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Imprimir2.2 Salud
Ya el pasado año pusimos de manifiesto cómo la preocupación ciudadana sobre la salud adquiría tintes de protesta en forma de movilizaciones masivas en determinadas localizaciones de nuestra geografía. Si bien el punto de partida de las mismas fueron decisiones organizativas no consultadas ni compartidas con la población afectada, la cuestión trascendió de estos aspectos singulares para alcanzar elevados niveles de disconformidad en relación con las predicadas bondades del sistema sanitario público.
Este año tenemos que afirmar que dicho clima de protesta ha remitido en parte, quizás porque las actuaciones antes aludidas van a revertirse. No cabe duda de que se ha abierto una espita, y que la tendencia a hacerse oír por parte de distintos colectivos se mantiene, lo cual debemos considerar como un ejercicio saludable de participación en los asuntos públicos.
La impresión que tenemos es que la ciudadanía demanda un incremento de medios para superar el déficit de calidad asistencial advertido durante la crisis y que se tradujo, sobre todo, en un incremento generalizado de los tiempos de respuesta asistencial y en la paralización o ralentización de las infraestructuras.
La mayoría de las quejas relacionadas con el proceso asistencial recaen en el ámbito de la atención especializada, sin contar con las relativas a la demora en la asistencia, cualquiera que sea su modalidad (consultas, pruebas, intervenciones,...). Destacamos aquéllas que evidencian obstáculos en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades oncológicas, de las cuales recibimos algunas durante el pasado ejercicio con planteamientos muy concretos, entre los cuales sobresale la percepción de retraso en el acceso a los tratamientos de radio y quimioterapia.
El protagonismo sigue en las listas de espera provocadas por la demora que preside la práctica de determinadas actuaciones sanitarias. Durante 2016 ciframos las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta asistencial en el 25% de las recibidas, pero es que en 2017 dicho porcentaje incluso se supera. Asimismo, detectamos una importante falta de concordancia entre las cifras publicadas y la realidad presentida a través de las denuncias concretas que recibimos. Aún más preocupante nos resulta la espera que precede a intervenciones necesarias en el curso de procesos oncológicos.
Otra de las materias en las que nos detenemos es en la cobertura a pacientes con problemas de salud mental. Basta una frase: el sistema sanitario público no cuenta con centros para el internamiento de media o larga estancia de las personas afectadas por enfermedad mental.
Sobre expedientes de responsabilidad patrimonial, detectamos un recorrido no exento de dificultades. La Administración no ha tenido reparo alguno en reflejar un término que sextuplica el plazo reglamentariamente establecido. En la respuesta a nuestras Recomendaciones la Administración parte de una insuficiente dotación de personal médico en el Servicio de Aseguramiento y Riesgos, lo que implica que cada año se resuelvan menos expedientes que los que se reciben, y se haya ido acumulando una importante bolsa de expedientes atrasados, no contando en la actualidad con disponibilidad presupuestaria para mejorarla, y propiciar así un acercamiento al plazo de resolución establecido.