la Declaración de Quito contiene previsiones de control cíclico para el control del cumplimiento de los objetivos. Los participantes en esta Jornada creen que se podrían establecer indicadores fáciles de verificar si se genera una vía de colaboración entre la universidad, las empresas, grupos y colectivos de intereses, de manera que los gobiernos locales sean permeables a la transferencia de conocimientos que facilita el diseño de las políticas públicas, las dote de eficacia y eficiencia y permita su posterior evaluación. Al mismo tiempo, se debería reflexionar sobre la posibilidad de crear, mediante la colaboración entre la Administración Autonómica y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, un Observatorio para el seguimiento de la implantación de la Nueva Agenda Urbana en Andalucía.

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Finalmente, en coherencia con diversas actuaciones hechas en el pasado y, singularmente, con lo manifestado en el Informe Especial sobre Seguridad, Accesibilidad y Calidad Ambiental en las Ciudades de Andalucía hemos tramitado de oficio la queja 15/4136 en la que hemos planteado a diversos municipios y a la FAMP la necesidad de que los Ayuntamientos tomen una posición práctica en orden a garantizar la accesibilidad y la seguridad pero, también, la calidad de los espacios peatonales que son objeto de una invasión ilegal y continua de carteles anunciadores de locales de negocio, kioskos, etc., en soportes y atriles de gran tamaño, generando riesgos y molestias para los transeúntes. No tiene justificación la pasividad existente ante la usurpación del espacio público peatonal que se produce como consecuencia de tales hechos.

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